El Gobierno se lava las manos con la Supercopa de Rubiales: "No es un torneo profesional"

El Gobierno se lava las manos en lo que tiene que ver con la organización de la Supercopa de España, que desde hace varias temporadas se disputa en Arabia Saudí y se encuentra bajo el foco de la Justicia. El Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, informó a la Fiscalía Anticorrupción de que no tiene competencia para decidir sobre este campeonato y en sus explicaciones afirmó que es un torneo "no profesional".

El escrito figura en el sumario de los Supercopa Files al que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial y que se instruye en el Juzgado número 4 de Majadahonda (Madrid). El CSD, que preside el socialista José Manuel Franco, remitió tres folios en mayo en respuesta a una petición de información que le había requerido la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pidió los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y sus reglamentos, así como su código ético, junto con el de la UEFA y la FIFA.

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En su respuesta, el CSD puso en conocimiento de los investigadores que actualmente se encuentra en tramitación una modificación del Reglamento General de la RFEF que atribuye al Gobierno la "competencia para calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal". En ese sentido, recuerda que la Ley del Deporte de 1990 solo calificó como profesionales la primera y segunda división de Liga y la ACB de baloncesto. Desde entonces, la única novedad se produjo en el año 2021, cuando también se incluyó como profesional la primera división femenina.

"Por tanto, hay que señalar que la Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal y carácter no profesional a cargo de la RFEF", sostiene el CSD. Añade que no consta autorización o refrendo por parte del CSD, ni comunicación de la RFEF en relación con el traslado de la disputa de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí.

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La Supercopa de España es una competición histórica del fútbol español que enfrentaba cada año antes del inicio de la temporada al campeón de Liga y al campeón de Copa del Rey del curso anterior. Era un enfrentamiento a doble partido en el estadio de ambos equipos. Cuando el actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales, accedió al cargo en 2018, impulsó un cambio de modelo, primero con un único partido que se disputó en Marruecos y después un formato de Final Four con cuatro equipos que vendió a Arabia Saudí.

El contrato para exportar parte del fútbol español a la dictadura saudí generó las críticas de aficionados, prensa y colectivos en defensa de los derechos humanos. A cambio, la RFEF reivindicó unos ingresos millonarios que se podrían invertir en el fútbol modesto. Las exclusivas de El Confidencial evidenciaron que la decisión aumentó el variable del sueldo que tenía Rubiales y una comisión inicial de hasta 24 millones para el jugador del Barça Gerard Piqué por hacer labores de intermediación con los árabes.

Denuncias en el cajón

Esos negocios son los que investiga desde junio el juzgado tras haber pasado por la Fiscalía. La jueza ha pedido ya una batería de diligencias que incluye una comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para conocer el destino que Piqué le dio al dinero procedente de esas comisiones. Varias denuncias llegaron al CSD, como la que presentaron la Asociación Transparencia en el Deporte o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que denunciaba los espionajes sufridos por su presidente, David Aganzo, por parte de Rubiales.

El CSD tiene la competencia de elevar esas denuncias ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Es la máxima instancia deportiva en España, con capacidad incluso de inhabilitar a Rubiales y apartarlo de la presidencia de la RFEF. Sin embargo, el Gobierno no es partidario de tomar esta decisión y ya ha asegurado en varias ocasiones que prefiere esperar al resultado de las pesquisas judiciales, que podrían durar años.