Imputado el presidente de Aguas de Valencia por el tráfico de influencias de Madí

El magistrado que lidera la investigación del caso Voloh contra el presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha citado a declarar en calidad de investigado a Eugenio Calabuig Gimeno, máximo directivo de Aguas de Valencia, la empresa que contrató a uno de los cerebros del 1-O y exdirigente de CDC David Madí para llevarse contratos de municipios controlados por partidos independentistas y diseñar un asalto al gigante Aguas de Barcelona (Agbar).

Calabuig, presidente del grupo empresarial Omnium, principal accionista de Aguas de Valencia, se implicó en el desembarco de su compañía en Cataluña y cerró el fichaje de Madí. La antigua mano derecha de Artur Mas fue nombrado en noviembre de 2018 presidente de la filial catalana de Aguas de Valencia, Aigües de Catalunya, con un sueldo de más de 300.000 euros al año. Una de las primeras decisiones que tomó Madí fue contratar al expresidente de ERC y exconsejero de Gobernación Joan Puigcercós para que engrasara las relaciones de la compañía con ayuntamientos tutelados por Esquerra. En paralelo, el exconvergente siguió asesorando a otras compañías.

Madí habría realizado gestiones opacas con dirigentes de JxCAT y ERC para intentar obtener un trato de favor para sus clientes

Sus negocios saltaron por los aires en octubre de 2020, cuando la Guardia Civil lo detuvo tras detectar reuniones y conversaciones telefónicas que lo implicaban en un presunto delito de tráfico de influencias. Según el instructor del caso, Madí habría realizado gestiones opacas con dirigentes de Junts per Catalunya y ERC para intentar obtener un trato de favor para sus clientes, entre ellos, Aigües de Catalunya. Su prioridad era acceder a grandes concesiones de abastecimiento de agua potable, la misma actividad que presta la compañía en su comunidad de origen.

Los informes policiales señalan que el acusado se reunió con altos cargos del “Departamento de Territorio como el conseller Damià Calvet, el secretario de Infraestructuras, Isidre Gavín, el subdirector de Ordenación del Transporte, Josep Maria Fortuny, y el nuevo director general de Transportes, David Saldoni”; trató de influir en la Agencia Catalana del Agua (ACA) para impulsar una licitación pública; hizo gestiones con responsables del Departamento de Interior para acceder a contratos relacionados con la crisis del coronavirus, y movió sus hilos para preparar la entrada de Aguas de Valencia en Agbar.

Calabuig supervisó esos movimientos sobre el terreno. La Guardia Civil lo fotografió con Madí en alguno de esos encuentros. El juez Aguirre tomará declaración al empresario valenciano el próximo mes para que aclare cuáles fueron los motivos por los que contrató a Madí y si estuvo al tanto de sus reuniones con políticos para tratar de favorecer los intereses de su conglomerado. La comparecencia se enmarca en la pieza separada número 2 del caso Voloh, que tiene al exdirigente de CiU como principal inculpado. Las diligencias están cerca de su transformación en procedimiento abreviado.

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La aventura de Aguas de Valencia en Cataluña no ha salido bien. Madí abandonó la presidencia de la filial catalana el pasado octubre, según contó él mismo, tras varios meses de negociación con la empresa. A pesar de sus presuntas gestiones en la sombra, únicamente logró contratos en una treintena de pequeños municipios catalanes para encargarse del último tramo del proceso de distribución de agua potable. Además, la operación para hacerse con el control de Agbar terminó siendo un auténtico fiasco.

Con todo, el delito de tráfico de influencias no exige que se hayan logrado los objetivos espurios para que las acusaciones terminen en condena. Es suficiente con que haya existido el propósito de alcanzarlos y se hayan efectuado gestiones con las autoridades capaces de concederlos.

Madí ya fue condenado hace tres semanas en otro procedimiento a 14 meses de prisión y una multa de 219.750 euros por participar en una trama de facturas falsas en 2011. La sentencia considera que fue cooperador necesario en dos delitos contra Hacienda en concurso con otros delitos de falsedad documental. En esa ocasión, las irregularidades habrían servido para favorecer al exgerente de TV3 y de la productora Triacom Oriol Carbó, investigado también en la causa del 3% por desviar fondos de la televisión pública catalana a la caja B de Convergència.