Sánchez interviene para desbloquear la ley trans ante el pulso de afines a Carmen Calvo

Las nuevas trabas a la ley trans, impuestas desde el sector parlamentario del PSOE que se opone a la autodeterminación de género, han obligado a intervenir a la Moncloa para desbloquear la situación. En aras de empujar un consenso entre las dos corrientes enfrentadas, se ha optado por dejar en manos de sus representantes en la Comisión de Igualdad del Congreso la elaboración de enmiendas a la norma para reactivar cuanto antes su tramitación. En nombres como los de Laura Berja o Andrea Fernández, quienes ya se encargaron de negociar una posición de consenso sobre este asunto en el último congreso federal del PSOE. Eso sí, con el mandato de salvaguardar el núcleo del proyecto aprobado en el Consejo de Ministros.

"No tocaremos la parte de autodeterminación de género", confirmaban ayer fuentes del grupo parlamentario, como ya adelantó este diario. Carmen Calvo es una de las voces de peso que han espoleado este recurrente debate en el PSOE. Como presidenta de la Comisión de Igualdad, asumiría un papel de neutralidad y en todo caso con una posibilidad de influencia limitada debido a la línea roja de preservar este aspecto. La división en el seno de los socialistas se sortearía al aislar a los sectores más críticos con la norma tras el golpe en la mesa.

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La dirección del grupo parlamentario trató de convocar una reunión interna para solventar las diferencias. Ante la magnitud de las posiciones encontradas internamente, se optó por dar una patada hacia adelante y retrasar la tramitación al votar junto al PP la ampliación del plazo de enmiendas. Una decisión que enconó todavía más las posturas enfrentadas y soliviantó al Ministerio de Igualdad. Irene Montero subrayó que no aceptaría cambios y se mostró "muy preocupada" ante la posibilidad de incumplirse el compromiso de aprobar la norma antes de final de año.

Los cambios se limitarán a modificar del texto la equiparación de la violencia intragénero con la violencia machista. Un aspecto en el que hay entendimiento entre las distintas sensibilidades y que fue una de las modificaciones introducidas por Podemos al anteproyecto. Se quedaría fuera la principal pretensión de los afines a las tesis de Calvo para enmendar la autodeterminación de género, al menos, en lo que respecta a los menores de 16 años. El grueso del proyecto se salvaguarda con el único objetivo de otorgarle mayores garantías legales y blindarlo de posibles recursos.

La ley trans fue el asunto de mayor fricción en el 40º congreso federal del PSOE, celebrado hace año en Valencia. Las tesis del denominado feminismo clásico, que encabezó Calvo hasta que dio su brazo a torcer dentro del Ejecutivo cuando era vicepresidenta primera, salieron derrotadas en lo que respecta a la autodeterminación de género. Así quedó plasmado en las resoluciones tras un intenso debate: “Desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso”.

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La mano de Calvo en la movilización orgánica de estas posiciones contrarias a la ley se dejó entrever y, según varias fuentes parlamentarias, ahora estaría sucediendo lo mismo a nivel parlamentario. En el cónclave de Valencia, buena parte de las enmiendas contra la ley siguieron la estela del argumentario firmado por Carmen Calvo en junio de 2020, como secretaria de Igualdad del PSOE en aquel entonces.

Bajo el título de 'Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres', la carta avalada por la exvicepresidenta defendía que "estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado 'derecho a la libre determinación de la identidad sexual' o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica". Asimismo, se señalaba que para contar con efectos jurídicos "tiene que darse una 'situación estable de transexualidad' debidamente acreditada, tal como establece la propia Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y otras leyes autonómicas más recientes, relativas a los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGBTI".

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La paradoja de que se haya reavivado este choque entre las dos almas del feminismo dentro del PSOE es que la exvicepresidenta fue quien pactó la ley en los términos en los que ha llegado al Congreso. Al menos, los aspectos nucleares que se han mantenido del anteproyecto. Si desde el principio de la legislatura puso reticencias a la norma estrella de Igualdad, que fue acumulando retrasos, finalmente se desencalló coincidiendo con la amenaza de sufrir un boicot en la celebración de Orgullo. Desde algunos de los principales colectivos se había condenado el "argumentario tránsfobo del PSOE".

Unidas Podemos se puso la medalla, aunque fuentes cercanas a la Moncloa que vivieron aquel episodio apuntan que fue la propia Calvo quien utilizó una potestad que se otorga a la vicepresidencia en caso de discrepancias para elevar directamente el texto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. De ahí que las principales asociaciones en defensa de los derechos trans que negociaron la norma (FELGTBI+, Chrysallis y Fundación Triángulo) afirmasen en un comunicado que no aceptarán "recortes a la ley trans pactada con Carmen Calvo en junio de 2021". En todo caso, a Carmen Calvo tampoco le interesaba reivindicar su autoría al introducirse la autodeterminación de género. Sí se asociaron a ella los aspectos más técnicos para profundizar en la tan mentada "seguridad jurídica".