La Fiscalía concluye que la piscifactoría de Chafarinas no está en aguas protegidas
Se encuentra fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la zona declarada como Zona Especial de Conservación (ZEC), dice el Ministerio Público
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd51%2F79c%2F4d7%2Fd5179c4d791ea627ffd0521f30f572b0.jpg)
La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente acaba de archivar la investigación sobre la piscifactoría impulsada por una empresa de Marruecos en el archipiélago español de las Chafarinas. El diputado del PP por Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu denunció un delito contra los recursos naturales y el Ministerio Público abrió diligencias el pasado juicio y encargó a la Guardia Civil para que investigue posibles irregularidades en torno a la granja de acuicultura. No se han encontrado indicios de delito, dado que, tras practicar diversas diligencias, se ha constatado que las jaulas ancladas al fondo marino se encuentran fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la zona declarada como zona especial de conservación (ZEC).
La gestión del espacio protegido de las Islas Chafarinas corresponde al Organismo Autónomo Parques Nacionales. La investigación llevada a cabo ha permitido concluir que no existen indicios de la comisión de una infracción penal, al no haberse acreditado que se haya causado daño grave a un elemento que haya servido para determinar como tal un espacio protegido (art. 330 Código Penal), ni que se haya destruido o alterado gravemente el hábitat protegido (art. 332 CP), ni que se haya creado un riesgo de perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales (art.325 CP), por lo que la Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras recibir una denuncia del diputado de las Cortes Generales Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.
En todo caso, la Fiscalía ha comunicado el archivo de las diligencias a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, ya que —según la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos— es el organismo el que debería aprobar y autorizar un proyecto como el descrito, y, por tanto, le correspondería en su caso someterlo a la evaluación ambiental pertinente.
La denuncia que provocó las diligencias advertía que la referida piscifactoría no contaba con licencia, concesión, ni autorización administrativa de ninguna autoridad ni Administración pública españolas. "El Reino de Marruecos no tiene competencia alguna en las aguas territoriales españolas y, por tanto, la supuesta concesión de la que se sirve la empresa marroquí es nula", agregaba.
Como informó El Confidencial el pasado noviembre, la licencia para la creación de la piscifactoría en el archipiélago de las Chafarinas fue concedida a la empresa marroquí Mediterranean Aquafarm SA mediante un decreto del 7 de marzo de 2019, según el Bulletin Officiel (el BOE de Marruecos). Pese a ello, la instalación no quedó terminada hasta el otoño pasado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores protestó en noviembre ante las autoridades de Marruecos, pero no surtió efecto: el país vecino no reconoce las aguas territoriales de Ceuta y Melilla, ni tampoco las de los peñones e islas españoles a lo largo de su costa, por lo que no dudó en mantener la mencionada licencia para poner en marcha la piscifactoría a apenas 700 metros del archipiélago de las Chafarinas. "Consiste en 16 jaulas flotantes circulares colocadas en dos hileras paralelas de ocho jaulas cada una, formando un recinto rectangular balizado por boyas", explica la denuncia. "Aunque no se observa a simple vista, estas instalaciones van ancladas al fondo marino".
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fce8%2F2ff%2F685%2Fce82ff685aa4b31c9808779fd111a864.jpg)
El diputado del PP recordaba, además, que las jaulas fueron "suministradas e instaladas 'in situ' por una empresa española", la tarraconense Morenot. Los populares apuntan a que los responsables de esta piscifactoría han incurrido en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que se castiga con hasta cinco años de cárcel cuando se perjudica "gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". "Va anclada en el suelo marino de un espacio que cuenta con protección medioambiental y sus actividades son claramente perjudiciales para el hábitat de la zona, pues la explotación conlleva vertidos que desestabilizan el ecosistema", avisaban.
La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente acaba de archivar la investigación sobre la piscifactoría impulsada por una empresa de Marruecos en el archipiélago español de las Chafarinas. El diputado del PP por Melilla Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu denunció un delito contra los recursos naturales y el Ministerio Público abrió diligencias el pasado juicio y encargó a la Guardia Civil para que investigue posibles irregularidades en torno a la granja de acuicultura. No se han encontrado indicios de delito, dado que, tras practicar diversas diligencias, se ha constatado que las jaulas ancladas al fondo marino se encuentran fuera de los límites de 500 metros de delimitación de la zona declarada como zona especial de conservación (ZEC).