El Gobierno y el PP no cerrarán el nombre del nuevo presidente si logran la renovación

En medio de un clima optimista que apunta a una próxima resolución "rápida" del bloqueo que mina desde hace cuatro años el poder judicial, el Gobierno y el PP han comenzado a dar pequeños pasos para el acuerdo. Ambos coinciden hoy en más puntos de los que dejaban ver antes del lunes, y uno de ellos es la necesidad de devolver a la presidencia del CGPJ, al menos, una imagen de imparcialidad y despolitización. Por ello, ambos han acordado que el nombre del próximo presidente o presidenta del Consejo quedará fuera del acuerdo y no se hará público.

La presidencia del Consejo no quedará cerrada para que, en cumplimiento de lo que indica la Constitución, sean los vocales los que propongan y voten a su presidente. La Carta Magna indica que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. El cargo será designado "a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley". La norma a la que se refiere es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se establece que la elección se producirá tras la sesión constitutiva del Consejo, que será presidida por el vocal de más edad. Deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada vocal pueda proponer más de un nombre. "La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres quintos de los miembros del pleno", añade.

Según indican a El Confidencial fuentes conocedoras de las negociaciones, en un clima de deshielo, el acuerdo está más cerca de lo que puede parecer, pero nadie se atreve a aventurar fechas. Y si bien el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí va dando algunas pistas sobre las conversaciones, y sobre sus supuestas cesiones, el mutismo en la Moncloa es total: solo han dejado claro que no aceptan "condicionantes" de ningún tipo en esta negociación, y mantienen que deben ser "discretos" para evitar que las negociaciones fracasen. O, al menos, para que nadie pueda culparles de dinamitarlas.

Pero, al dejar fuera esos 'condicionantes', han empezado a salvar el escollo principal en las conversaciones, y Sánchez y Feijóo se alejan de posiciones de imposición. Ambos están ahora abiertos a la cesión, o eso dejan ver. El mejor ejemplo es el de la reforma del sistema de elección de los jueces, que el primero rechazaba categóricamente y el segundo exigía como condición ineludible. Las posturas se han acercado con una fórmula intermedia por la que se comprometen a negociar ese cambio en un plazo cómodo para el Ejecutivo, siempre después de sacar adelante la renovación.

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No tienen mucho más margen que esta fórmula híbrida, ya que distintas fuentes del Ejecutivo cierran la puerta a la reforma del método de elección de los vocales que en los últimos meses ha abanderado el PP, que pasa por la elección directa por los más de 5.500 jueces de la carrera de los 12 vocales de extracción judicial: "Nuestra posición no se corresponde con esa opción", "no estamos en eso", aseguran distintas fuentes del Ejecutivo. En distintas conversaciones informales y discretas, en los últimos meses, el PSOE sí había amagado con cruzar este puente, aunque hoy descarte este escenario. En esta tesis se encuentra también Unidas Podemos, que ve este sistema "corporativo" poco "democrático", y hasta elitista.

Podemos presiona al PSOE

En los últimos días, PSOE y Unidas Podemos han pasado a abrirse a un cambio de modelo de elección de los jueces, pero si el socio mayoritario no quiere desvelar sus cartas, el segundo apunta en la dirección de dar más peso al Parlamento. Ambos ya presentaron una iniciativa —que el PSOE forzó retirar— para rebajar la mayoría de 210 diputados a solo 176, el umbral de la mayoría absoluta, para elegir al CGPJ en segunda votación en el Congreso, y UP no renuncia a exigir también el aval de la mitad de los grupos de la Cámara.

Pero, además, el socio minoritario reconoce su malestar por haberse visto en un segundo plano en estas negociaciones. Por encima de todo, desconfían del PP, un partido que ha ido alternando distintos argumentos para no renovar el CGPJ, y que en el pasado impuso como línea roja que Unidas Podemos no participara en las negociaciones. No quieren presencia física en las conversaciones que lideran el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, pero sí que tengan en cuenta sus posiciones, y especialmente los nombres que han puesto sobre la mesa para designar a dos vocales del nuevo CGPJ. Por el momento, esperarán "unos días", por "respeto" a sus socios. Si no hay acuerdo, se plantearán "tomar la iniciativa política".

Una sentencia del Supremo, "aviso para navegantes" sobre nombramientos

Por otra parte, el compromiso para dejar en blanco la casilla del presidente no implica que cada partido se contenga a la hora de indicar a los vocales a los que promocione los candidatos de su elección para que entren en la votación, aunque el resultado final pueda ser mucho más incierto.

Prácticamente desde que el mundo es mundo, la presidencia del Consejo General del Poder Judicial se ha pactado entre los partidos. Sin embargo, jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo desactiva ahora esa opción y empuja a la discreción, ya que el alto tribunal anuló la designación de los candidatos pactados por el PSOE y el PP para dirigir la Agencia de Protección de Datos. Los nombramientos en esta institución están especialmente regulados por una ley y amparados por la normativa europea, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que la preselección de nombres estuvo "viciada de raíz al apartarse de la normativa vigente".

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Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de lo que se refiere al organismo concreto. Se trata, aseguran fuentes jurídicas, "de un aviso a navegantes" sobre otra costumbre irregular, pero tan asimilada al imaginario colectivo que se ha convertido en habitual. Hasta tal punto es así, que tanto los socialistas como los populares no han tenido pudor alguno en los últimos años en anunciar de forma pública a los candidatos fruto del acuerdo. Tampoco lo ha tenido el PNV, que hasta la fecha había participado de este reparto, y que este lunes se desmarcó de las negociaciones en trámite.

Pese a lo que dice la ley, con la intención de preservar la independencia, la realidad siempre ha sido distinta. En origen, los vocales convocados a ese pleno constitutivo esperaban la llamada de los grupos parlamentarios que les habían designado para hacer sus propuestas. Posteriormente, la identidad del candidato trascendía como elección fruto de la negociación. Fue así con los dos últimos presidentes: Carlos Dívar, elegido en 2008, y Carlos Lesmes, en el año 2013.

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El nombramiento de Lesmes fue ya objeto de un recurso presentado ante el Supremo por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la sentencia resultante incluía ya varias advertencias pese a avalar aquella designación. Decía el Supremo en ese caso que el meollo de la cuestión no es si hay o no acuerdo previo entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición para nombrar a una persona preseleccionada, sino si es posible deducir que los vocales del CGPJ "lo asumieron como un mandato imperativo, con voluntad viciada, como cumplimiento de una orden o condición ilegal".

En el caso de Lesmes, las actas permitieron al TS descartarlo. Su candidatura se propuso junto a la de otra candidata, la magistrada del Supremo Pilar Teso, lo que, a ojos del alto tribunal, demostró entonces "que existió para los vocales una real alternativa". "La voluntad libre de los vocales que votaron a favor de Lesmes no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos o convenios políticos previos, a la vista de las razones circunstanciadas que todos ellos expusieron en su explicación de voto, como se ve en las actas", decía la resolución. Vistas las posiciones de los partidos, no parece que esta renovación vaya a salirse de la norma.