Sánchez y Feijóo se lanzan al relevo del CGPJ mientras buscan una coartada para reformar su ley

Tras más de 100 días sin citarse, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se encontraron ayer en la Moncloa. La reunión vino forzada por la renuncia del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Su marcha abría una crisis sin precedentes. Los dos protagonistas ven necesario enviar a los ciudadanos un mensaje de que los partidos reaccionan. Desde la desconfianza que existe, según reconocen en Génova, hacia los “gestos” del presidente, se acordó abrir una vía al desbloqueo que se solemnizó con un compromiso de buscar “una solución rápida”.

Los negociadores, Félix Bolaños y Esteban González Pons, que se incorporaron al intercambio de opiniones de sus jefes, se sentarán de forma “inminente”. Unas negociaciones que deberán llevar con la más estricta discreción si no quieren ver truncadas sus opciones de éxito, apuntan las partes. ¿Pero qué margen real hay para un pacto? Más allá de los líderes, tanto en el PP como en el PSOE hay cuórum en que es el momento de aprovechar “la ventana de oportunidad” que ha surgido, según fuentes de ambas formaciones. Esto supondrá hacer concesiones en los dos lados, y aquí es donde hay que buscar un equilibrio que hasta este momento ha sido imposible.

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El primer cambio es la constatación por parte del Gobierno de que su plan para tomar el control del Constitucional ha fracasado. La reforma de la ley del Poder Judicial se topó con la negativa del bloque conservador de proponer y votar candidatos. Ni las presiones de Lesmes ni la amenaza de “estar en rebeldía” torció el brazo de los vocales, que tampoco tienen intención de abordar este asunto en el pleno fijado para el próximo 13 de octubre. Aquí lo mollar será la sustitución del presidente. El PSOE hace de la necesidad virtud y considera una “concesión” renovar el CGPJ y después el tribunal de garantías, como pedía el PP.

En las filas de los populares había satisfacción, al entender que han logrado colocar la pelota en el lado del Gobierno. González Pons fue el último en promover un acercamiento que Bolaños despreció y que ahora, según entienden en Génova, Sánchez ha tenido que rectificar. El PP vende como una victoria haber salido de la cita en la Moncloa con el compromiso de negociar de forma conjunta la renovación del CGPJ y del TC. Frenar los cambios previstos por la Moncloa en el Constitucional no era una cuestión baladí, porque con el reparto que se pretendía imponer la relación de fuerzas quedaba con siete, cuatro en favor del PSOE, ya que la baja que debe cubrir el Senado tras la marcha por enfermedad de Alfredo Montoya Melgar no se repondría. Ahora, el PP podrá hacerse con cinco magistrados “conservadores”. “El Constitucional tiene que decidir leyes muy importantes”, insiste un dirigente regional.

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Más allá de la lectura optimista, en Génova saben que el principal escollo es que el Ejecutivo se niega a reformar la ley para que sean los jueces los que elijan al órgano de gobierno de los jueces. Para el PP, es una condición “irrenunciable”, en línea con las exigencias de Bruselas. Sin embargo, según reconocen a El Confidencial, estarían dispuestos a dilatar los plazos para facilitar al PSOE un cambio de posición. En la Moncloa, sin embargo, ayer se mostraban tajantes. A la pregunta de si hay opciones de debatir sobre el modelo de elección, la respuesta es no. Tan categórico como el hecho de que Feijóo no puede renunciar a que se modifique el sistema.

La clave de los próximos días serán los grises. Los nombres para el CGPJ están casi cerrados, salvo “retoques” de última hora. Una vez más, suena como escollo el juez José Ricardo de Prada, que seguiría entre los propuestos por el PSOE y que el PP ve como una “línea roja”. Pero el “cambio de cromos” es salvable para ambas partes. Lo que más tiempo llevará o puede hacer naufragar la “última oportunidad” de este “matrimonio” —en boca de González Pons— es cómo se articula el cambio legislativo para la renovación del siguiente CGPJ. A preguntas de los periodistas, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, eludía responder si el Gobierno se abría o no a esa posibilidad. González Pons, sin embargo, ya avanzaba que Feijóo no abandonaría la posición que ha defendido en los últimos meses.

El PP asume que hay que dejar al PSOE margen para que no parezca una derrota, y aquí es donde se barajan dos opciones. En primer lugar, presentar conjuntamente una proposición de ley de reforma sin un plazo concreto que permita alargar los tiempos e incluso decaiga cuando se disuelvan las Cortes al convocar elecciones generales en 2023. “Nos van a engañar, pero hay que dejarse”, resumía un veterano parlamentario del PP que estuvo en la cúpula de Mariano Rajoy. La otra vía, que gusta menos entre los populares, es incluir dentro del acuerdo la creación de una comisión. Génova renunciaría, así, a una condición que dejó por escrito en el plan judicial que envió al Gobierno el pasado mes de julio: el plazo máximo para registrar la reforma no debía superar los seis meses.

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Con cualquiera de estas alternativas, el bipartidismo salva los muebles. Feijóo cumple su compromiso de abrir el camino para despolitizar la Justicia y de paso se quita el lastre de no haber pactado nada con Sánchez, como ocurría en la etapa de Pablo Casado. El gallego suma puntos a su perfil institucional. En la Moncloa dejan la puerta abierta a la rectificación en función de cuánto dilaten los plazos. No sería la primera proposición que durmiera el sueño de los justos. Además, de cara a Bruselas, se llegaría a la presidencia de la Unión Europea con un CGPJ renovado y el “compromiso” de abordar las reformas que se piden a España.

La presión de Bruselas

En Bruselas, se ha seguido de cerca la reunión entre Sánchez y Feijóo. En la Comisión Europea, subrayan una y otra vez la necesidad de avanzar con urgencia en la renovación del CGPJ. Vera Jourová, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, envió una carta a Lesmes mostrándole su apoyo, y recientemente Didier Reynders, comisario de Justicia, visitó Madrid. El viaje del comisario no gustó a todos en la capital comunitaria, ya que la naturaleza de “mediador” que el belga se otorgó no era algo que estuviera acordado en nombre de la Comisión, sino que fue más una iniciativa del propio comisario, informa Nacho Alarcón desde Bruselas.

La dimisión de Lesmes agrava la situación, pero en la Comisión Europea han seguido el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición con la esperanza de que la decisión del presidente del CGPJ hiciera que las fichas se movieran de una vez. Y el resultado de la reunión ha generado un moderado alivio. No se da nada por hecho, pero se desea que el encuentro permita desbloquear de forma rápida la renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo, se ve con buenos ojos que los líderes políticos hayan decidido abordar el asunto de forma directa. La Comisión no quiere tener que mediar y preferiría no tener que seguir presionando ni pidiendo que se desbloquee la situación: el mensaje principal es que los responsables políticos deben ser capaces de llegar a un acuerdo.

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La cuestión de la reforma es, según han explicado fuentes comunitarias en distintas ocasiones, muy relevante. Pero quieren dejar clara cuál debe ser la secuencia de los hechos: quieren que se proceda a desbloquear el CGPJ sin más dilación, y que, inmediatamente después, se proceda a reformar el sistema de elección. Pero no quieren que nada, ni siquiera un debate sobre la reforma, retrase más la renovación. En este escenario trabajarán Bolaños y Pons, sin garantías de cuál será la ecuación final.