El PP estudia abrir una batalla en los tribunales contra el Gobierno por "asaltar" RTVE

Todos los escenarios están abiertos. El PP no quiere dejar sin respuesta la modificación unilateral ejecutada por el Gobierno para dotar de plenos poderes ejecutivos a Elena Sánchez como nueva presidenta de Radio Televisión Española (RTVE) tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, que había sido llamado a consultas en varias ocasiones a la Moncloa por las discrepancias en el Ejecutivo sobre su gestión del ente público. Génova, de la mano del Grupo Popular en el Congreso, estudia abrir una batalla jurídica contra una maniobra que tildan de "ilegal" y de "cacicada".

Fuentes de los populares denuncian que, por la vía del decreto ley, el Gobierno haya "asaltado" RTVE en lugar de abrir un proceso de diálogo con el primer partido de la oposición para elegir al sustituto de Tornero en la corporación, cuya salida atribuyen a una "obligatoria dimisión" ejecutada por Sánchez. "O haces lo que te mandan, o te cesan", recalcó el propio Alberto Núñez Feijóo, que acusó al Ejecutivo de utilizar el ente público como "instrumento" a su servicio a las puertas del año electoral.

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EFE

El consejo de RTVE eligió la semana pasada a la periodista Elena Sánchez como sustituta de Pérez Tornero en el organismo público. La candidata fue avalada por los consejeros del PSOE, Podemos y PNV, que suman mayoría frente a las tres papeletas del PP. Sin embargo, la presidenta interina contaba, de entrada, con unas funciones limitadas frente a su predecesor, que fue ratificado en la Cámara Baja con una amplia mayoría de 247 votos y que contó con el aval de PP, PNV y Podemos. 'A priori', el nombramiento de Sánchez debía ser ratificado en sede parlamentaria, pero una maniobra del Gobierno ha dejado ese trámite en el limbo.

En un momento en que la relación entre PSOE y PP está enquistada y cualquier negociación ha quedado bloqueada —basta con observar el ejemplo del CGPJ—, el Consejo de Ministros ha ejecutado un cambio normativo para garantizar, según el Ejecutivo, el correcto funcionamiento de RTVE ante la dificultad de alcanzar un consenso en la Cámara Baja. La modificación implica que la consejera que asume la vacante de forma temporal lo haga a pleno rendimiento sin esperar a la ratificación del Parlamento. El cambio normativo no tiene un periodo de vigencia, de modo que el trámite del Congreso se puede dilatar de forma indefinida y, como mínimo, hasta que finalice la legislatura.

En el primer partido de la oposición valoran todo tipo de acciones para frenar lo que califican como un "nuevo asalto institucional" del Gobierno, desde la vía jurídica hasta la ofensiva parlamentaria. El Gobierno autorizó el cambio normativo previa petición a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuando "lo normal" es que un cambio en los estatutos sea promovido a iniciativa del consejo, que luego pase a la SEPI y, a continuación, el Gobierno dé luz verde, "y no al revés", sentencian fuentes parlamentarias de los populares.

El PP ha elevado el tono contra el Gobierno por esta cuestión. Si hace meses que Feijóo y el resto de portavoces del partido utilizan siempre que tienen ocasión el "asalto" de Sánchez a instituciones como el INE, el CIS o el CNI, los populares suman ahora un argumento más a su lista para cargar contra los "rasgos totalitarios" del Ejecutivo y el "uso partidista" de las instituciones, más a la puerta de un año clave para el futuro de los dos grandes partidos.

El "zarpazo" a RTVE llegó este miércoles a la sesión de control del Congreso, con la diputada Macarena Montesinos interpelando a Félix Bolaños por el "control férreo" que, a juicio de la dirigente popular, pretende hacer el Ejecutivo de los informativos "con vistas a los próximos comicios electorales". En el PP recuerdan que una sentencia del Tribunal Constitucional confirmó que la elección de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE ya fue "ilegal", y lamentan que el Gobierno no haya abandonado esa deriva. El ministro de Presidencia, por su parte, se zafó de las críticas con un desafío: "¿Lo consensuamos o también lo van a bloquear?", lanzó.

Además del PP y de otros grupos parlamentarios, como Ciudadanos y Vox, los sindicatos mayoritarios de la cadena —UGT y el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión— no tardaron en manifestar su "malestar" y su "repulsa" por el atajo del Gobierno para saltarse el control del Parlamento y esquivar el procedimiento "democrático" para designar la nueva presidencia de la corporación, y advierten de que las "prisas" por "controlar" la institución pueden ser impugnadas en los tribunales.