El Constitucional da la razón al marroquí que estuvo más de 1.700 días en prisión por el 11-S

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Farid Hilali, el marroquí que estuvo más de 1.700 días encarcelado en Reino Unido y España por su supuesta vinculación con los atentados del 11-S. Los magistrados sostienen que la Audiencia Nacional vulneró su derecho a la tutela judicial en julio de 2020, cuando sentenció que solo tenía derecho a recibir una indemnización de 2.000 euros por el tiempo que había pasado en prisión preventiva hasta archivarse la investigación contra él. Tras atender su recurso este lunes, el Constitucional ordena "retrotraer el procedimiento" y que la Audiencia Nacional dicte "una nueva resolución que sea respetuosa" con sus derechos.

La investigación contra Hilali se basó en la supuesta llamada que realizó semanas antes del 11-S al salafista Imad Eddin Barakat, más conocido como Abu Dahdah y entonces líder de Al Qaeda en España. Hilali presuntamente le trasladó que “habían entrado en el campo de la aviación” y que “habían degollado el pájaro”, lo que se interpretó como una referencia al ataque contra las Torres Gemelas. Los investigadores, sin embargo, no lograron identificarle como el hombre que se encontraba tras esa llamada hasta 2004, cuando residía en Reino Unido. Una vez localizado, el exjuez Baltasar Garzón emitió una orden de búsqueda y captura contra él.

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La policía británica arrestó a Hilali el 29 de junio de 2004, casi tres años después de aquella críptica conversación. Imputado por "conspiración en el asesinato de más de 3.000 personas", el marroquí pasó alrededor de 1.320 días encerrado en Reino Unido y, tras ser entregado a España en febrero de 2008, sumó otros 390 antes de quedar en libertad. Estando ya fuera de la cárcel, Hilali también tuvo que esperar otros tres años y ocho meses para que la Audiencia Nacional archivara el caso de manera definitiva. En concreto, hasta el 17 de octubre de 2012, cuando se sobreseyó la investigación al considerar que no había pruebas de que tuviera conocimiento de los atentados.

Su demanda contra el Estado

Con estos ocho años y medio de investigación a sus espaldas, Hilali interpuso en 2017 una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia. El marroquí solicitó 1,8 millones de euros por los daños ocasionados hasta el archivo, pero un año después, la secretaría de Estado rechazó su petición. Su defensa recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional y, una vez más, apuntó para ello a las "dilaciones indebidas que escandalosamente estaba sufriendo el asunto".

En el recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, su abogado, Endika Zulueta, incide a lo largo de 35 páginas en que durante la investigación no se realizó "ni una sola diligencia probatoria destinada a obtener indicios de la participación de don Farid Hilali en los hechos imputados [conspiración en asesinatos terroristas], sino únicamente para determinar su identidad [en la llamada]". También critica lo ocurrido tras su puesta en libertad, cuando se le prohibió salir de España de manera cautelar y, al mismo tiempo, la policía abrió un expediente administrativo contra él por "encontrarse irregularmente en territorio español".

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El recurso destaca que la situación llegó a tal punto que, el 13 de marzo de 2009, "apenas una semana después de salir en libertad tras pasar más de cinco años en prisión provisional", Hilali tuvo "problemas" a la hora de comparecer en el juzgado porque carecía de documentación: "La policía no le facilitaba documentación alguna por tener abierta la causa, y ello le impedía todo tipo de actividades de la vida diaria: empadronarse, alquilar una habitación, acceso a asistencia médica...", explica el recurso.

Una vez revisados sus argumentos, la Audiencia Nacional sentenció que debía estimarse "muy parcialmente su recurso" por la "prisión preventiva" que había sufrido, pero "descartando cualquier indemnización sobre la base de la existencia de un funcionamiento anormal por dilaciones". Frente a los 1,8 millones que reclamaba Hilali, los magistrados consideraron que solo tenía derecho a cobrar 2.000 euros, decisión que el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2021.

No conforme con esta decisión, la defensa de Hilali recurrió ante el Constitucional de mano, en este caso, del abogado Eneko Garizabal del despacho Boyé. El TC terminó por darle la razón este mismo lunes. El tribunal todavía no ha notificado la sentencia, pero según ha anunciado, estima el recurso del marroquí y ordena a la Audiencia Nacional revisar el caso: "Retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior al de dictarse la sentencia que se anula para que el órgano judicial pronuncie una nueva resolución que sea con el derecho fundamental reconocido", acuerda. 21 años después de la llamada con la que arrancó la investigación, Hilali vuelve a la Audiencia Nacional, pero esta vez como demandante.