El Mar Menor hace historia: ¿Qué supone que la laguna tenga derechos propios?

Todo comenzó con casi 640.000 firmas ciudadanas, pero podría cambiar el paradigma por el que se protegen los derechos de la naturaleza. El Mar Menor y su cuenca tendrán personalidad jurídica propia, algo insólito en Europa. La norma que lo regula se hará efectiva en cuestión de días, después de que el Senado haya dado luz verde definitiva a la ley, que este miércoles entraba en su recta final. La laguna salada podrá defender sus propios derechos como ecosistema, como ocurre con las personas o las empresas. Con la peculiaridad, además, de que este salto en la concepción del espacio no lo ha impulsado ningún grupo político, ni tampoco una organización ecologista: todo parte de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, contra todo pronóstico, recabó apoyos suficientes para empezar su camino en las Cortes Generales hace meses.

El día antes de la votación final en la Cámara Alta, la 'madre' de este proyecto aterrizaba en Madrid. Su nombre es Teresa Vicente, y es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, además de impulsora de la recogida de firmas que comenzó el verano pasado, poco después del último episodio de anoxia en el Mar Menor, que acabó con 15 toneladas de peces muertos y algas. Junto a ella, decenas de personas se concentraron frente a las puertas del Senado con altavoces y carteles para defender la ILP en su última etapa. La mayoría salieron en autobús desde Murcia y Los Alcázares a las tres de la mañana solo para apoyar el proyecto. Este tipo de iniciativas no suelen prosperar, o bien por estancarse en el punto de partida ante la falta de apoyos —se necesitan al menos 500.000 ciudadanos acreditados— o por encontrarse con múltiples trabas durante el proceso de tramitación.

"Creo que fue un buen momento, porque la gente estaba muy concienciada y movilizada con todo lo que estaba pasando", explica Eduardo Salazar, abogado ambientalista que acompañó a Vicente a su llegada a la capital. Él también es uno de los principales promotores de la ILP, y defiende a Greenpeace en la acusación popular por el llamado Caso Topillo, la mayor investigación en curso contra empresarios y políticos, desde exconsejeros regionales hasta la propia expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por la responsabilidad de los vertidos en el Mar Menor. Al final, la búsqueda de firmantes para la ILP arrasó y en el lapso hasta su tramitación como proposición de ley cosecharon múltiples victorias. Las más memorables, la visita a Nueva York para defenderla ante la ONU, lograr el visto bueno del Congreso el pasado 5 de abril o conseguir que el Senado haya debatido el texto original sin ninguna modificación, rechazando la única enmienda de veto presentada por Vox.

"Pensamos que lo que plantea esta ILP va mucho más allá del propio Mar Menor. Significa replantear los derechos de los ecosistemas", asegura Salazar. El abogado considera que se está dando un paso más allá del Antropoceno, término popularizado para referirse a la época geológica en la que se es consciente del impacto de la actividad humana en el entorno natural. El texto revierte la situación de la laguna como "mero objeto de protección, recuperación y desarrollo" para elevarlo a la condición de sujeto de derecho, siempre sin ánimo de lucro. Esto, a efectos prácticos, supondría que cualquier ciudadano pueda personarse ante los tribunales para exigir reparar los daños y buscar responsables.

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De esta forma, el Mar Menor pasaría a tener "voluntad propia", que se definirá a través de tres comisiones que propone el pliego de la ILP. Una de ellas, formada por representantes de la Administración y la ciudadanía (con tres a propuesta del Estado, otros tantos de la Región de Murcia y siete particulares, los promotores de la iniciativa). Otro ejercerá las funciones de seguimiento, como un 'guardián' de la laguna, y lo compondrán miembros de los municipios ribereños o de la cuenca cuyo cargo se renovará cada ciclo electoral, después de cuatro años. Las personas escogidas para este comité tendrán que demostrar siempre una vinculación previa a la defensa del Mar Menor, aunque no se especifica bajo qué criterios se les seleccionará.

Y, por último, un órgano científico formado por expertos de prestigio, que no recibirán remuneración en el cargo para garantizar su independencia. Los propondrán las universidades de Murcia y Alicante, junto a otras entidades vinculadas al medioambiente como el Instituto Español de Oceanografía, la Sociedad Ibérica de Ecología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En realidad, hay pocos antecedentes en el mundo en los que se haya dotado de personalidad jurídica a un espacio natural. Ya ocurrió, por ejemplo, en Colombia o Nueva Zelanda. Pero nunca antes en Europa ni, por descontado, en España. Además, es la primera vez que se logra ese estatus a través de un impulso legislativo que emana directamente de la ciudadanía, y no mediante intermediarios o representantes.

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Lo cierto es que ya existen vías similares para la protección del Mar Menor. Hay, incluso, un comité de seguimiento y se iniciaron trámites para crear un observatorio que analice su estado con regularidad. Pero esta nueva fórmula vendría a incluir en la ecuación, además de a expertos y representantes gubernamentales, a otros miembros de la ciudadanía que conocen la laguna, y se reforzaría la presencia de los Ayuntamientos del entorno en los órganos de vigilancia. La idea es agilizar los mecanismos de defensa que existen, y desvincularlos al máximo de los vaivenes políticos que, en muchas ocasiones, enfrentan al Gobierno central y a la Administración regional por disputas sobre quién tiene la culpa del deterioro de esta joya natural. Aunque la fórmula de la personalidad jurídica también despierta dudas: ¿De verdad cambiará tanto las cosas?

Históricamente, el derecho ha blindado la protección de los ecosistemas desde fuera. Es decir, ya sea mediante normas o leyes genéricas para el medio ambiente, o específicas para según qué parajes naturales. También lo hace a través de juntas rectoras, con miembros que determina la Administración pública y cuya composición se asemeja a la que plantean algunos comités con la ILP, aunque con menos representación ciudadana. "Si se cede la protección a los representantes del Gobierno, existe el riesgo de no escuchar a la ciudadanía, de enredarse en peleas por las competencias o simplemente de despreocupación. Pero dejarla en manos del ecosistema puede dar lugar a situaciones parecidas entre los nuevos organismos que ejerzan la voluntad del Mar Menor", plantea el profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, Andrés Boix.

"Intentan llegar a la misma solución, pero por otro camino", explicó un jurista

El experto duda de que la personalidad jurídica permita poner en marcha grandes soluciones que no puedan conseguirse con otras figuras de protección, como la ZEC (Zona Especial de Conservación) o los parques naturales o regionales. Precisamente, esta última es una de las medidas estrellas de Podemos en la Asamblea de Murcia, que también se debatía este miércoles. Además, Boix apunta a que la acción o acusación popular, otro mecanismo del derecho procesal, ya permite que cualquier ciudadano se persone en una causa sin tener que demostrar que le afecta de manera directa. "Hablar de derechos propios del Mar Menor sin duda crea la convicción de que habrá unos mínimos de protección, y en ese sentido es importante recordar la urgencia del deterioro, pero podría ocurrir que solo se intente llegar al mismo resultado desde una vía diferente, sin lograr mayores cambios", resaltó.

Pero los impulsores de esta iniciativa histórica se mantienen firmes en su apuesta. Creen que refuerza todo lo anterior, porque crea un organismo compacto mucho más fuerte que las denuncias particulares, o los trabajos en marcha. "Si el ecosistema pasa a ser el centro de la vida y tiene derechos, estamos abriendo la puerta a nueva relación con la conservación de la naturaleza. Una revolución pacífica que mueva los cimientos de lo que ya conocemos", sentencian desde el grupo promotor. La alegría durante todo el proceso ha calado entre los grupos ciudadanos que se han desplazado hasta en tres ocasiones a Madrid. Un viaje de cinco horas en autobuses nocturnos para apoyar la tramitación de la ILP en fechas clave. También en esta última ocasión, la del Senado, frente al que se concentraron decenas de personas.

"Es un hito histórico", apunta el portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Rubén Vives, que celebra que por primera vez en el país un territorio vaya a tener derechos propios. Cree que añadirá "protección jurídica" a la laguna, aunque también plantea la cuestión de su efectividad: "Habrá que ver luego cómo se le podrá defender con este nuevo instrumento". Pero la confederación medioambientalista se muestra optimista, y ve en este avance una opción de presión frente a las amenazas que sufre un espacio único en Europa.

También las muchas personas que, en la puerta del Senado y tras horas de viaje, estuvieron desde las 9:00 de la mañana defendiendo y arropando a los promotores de la ley. Sea cual sea finalmente el impacto que pueda tener sobre el Mar Menor, todo el camino recorrido ya sitúa este caso de lucha ciudadana por un ecosistema a la vanguardia de toda Europa.