Una jueza atribuye a Rubiales un delito de estafa castigado con hasta 6 años de cárcel

Luis Rubiales tiene otro frente abierto en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) acaba de trasladar a la Fiscalía una querella presentada por el máximo responsable de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra El Confidencial para que determine si el dirigente deportivo pudo incurrir en un delito de estafa procesal, un subtipo agravado del delito de estafa que está castigado con hasta seis años de cárcel.

La decisión se produjo el pasado lunes 12 de septiembre y tiene más consecuencias. Rubiales y varios de sus colaboradores se querellaron contra este diario por la publicación de los Supercopa Files, la investigación periodística sobre el pago de comisiones a Gerard Piqué por la Supercopa en Arabia Saudí, la contratación de detectives para espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y el pago de unas vacaciones de Rubiales en Nueva York con dinero de la RFEF, entre otros presuntos escándalos.

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El organismo negó las irregularidades y aseguró que los documentos y audios que acompañaban las informaciones de El Confidencial habían sido obtenidos mediante el 'hackeo' del terminal telefónico del propio Rubiales. La RFEF llegó a pedir hasta en dos ocasiones a la instructora del caso, la jueza Carolina González, que embargara de forma urgente todos los archivos de los Supercopa Files y que prohibiera la publicación de nuevas noticias.

La magistrada se opuso a la adopción de las medidas cautelares en ambas ocasiones tras concluir que las informaciones no solo respondían al "interés general", sino que además habían destapado "hechos de dudosa legalidad" y que no había ninguna prueba que implicara a El Confidencial en el supuesto 'hackeo' del teléfono de Rubiales. De hecho, acusó incluso a la RFEF de incurrir en "mala fe procesal" por haberle ocultado que había denunciado en otro juzgado de Madrid al exjefe de gabinete de Rubiales, su tío Juan Rubiales, por los mismos hechos que atribuía a El Confidencial en el juzgado de Pozuelo.

Ahora, en un auto de nueve páginas, la jueza ha acordado el archivo de la querella de la RFEF asegurando que los periodistas de este diario se han limitado, "en el ejercicio de su profesión, a la difusión o publicación de noticias con relevancia informativa en relación a hechos noticiables de interés público relacionados con el destino, las relaciones existentes con los destinatarios y la cuantía de los recursos públicos que gestiona la entidad presidida por el señor Rubiales, cobros de comisiones, pagos de viajes de placer con fondos de la RFEF, etc., información que se encuentra amparada por el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de información".

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Para la jueza, no hay ninguna prueba sobre el supuesto 'hackeo' del teléfono de Rubiales y menos aún sobre la supuesta participación de algún periodista en ese teórico episodio. Pero lo más relevante es que, en su opinión, Rubiales pudo cometer un delito de estafa procesal al atribuir a El Confidencial el apoderamiento ilícito de información en el juzgado de Pozuelo cuando, en ese momento, ya "tenía más que sospechas" de que esa supuesta sustracción de archivos pudo haber sido efectuada por terceras personas, como demuestra su segunda querella ante los juzgados de plaza de Castilla.

Por ello, tal y como pedía la defensa de este diario, la jueza ha acordado la deducción de testimonio de las actuaciones y su "traslado al Ministerio Fiscal por si la fraudulenta actuación de los querellantes pudiera ser constitutiva de un delito de estafa procesal". La Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre los hechos. En el caso de que el Ministerio Público aprecie indicios de delito, abrirá un procedimiento contra Rubiales y el resto de querellantes. Las posibles penas a las que se exponen oscilan entre uno y seis años de prisión y multa económica de seis a 12 meses.

El presidente de la RFEF afronta otros procedimientos penales. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda abrió diligencias previas el pasado junio para investigar si Rubiales y Piqué pudieron cobrar de forma irregular comisiones por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí y si el dirigente federativo hizo un uso indebido de los fondos de la institución. La instructora de este otro caso, Delia Rodrigo, está esperando la entrega de informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Agencia Tributaria para pronunciarse sobre la práctica de nuevas diligencias.