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El PP apoyará la tasa a las eléctricas si el Gobierno 'copia' la fórmula de Bruselas
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El PP apoyará la tasa a las eléctricas si el Gobierno 'copia' la fórmula de Bruselas

El PP teme que su rechazo a la tasa de la banca y las eléctricas pase factura a Feijóo. El partido se esfuerza en explicar su posición, pero la Moncloa explota la contradicción de Génova

Foto: La bancada del PP observa a Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La bancada del PP observa a Sánchez en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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El rechazo al impuesto temporal para entidades financieras y empresas energéticas se ha convertido en un quebradero de cabeza para el PP. La dirección de Génova ordenó a sus diputados votar en contra de la admisión a trámite de la normativa por la "chapuza" legislativa y la "inseguridad jurídica" que veían en el documento del Gobierno, y ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión. La sensación que recorre las filas populares es que los motivos que han llevado al PP a votar en contra del 'hachazo' fiscal del Gobierno no se entienden y esto podría pasarle factura a Feijóo, sobre todo después de que Bruselas apostase con claridad por intervenir el mercado eléctrico con limitaciones a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

El PP se esfuerza ahora en explicar por qué en Europa sí votarán a favor de gravar los ingresos de las grandes energéticas mientras rechazan una medida similar en el Congreso. El problema es que, según reconocen diferentes dirigentes del partido, los detalles técnicos que sustentan su postura no terminan de "llegar" a la gente, y que incurrir en una aparente contradicción puede tener un importante coste político para un PP que, de momento, avanza con viento de cola en las encuestas. "Es una operación que conlleva riesgos, pero el PP no puede apoyar un texto absolutamente inconstitucional, sin garantías jurídicas y que atenta contra el derecho comunitario", argumentan.

Foto: Olena Zelenska, Roberta Metsola y Ursula von der Leyen. (Reuters/Yves Herman)

En las últimas horas, PP y PSOE han entrado en una dura batalla por el relato del nuevo impuesto energético. Moncloa se apresuró a vender la apuesta de Ursula von der Leyen como un nuevo espaldarazo a la política fiscal y energética de Sánchez y a defender que, "en esencia", el plan de España y de Bruselas es el mismo. La lectura de los socialistas es que Feijóo se ha metido en un lío y ha quedado en una posición especialmente comprometida por alinearse con las "élites" y no con la "mayoría social" del país. "Han votado que no a que esta Cámara debata sobre que las grandes corporaciones tengan un gravamen solo en los beneficios extraordinarios, cuando ellos se están beneficiando de esta situación tan crítica", reiteró el propio Sánchez en sesión de control.

Pero Feijóo no tardó en dar la réplica. Durante una entrevista para La Sexta, el líder de la oposición se lanzó a combatir el argumentario socialista y repitió hasta en cinco ocasiones que el impuesto del Gobierno de España y la tasa de la Unión Europea son "absolutamente distintos", porque Sánchez grava la "facturación" de las compañías, y no sus beneficios extraordinarios. "Si el Gobierno hace la misma propuesta que la Comisión Europea, le daremos nuestro voto. Lo sacamos por unanimidad", se comprometía Feijóo, que incidía en que Bruselas "no respalda" el impuesto a la banca, al menos por el momento.

"La trampa de Sánchez se ve desde lejos", advierte otro dirigente popular, que insiste en el mensaje de que, a pesar del "trilerismo" del jefe del Ejecutivo, Feijóo ha tomado la decisión "acertada" oponiéndose a las nuevas figuras impositivas del Gobierno. Aunque no ocultan los "problemas" que están encontrando a la hora explicar su postura, el PP insiste en que el modelo que plantea la Comisión Europea es distinto a la "doble imposición" que propone Sánchez en España. "Tenemos que hacer un esfuerzo por explicarlo mejor", asume otra voz autorizada del partido.

La primera diferencia, explican los populares, radica en el propio fin de la medida. Mientras el Gobierno ha propuesto una "caja común" en la que atesorar los 7.000 millones de euros que espera recaudar en dos años con los gravámenes a la banca y a las eléctricas, Bruselas plantea una tasa "finalista" con un impacto directo en la factura de la luz, una medida que el primer partido de la oposición sí respalda.

En la cúpula del PP, cuestionan precisamente el hecho de que no se conozca a qué destinará Sánchez la recaudación procedente de los nuevos gravámenes, y recelan de que quiera "sufragar medidas electoralistas con las que ganar votos". "Abogamos por que la recaudación de este gravamen se destine a abaratar la factura de la luz y no a llenar las arcas de Hacienda", repiten en Génova. "Sánchez utiliza el BOE para hacer campaña", añaden otras fuentes parlamentarias.

Foto: José Saiz, alcalde de Villar de Cañas, ante la señal de un almacén temporal centralizado (ATC) inexistente. (R. M.)

La segunda diferencia tiene que ver con el modo en que se aplicará la nueva tasa. La Unión Europea pretende limitar la 'tijera' fiscal a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas que han incrementado sus ganancias a consecuencia de la situación extraordinaria derivada de la guerra de Ucrania. En España, sin embargo, el Gobierno se propone gravar en un 1,2% los ingresos por ventas, en el caso de las compañías energéticas, y con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras.

El PP se alinea, así, con el marco establecido con la Unión Europea y se muestra favorable a que las compañías energéticas "contribuyan" a aliviar el impacto de la crisis, pero recortando únicamente los beneficios extraordinarios percibidos por las compañías en un contexto internacional excepcionalmente incierto. En España, las ganancias de las empresas ya están tasadas por el impuesto de sociedades, si bien los populares rechazan subir este tributo para aumentar la recaudación procedente de los ingresos de las grandes corporaciones.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Sí abogan por la creación de una nueva tasa "extraordinaria" y "temporal", aunque estudian aún la fórmula para que repercuta directamente en un abaratamiento de la factura eléctrica. Así las cosas, el PP luchará en los próximos días no solo para combatir el argumentario del Gobierno sobre los supuestos "poderes ocultos" que rodean a Feijóo, sino para que Sánchez retire la proposición de ley o, al menos, la modifique para adaptarla a los parámetros de la hoja de ruta europea. Los populares elevaron el tono en las últimas horas contra la "cacicada" y la "felonía fiscal" de Sánchez por alumbrar un documento "irracional" que puede tener "consecuencias jurídicas y económicas para el Estado".

Para tratar de simplificar el mensaje que llega a sus votantes, el PP ha insistido, en público y en privado, en el argumento de que el 'impuestazo' de Sánchez "lo terminarán pagando todos los españoles". En el terreno jurídico, en el primer partido de la oposición advierten de que, si los banqueros y las energéticas obtienen la nulidad del tributo en los tribunales, el Estado tendría que devolver "millones" a grandes corporaciones, ya que ese camino podría dilatarse entre seis y ocho años. Se amparan en este punto en el informe presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, que advertía de que la proposición de PSOE y Podemos "elude los controles democráticos" y vulnera numerosas leyes españolas y comunitarias.

El rechazo al impuesto temporal para entidades financieras y empresas energéticas se ha convertido en un quebradero de cabeza para el PP. La dirección de Génova ordenó a sus diputados votar en contra de la admisión a trámite de la normativa por la "chapuza" legislativa y la "inseguridad jurídica" que veían en el documento del Gobierno, y ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión. La sensación que recorre las filas populares es que los motivos que han llevado al PP a votar en contra del 'hachazo' fiscal del Gobierno no se entienden y esto podría pasarle factura a Feijóo, sobre todo después de que Bruselas apostase con claridad por intervenir el mercado eléctrico con limitaciones a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

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