Podemos acepta subir el salario de los militares, pero se enroca en el no a las armas

El aumento del gasto en Defensa que defiende el sector del PSOE en el Gobierno es uno de los principales escollos en la negociación presupuestaria, que empieza a despegar estos días, y Unidas Podemos reclama ahora a Pedro Sánchez que posponga este incremento, avisando en público y en privado de que no puede apoyarlo. En pleno año electoral, y recordando la dificultad de contar con el respaldo de los socios parlamentarios a unas cuentas públicas que incrementasen estas partidas, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reclama al presidente que retrase esta subida, comprometida con la OTAN para llegar a una inversión del 2% del PIB en 2030.

"Se puede cumplir con los compromisos internacionales a medio plazo", deslizaba la secretaria general de Podemos en una entrevista en Radio Nacional, este miércoles. Los morados, pero también Izquierda Unida o el resto de fuerzas que componen el espacio Unidas Podemos, aspiran a convencer al PSOE de que esta subida es inasumible hoy, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y por las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes. Dan una patada hacia adelante y piden al presidente del Gobierno que posponga este incremento, porque se oponen frontalmente y porque sus bases difícilmente les perdonarían que lo apoyaran.

Más allá de posponer el problema, Belarra también sugirió una salida que, por su propia naturaleza, nació muerta: concentrar todo el incremento en estas partidas en una hipotética subida salarial para el personal de tropa y marinería. Tras 15 años sin aumentos salariales, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 un incremento en sus nóminas por un valor total de 198.098.622 euros. Podemos aprobaría una subida para estos profesionales hoy mismo. "Se puede hacer inversión del gasto militar para subir el salario de la tropa, en vez de para gastarlo en las empresas armamentísticas americanas", argumentaba Belarra, pero sabe que su socio no solo aspira a subir sueldos.

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Hace apenas una semana, en una entrevista en la Cadena SER, Sánchez se refirió a la mejora de las condiciones de los profesionales de tropa y marinería aprobada en 2021, pero también apuntó otros conceptos a los que podría destinarse el gasto militar, como la adquisición de material bélico: "No solamente estamos hablando de disuasión, por tanto, de cumplir con nuestros compromisos europeos y atlánticos, sino también estamos hablando de economía, empresa, empleo y de cohesión territorial, porque es una industria que afortunadamente está desplegada por muchas partes de nuestro territorio", apuntó.

El compromiso del presidente, sostienen los ministros del PSOE, se cumplirá. No aclaran cómo, o si contemplan recurrir a otras fórmulas para aprobar un aumento de gasto fuera del marco presupuestario. Y en Unidas Podemos tienen claro que sus socios no se conformarán con un aumento del salario de los militares, pero también que será "difícil" convencerles de que renuncien a este incremento. No es un debate nuevo, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abrió la puerta a retomarlo hace un par de semanas, asegurando que este aumento no se había mencionado siquiera en la negociación del techo de gasto, aprobado en julio.

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Por lo pronto, ambos socios insisten en su voluntad de acuerdo, y sostienen que habrá presupuestos, a pesar de los escollos. La negociación ha retomado ritmo este miércoles, tras una reunión de los primeros espadas de Díaz, Unidas Podemos y la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es "uno de los grandes retos de la coalición" para estas semanas, según fuentes del partido morado, y tienen menos de un mes para llevar las cuentas al Congreso de los Diputados.

Unidas Podemos, además, ha reforzado sus posiciones de partida estas semanas, redoblando presiones a su socio para que permita desatascar la ley de vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El compromiso de su socio para garantizar la aprobación de estas normas en la Cámara y también del estatuto de bomberos forestales y la ley de coordinación, prevención y extinción de incendios son pasos que quiere avanzar antes de dar su aval a las cuentas públicas.

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Por lo pronto, y a pesar de que las conversaciones sobre la ley de vivienda se han mantenido durante el verano, aunque a medio gas, no han registrado avances de calado; el ministerio de Belarra culpa al PSOE, mientras denuncia que se opone a tres medidas que, a su entender, debería incluir esta ley.

Y, entre las medidas que consideran "imprescindibles", se encuentran la ley de familias, con una renta por crianza de 100 euros al mes por hijo, o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses; también destinar 800 millones de euros adicionales para impulsar "un verdadero sistema estatal de cuidados" —600 millones para dependencia, 200 para financiar el Programa Corresponsables—, o una tarifa plana de 10 euros al mes para el transporte público, además de una subida "contundente" del salario mínimo.

En esta fase de la legislatura, transformada en una larga precampaña, Unidas Podemos mantendrá su rechazo a destinar recursos a financiar armas para, en su lugar, destinarlos a aliviar el azote de la inflación en las clases trabajadoras. Más allá de la convicción sobre estas medidas, de fondo late su pugna con el PSOE y su esfuerzo por apropiarse de todas las medidas de corte social que apruebe la coalición, tratando de retratar a su socio de gobierno como una fuerza que solo hace políticas de izquierdas cuando Unidas Podemos le presiona.