Gobierno y PP se abren a negociar el CGPJ, pero sin ceder en sus exigencias

Los políticos acudieron al acto de apertura del año judicial conscientes de que, como en las últimas convocatorias, recibirían la pertinente reprimenda del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por el bloqueo de las instituciones. Pero ayer Lesmes fue un paso más allá e insinuó que presentaría su dimisión si en cuestión de semanas Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no se sientan a negociar y logran un acuerdo que permita una renovación del máximo órgano de los jueces. El presidente del CGPJ ha cambiado el foco de presión. Ha devuelto a los poderes políticos el peso de la decisión que cargaron sobre sus hombros cuando el Gobierno aprobó una nueva reforma de la Ley del Consejo del Poder Judicial antes de las vacaciones, con el fin de que el 13 de septiembre se produjese el relevo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

El órdago de Lesmes se analizó ayer en la Moncloa y Génova, como si cada uno hubiera escuchado un refuerzo de sus propias tesis. El recado es para el contrario. En estos momentos, tanto el Gobierno como el PP siguen firmes en sus posiciones, por lo que según fuentes de ambos lados hay poco margen para el consenso. El pleno que celebra hoy el CGPJ debatirá el documento de los vocales conservadores que pide que no vuelva a haber una reunión para designar a magistrados del TC hasta que no haya cuórum interno sobre los candidatos y el procedimiento. También apelan a que se les dé tiempo. Fuentes del Consejo esperan que tras su reunión haya movimientos de los partidos. Al menos, una llamada entre los negociadores, Félix Bolaños y Esteban González Pons.

Desde el PP, formalizarán la disposición que mostró ayer Feijóo en los corrillos del Palacio de Justicia de retomar las conversaciones con el Ejecutivo para un “pacto global” en línea con el documento que le remitió en julio. Esto supone debatir una reforma para cambiar el modelo de elección de los miembros del CGPJ que garantice una mayor independencia e impida situaciones de bloqueo como la actual. Cuestión irrenunciable es que la renovación del CGPJ y el TC sea conjunta.

Este punto es en la actualidad la principal discrepancia, dado que al Gobierno le urgen los cambios en el Constitucional. La ministra de Justicia pidió ayer a Feijóo los candidatos que propone el PP. El gallego le trasladó que no se trata de repartir nombres, sino del currículo y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los aspirantes, según manifiestan fuentes populares.

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Beatriz Parera

Génova rechaza de plano ceñir el diálogo a quiénes entrarán al tribunal de garantías, porque entre sus exigencias está que se devuelva al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos en todas las instituciones —no solamente en el TC— pese a estar caducado. Los populares consideran que a la Moncloa solo le interesa controlar el Constitucional y colocar al frente a Cándido Conde-Pumpido para favorecer la “desjudicialización” de los temas que afectan a Cataluña y así cumplir los compromisos adquiridos con los socios independentistas.

El CGPJ en estos momentos queda en un segundo plano para Sánchez, porque en la dirección popular entienden que la prioridad es que el nuevo TC, que contaría con siete magistrados 'progresistas' y cuatro 'conservadores', resuelva ya leyes como la del aborto. Desde la Moncloa, califican de “maniobras dilatorias” las condiciones del PP e insisten en que se puede renovar “hoy mismo” el CGPJ con la actual ley y “bajo el mandato constitucional”.

Sánchez debe medir bien hasta dónde estira la cuerda para que no se acabe rompiendo. Los magistrados conservadores van a mantener su postura bajo el argumento de que no es una cuestión de bloqueo, sino de “lógica”. Consideran que los candidatos al Constitucional deben salir del Supremo, pero se niegan a “sacar” a nadie de este tribunal porque, como no pueden remplazarle, sería incidir en la “precariedad” que ahora sufre. Esto, salvo una nueva maniobra gubernamental, frenará 'sine die' el cambio de mayorías. Por el momento, la Moncloa no da esta batalla por perdida y no parece dispuesta a modificar su calendario.

Por su parte, Feijóo busca cargarse de razones y reiterará, las veces que haga falta, su disposición a llegar a un acuerdo. Ni uno ni otro se mueven de sus posiciones. En este escenario, si Lesmes acaba dimitiendo y con un año electoral por delante, el CGPJ, el Constitucional y el Supremo podrían estar encallados hasta después de las elecciones generales, cuando los actores políticos jugarán con sus nuevas mayorías. Con las encuestas en la mano, Sánchez sale perjudicado, por lo que desde el mundo de la judicatura alertan de que “puede pasar cualquier cosa”.