El Gobierno estudiará cambiar por leds la iluminación en las carreteras en su plan de ahorro
Los ministerios y las CCAA remiten estos días sus propuestas para el plan de contingencia energético. El Ejecutivo descarta los cortes este invierno, pero teme que 2024 sea mucho más duro para el conjunto de los Veintisiete
El Gobierno estudia estos días las propuestas de comunidades autónomas, empresas y hasta de los distintos ministerios, con la vista puesta en la construcción del plan de contingencia que debe elevar a Bruselas a lo largo del mes de septiembre. Como adelantó El Confidencial, el grueso de los gobiernos autonómicos ha enviado sus propuestas al Ministerio de Transición Ecológica, al timón de estos trabajos, aunque el departamento que lidera Teresa Ribera lamenta que algunas de las comunidades hayan remitido medidas "genéricas" o "poco eficientes".
Algunos ministerios también están remitiendo propuestas a Transición Ecológica, entre ellos el de Transportes. En concreto, el equipo de la vicepresidenta tercera deberá estudiar iniciativas como la sustitución de las lámparas convencionales instaladas en diferentes carreteras por luces led, de menor consumo. También evaluará la posibilidad de instalar sistemas inteligentes de iluminación en distintos túneles.
Estas medidas, que Transportes ya contempla, podrían verse materializadas de forma acelerada al entrar dentro del paraguas del plan de contingencia, que persigue reducir un 7% el consumo de energía en España ante la amenaza de que Rusia cierre el grifo del gas a toda la UE.
Otros departamentos, como el de Trabajo, ultiman los planes que remitirán a Transición Ecológica próximamente. Formalmente, el plazo expiraba el 31 de agosto, pero se contemplan nuevas aportaciones estos días. Por ejemplo, en la reunión de Ribera, este jueves, con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso.
En esencia, la idea es instaurar propuestas en la línea de las aprobadas el 1 de agosto en Consejo de Ministros, que incluso puedan estar recogidas en otras normas ya vigentes, pero que no se cumplan en distintas situaciones. Puede ocurrir, por ejemplo, con las neveras instaladas en algunos supermercados, que siempre deberían tener puertas para evitar el despilfarro energético, aunque no siempre sea así, como aclaran desde el Ejecutivo.
La Secretaría de Estado de Energía y buena parte del resto de trabajadores del Ministerio de Transición Ecológica han dedicado el mes de agosto a estudiar cómo afrontar la crisis energética que se avecina, proyectando también los distintos escenarios que podrían darse en los próximos meses.
Contemplarán distintas hipótesis, desde el cierre total de la llave del gas por parte de Rusia —bastante probable— a otras situaciones menos plausibles y aún más graves, como las que puedan afectar a la llegada de este combustible en barcos. O que respondan a las contingencias que pueden contemplarse hoy.
El real decreto-ley de medidas de ahorro energético ya en vigor, que el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar como proyecto de ley para incorporar enmiendas, es la punta de lanza de un plan más completo, pero en el que no se contempla incluir medidas muy drásticas, como ha defendido públicamente la vicepresidenta tercera. Al menos, para los escenarios de menor riesgo.
La preocupación del Gobierno, centrado ahora en visibilizar su "solidaridad" con el resto de los Veintisiete —España cuenta con el 30% de las capacidades de regasificación de la UE—, está también en lo que ocurrirá dentro de un año, especialmente si Francia no cambia de posición en lo que toca al gasoducto Midcat.
Este invierno será duro, estará marcado por la incertidumbre de la guerra en Ucrania, pero el Gobierno mantiene hoy que ni familias ni industrias sufrirán cortes energéticos.
También da por hecho que Alemania, con sus reservas de gas al 80%, será capaz de afrontar estos meses con esfuerzo, pero en el Ejecutivo y en la UE preocupa, y mucho, la situación a la que se enfrentarán Berlín y otros Estados del centro y del norte de Europa a finales de 2023, cuando podrían encontrarse con sus reservas prácticamente agotadas. El temor de Transición Ecológica de cara al año próximo no radica en la situación de España, sino en la de los países con menores capacidades en esta materia, más dependientes del gas ruso.
La propia Ribera, a la que su equipo describe como una vicepresidenta "prudente", apuntó por primera vez a este riesgo en su comparecencia del martes, cuando celebró el espaldarazo de Berlín. "No solamente debemos estar preparados para el invierno 22-23, debemos estar preparados para el invierno 23-24", afirmó entonces.
Por ese motivo, España ha hecho tándem con Alemania para presionar a París y forzar un cambio de rumbo que permita la puesta en marcha de un nuevo gasoducto cuanto antes, sea a través de los Pirineos, sea a través de Italia.
Los costes estimados que contempla el Plan Repower EU, y que maneja el regulador gasístico en España, Enagás, rondan los 370 millones de euros para la construcción del gasoducto que conectaría la península Ibérica con Francia. Construir un tubo submarino entre España e Italia conllevaría, al menos, invertir 1.500 millones.
También hay enormes diferencias en las estimaciones de los tiempos que requeriría la construcción de cada una de estas infraestructuras. Ribera espera que el Midcat pueda estar en marcha antes del próximo invierno, pero los plazos para tener operativo el gasoducto con Italia se multiplican, al menos, por tres.
La comunicación entre el Ejecutivo español y sus homólogos europeos sobre esta crisis energética ha sido, y es, constante. La unión con Alemania, además, ha aportado peso político a la opción del Midcat, pero la pelota está en el tejado de Francia. El grueso de las fuerzas está puesto ahora en el plan de contingencia, y el tono de la reunión de este jueves servirá para medir hasta qué punto el Gobierno y las diferentes fuerzas están dispuestos a remar en la misma dirección.
El Gobierno estudia estos días las propuestas de comunidades autónomas, empresas y hasta de los distintos ministerios, con la vista puesta en la construcción del plan de contingencia que debe elevar a Bruselas a lo largo del mes de septiembre. Como adelantó El Confidencial, el grueso de los gobiernos autonómicos ha enviado sus propuestas al Ministerio de Transición Ecológica, al timón de estos trabajos, aunque el departamento que lidera Teresa Ribera lamenta que algunas de las comunidades hayan remitido medidas "genéricas" o "poco eficientes".
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