La Audiencia Nacional ultima el auto que librará a Esperanza Aguirre de la Púnica

Tres años después de su imputación en el marco de la trama Púnica, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está a las puertas de librarse de la investigación que la ha acompañado hasta el momento. Tras la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ultima el auto que afecta a la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de la región. Prevé atender el criterio del Ministerio Público y archivar la investigación en su caso. El auto se prepara para septiembre.

La Fiscalía solicitó al juez que investiga si el PP de Madrid nutrió una caja B destinada a financiar campañas electorales que sacara a Aguirre de la ecuación. Era la única diligencia pendiente para cerrar el futuro de la pieza y que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva. La investigación ya concluyó el pasado enero.

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De los múltiples hilos de la Púnica, la bautizada como pieza 9 es la más relevante. Se investigaba si el PP se sirvió de dinero negro para sufragar los gastos de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Todo comenzó en 2014, después de que los investigadores localizaran anotaciones del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. En su agenda, aparecían siglas de presuntos donantes junto a las cantidades entregadas. Años después, llegaba la imputación que ahora está a punto de evaporarse.

Las cosas han cambiado mucho desde septiembre de 2019 cuando, en un auto, se apuntaba a la existencia de una trama piramidal con Aguirre en la cumbre que desvió al menos 11 millones de euros de dinero público. El presunto desfalco iba destinado a tres fines: nutrir las arcas del PP, dopar las campañas electorales y, en ocasiones, acabar en los bolsillos de quienes lo manejaban.

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Según aquel auto, la expresidenta tenía "la supervisión y el control" del sistema. Las adjudicaciones fraudulentas "se habrían centralizado al más alto nivel del Gobierno regional", con Aguirre a la cabeza, que fue quien decidió que su órgano ejecutor fuese la vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno, a cargo durante el periodo analizado de sus dos hombres fuertes: Ignacio González y Francisco Granados. "Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones", decía el juez, que apuntaba que para este millonario desvío de fondos se apoyó, básicamente, en las partidas de publicidad y comunicación.

De aquello se ha pasado a la nueva argumentación de Anticorrupción. Tras estos años de instrucción, la Fiscalía ha concluido que "no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los delitos" vinculados con la financiación de las campañas. Para el fiscal Cabaleiro, no se ha acreditado su participación, a pesar de que algunas pruebas del procedimiento apuntan a que sí intuía que algo extraño se estaba moviendo. Lo mismo sucede con los trabajos de reputación 'online' investigados de los que se benefició, pero cuyo origen desconocía, dice el Ministerio Público.