Los fiscales conservadores impugnan ante el TS la última de las órdenes de Delgado

La Asociación de Fiscales, que agrupa al sector conservador de la carrera, ha acudido al Tribunal Supremo para impugnar la última de las instrucciones que tramitó la ya ex fiscal general Dolores Delgado. Según confirman fuentes jurídicas a El Confidencial, la AF ha recurrido el decreto que firmó la antecesora de Álvaro García en el que exigía a los integrantes del Ministerio Público que declaren si desarrollan labores de preparación de alumnos que quieran presentarse a oposiciones.

Delgado firmó el decreto a primeros de julio, solo unos días antes de abandonar la dirección de la Fiscalía. En él, recordaba a los fiscales que, en aplicación de su estatuto, no es compatible preparar a opositores y, después, integrar los órganos de selección de personal. También ponía de manifiesto que estas labores, cuyo beneficio económico muchas veces no se declara, solo quedan permitidas si no superan las 75 horas anuales y se desarrollan fuera del horario laboral.

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La Asociación de Fiscales se pronunció de forma inmediata contra la iniciativa al considerar que se trataba de una imposición para obligar a reflejar a la mayoría de fiscales en un documento oficial que no desarrollan una actividad en concreto. "Una vez iniciado ese peligroso camino, nada impedirá que se impongan nuevas obligaciones en el futuro al antojo de la Fiscalía General", avisaban entonces. Para la AF, la medida implica que la jefatura se arroga competencias que le son ajenas y que corresponderían únicamente al poder legislativo. La obligación concreta es además "innecesaria y desproporcionada", por afectar a derechos como la intimidad, la libertad y la protección de datos.

El rechazo no quedó en simples manifestaciones y los fiscales conservadores decidieron acudir al Supremo. Presentaron un recurso contencioso-administrativo en el que se reclamó una medida cautelar: la suspensión de la obligación impuesta, que deben cumplimentar antes del próximo 30 de septiembre. El recurso se ha admitido a trámite y el TS ya se ha dirigido a la Fiscalía General para reclamar el expediente administrativo de la medida. El departamento que ahora ocupa García dispone de un plazo de alegaciones para defender su postura.

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Como primera reacción, el pasado 12 de agosto, la Inspección se dirigió a todas las jefaturas para informar de que si alguna de ellas o alguno de sus miembros se siente concernido por la demanda de forma individual, puede posicionarse en defensa del decreto. Esta última actuación es tachada por la AF de "grotesca". Consideran que desde la jefatura se trata de sumar de forma "tosca" a miembros de la carrera que no estarían afectados de forma directa por el recurso presentado. En este intervalo de tiempo, la Fiscalía ha cambiado de manos, pero el decreto se mantiene sin rectificaciones.

La medida impugnada tenía como objetivo aumentar la presión sobre los preparadores y empujarles a rellenar un documento expreso. Como adelantó 'elDiario.es', con la orden se evitaría que quede a decisión de los que realicen esta labor informar o no. El decreto establecía que los jefes de las diferentes fiscalías deberán hacer llegar a sus plantillas un modelo de declaración en el que deben reflejar si preparan o no a opositores y entregarlo en un máximo de un mes y medio.