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El futuro con curvas de Yolanda Díaz: SMI, becarios, empleadas domésticas... y Podemos
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El futuro con curvas de Yolanda Díaz: SMI, becarios, empleadas domésticas... y Podemos

Trabajo prevé presentar en septiembre la ley que permitirá cobrar el paro a las trabajadoras domésticas, además de retomar los trabajos para subir el salario mínimo o para culminar el nuevo Estatuto de los Trabajadores

Foto: Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (EFE/Lenin Nolly)
Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (EFE/Lenin Nolly)
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Yolanda Díaz ha acaparado muchas portadas a cuenta de Sumar en las últimas semanas. Con el reto de impulsar la plataforma, empezará el nuevo curso político, el 1 de septiembre, pero horas después afrontará la primera cita marcada en rojo en el calendario del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a cuenta de la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y tiene muchos más frentes abiertos de cara a septiembre, coincidiendo además con el cierre de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para llevar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, las últimas cuentas públicas del Ejecutivo.

Solo en septiembre, el departamento de la vicepresidenta segunda espera llevar al Consejo de Ministros la ley que dote de un marco jurídico a las trabajadoras del hogar y les permita cobrar el subsidio por desempleo. También debe avanzar en las reuniones con sindicatos y patronal para culminar el estatuto del becario.

Esto es lo más inmediato, pero en los próximos meses, además, tiene pendiente culminar los trabajos del nuevo Estatuto de los Trabajadores; la prometida transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo; la actualización de la ley de cooperativas y la de las empresas de inserción. Por no hablar de los desafíos de las empresas de reparto a la 'ley rider', aprobada el año pasado, a las que el Ejecutivo avisa de que la norma debe cumplirse "de forma radical".

Foto: La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/Mariscal)

Y esto es solo lo que toca a su cartera, ya que todo Unidas Podemos presionará en solo unas semanas para que se apruebe por fin la ley de vivienda, o la reforma de la conocida como ley mordaza, que sigue en vía muerta. Todo, bajo la ofensiva del PP en materias como el decreto de ahorro energético, que podría recrudecerse en septiembre, cuando toca presentar ante Bruselas un plan de ahorro aún más amplio.

Más allá de la previsible actividad parlamentaria a finales de agosto (hay varias normas pendientes de recibir el aval del Congreso de los Diputados), y del primer Consejo de Ministros, el 23 de agosto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo arrancará el curso volcada en su "proceso de escucha". Sumar, la plataforma que debería cristalizar en su candidatura a las elecciones generales, previstas para diciembre de 2023, tiene agendada su próxima parada en O Courel, Lugo, el 1 de septiembre.

Inmediatamente después, el 2 de septiembre, Trabajo ha convocado a la comisión de expertos que asesora al Gobierno sobre la subida del salario mínimo. Las diferencias entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, a cuenta de la pertinencia de subir o no el SMI, han sido una constante en la vida de la coalición.

Foto: El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (EFE/Fernando Villar)

En esta ocasión, sin embargo, Calviño no ve con malos ojos la subida, y Díaz cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez, que ha confirmado públicamente la intención del Gobierno de incrementar el SMI hasta equipararlo al 60% del sueldo medio. La clave está ahora en las cifras: si esa comisión de expertos revisa la horquilla recomendada de subida, de 1.011 a 1.049 euros, basada en datos que pueden haber quedado obsoletos, y ante una inflación "desbocada", en palabras de Díaz, el pulso radicará en cuánto se incrementa el salario mínimo.

Y, aunque formalmente aún no hay nada convocado, todas las partes implicadas dan por hecho que Trabajo se reunirá seguidamente con los agentes sociales, para tratar de llegar a un nuevo acuerdo. La patronal solo apoyó la primera de las tres subidas en esta legislatura (2020, de 900 a 950 euros), y las otras dos tuvieron únicamente el respaldo de los sindicatos. En esta ocasión también ha expresado su rechazo a nuevas subidas, y parece difícil que vaya a sumarse.

La potestad de subir el salario mínimo es exclusiva del Gobierno, pero Díaz lleva por bandera su apuesta por los acuerdos en el marco del diálogo social: en la negociación radica buena parte de su capital político. La intención es buscar un acuerdo de ambas partes, para aprobar el incremento del SMI en diciembre. Es tradición que el Ejecutivo lo fije en diciembre, aunque hasta la fecha este Gobierno no ha logrado iniciar el año con el SMI ya fijado, y ha tenido que aprobarlo después, con efecto retroactivo (en enero de 2020, justo cuando acababa de tomar posesión la coalición, en septiembre de 2021 y en febrero de 2022).

Foto: Foto: Reuters.

Además, ese mismo mes está previsto que Trabajo lleve al Consejo de Ministros el real decreto que permitirá a las trabajadoras domésticas cobrar el subsidio por desempleo. Después de la ratificación por parte del Congreso del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en junio, el ministerio anunció una nueva norma que regulase el cobro de esta prestación, además de consolidar otros derechos para equipararlas con el resto de trabajadores. La intención era aprobarla en julio, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó el retraso aludiendo a "ajustes técnicos".

Inmediatamente después, o en paralelo, el ministerio y los agentes sociales deberían retomar las reuniones para acordar el nuevo estatuto del becario, que pretende acabar con los falsos becarios. Desde 2020, la Inspección de Trabajo ha detectado más de 3.000 casos fraudulentos en esta materia.

La CEOE es quien más reticencias ha planteado en esta materia, según fuentes sindicales. La cotización por desempleo y la compensación de gasto obligatoria para las empresas son dos de los puntos de fricción, y la última reunión, el 13 de julio, se prolongó durante varias horas. En septiembre deben reanudarse estos trabajos, con la idea de sellar un acuerdo antes de finales de año.

Foto: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (c), asiste a la concentración de empleadas del hogar. (EFE/Zipi)

Pero en ese mes, además, el ministerio de Díaz prevé otra batalla frente a las empresas de reparto que tratan de burlar la aplicación de la 'ley rider', pionera en Europa. Uber Eats ya ha comunicado al ministerio que volverá a contar con repartidores autónomos a pesar de esta norma, que precisamente prohíbe considerarles autónomos. "Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", es la frase que más repitió Díaz antes de la aprobación de la norma, hace poco más de un año.

Pérez Rey ha avisado de que el ministerio será implacable y exigirá el cumplimiento "radical" de la ley. También ha abierto la puerta a perseguir a las empresas por la vía penal, y ha dejado claro que los restaurantes que contraten servicios de quienes vulneren la ley pueden ser considerados "eventuales responsables" de estos incumplimientos.

Y estos objetivos deben ir de la mano de los trabajos para culminar la elaboración del llamado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI: una norma que pretende dar la vuelta a las relaciones laborales, un compromiso recogido en el pacto de coalición y otro de los grandes frentes abiertos para Díaz.

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/Caroline Blumberg)

Pendientes, además, quedan la actualización de la ley de cooperativas y la de empresas de inserción, o la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo, con la vista puesta en acompañar y orientar de forma "individualizada" en la búsqueda de trabajo. La norma que regula esta transformación es la Ley de Empleo, aprobada en junio por el Consejo de Ministros, que debe arrancar su tramitación en el Congreso a partir del mes entrante.

Y, aunque no lidere estas conversaciones, Trabajo está presente en la mesa de diálogo social sobre el pacto de rentas que reclama el Ejecutivo, que de momento permanece en el limbo, después de un par de reuniones sin avances reseñables.

Por otro lado, esto es lo que toca únicamente a su papel en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero Díaz también tiene que contribuir a pelear algunas de las iniciativas que reclama Unidas Podemos, entre ellas la comprometida ley de vivienda, o la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, hoy estancada en la Cámara Baja.

Foto: Yolanda Díaz, Pablo Iglesias e Ione Belarra. (EFE/Pool/Mariscal)

Eso por no hablar de los difíciles equilibrios dentro de la coalición en que está integrada, Unidas Podemos, en la que los morados llevan la voz cantante, pero en la que Díaz no milita (únicamente tiene carné del PCE, dentro de Izquierda Unida). Hoy por hoy, la formación liderada por Ione Belarra reclama una relación de igual a igual con la futurible plataforma de Díaz, una coalición con dos sujetos políticos principales. Y en la que el resto de fuerzas integradas en Unidas Podemos (IU, En Comú Podem), pero también potenciales aliados como Compromís o Más País, sí puedan entrar bajo el paraguas de Sumar (o "como leches se termine llamando", como lo describió Pablo Iglesias), y no así el partido morado.

Todo, en un año en el que ya suenan con fuerza los tambores de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en que los sondeos pronostican duras derrotas para la izquierda, una sangría de votos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Díaz ya ha dicho que su plataforma no estará lista para estos comicios, pero las tensiones en el resto de actores para conformar listas y elaborar programas se dan por hechas.

Foto: Yolanda Díaz en la presentación de 'Sumar'. (EFE/Zipi Aragón)

Unidas Podemos es una coalición que caducará cuando Sánchez convoque elecciones y la vicepresidenta segunda lo sabe. Habrá pulsos y negociaciones y todas las fuerzas tienen aún muy presente que el descalabro de la izquierda en Andalucía se debe, en gran parte, a las luchas de poder. La insistencia de Podemos en marcarle el guion o la destitución de Enrique Santiago como secretario de Estado de la Agenda 2030, después de lo ocurrido en Andalucía (y de su insistencia por pedir a los partidos que queden en un segundo plano para seguir a Díaz), dan buena cuenta de las dificultades que están por venir. De momento, Díaz ha evitado entrar al trapo.

El ritmo de la vicepresidenta segunda es frenético, pero los frentes se le acumulan. La reforma laboral era su apuesta política más destacada. Después de su aprobación por la mínima en el Congreso, gracias al error del diputado del PP Alberto Casero, Yolanda Díaz aseguró que, de haber cosechado una derrota parlamentaria, habría dimitido. Logró sacarla adelante por un solo voto, pero hoy sigue con muchos frentes abiertos y queda menos de un año de actividad ordinaria en el Congreso. Eso, en el mejor de los casos, si Pedro Sánchez no pulsa antes el botón nuclear del adelanto electoral.

Yolanda Díaz ha acaparado muchas portadas a cuenta de Sumar en las últimas semanas. Con el reto de impulsar la plataforma, empezará el nuevo curso político, el 1 de septiembre, pero horas después afrontará la primera cita marcada en rojo en el calendario del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a cuenta de la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y tiene muchos más frentes abiertos de cara a septiembre, coincidiendo además con el cierre de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para llevar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, las últimas cuentas públicas del Ejecutivo.

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