El efecto Ayuso cala en el PP: nuevo frente contra Sánchez por el gasoducto a Alemania

El PP lleva ya dos semanas de enfrentamiento constante a cuenta del real decreto-ley de ahorro energético, con la Comunidad de Madrid dos pasos por delante en la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que ahora hay que sumar un nuevo frente por el gasoducto que reclama Alemania y que el Ejecutivo espera tener listo en 8 o 9 meses. Un plan que toma fuerza según pasan los días, a medida que la estrategia de confrontación de Isabel Díaz Ayuso cala entre los populares.

La ofensiva del PP contra el Ejecutivo es un anticipo del curso político que arrancará a finales de mes, previsiblemente marcado por nuevos enfrentamientos entre el Gobierno y el partido que lidera la oposición. De fondo, suenan los tambores de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y, sobre todo, de las generales previstas inicialmente para diciembre de 2023.

Este viernes hubo un breve espejismo de paréntesis en esta guerra. Pero tampoco. El PP apoyó la construcción del tramo de alrededor de 226 kilómetros de las tuberías que deberían impulsar gas desde Cataluña hasta la frontera francesa, en los Pirineos. Lo anunció el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, para inmediatamente criticar que el Ejecutivo haya ido dejando "en segundo plano" la construcción de una infraestructura que vuelve a cobrar visos de materializarse tras reclamarla el canciller germano, Olaf Scholz.

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Para Rollán, es "absolutamente necesaria", si bien el Gobierno no le ha dado "ni el impulso ni la reivindicación" pertinente. Por su parte, el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, se hacía eco en Twitter de las palabras de la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que citaba a la propia Teresa Ribera, en 2019, cuando tildó de "ruinoso" el proyecto del MidCat, para denunciar la falta de coherencia en el discurso de la vicepresidenta tercera.

Dice ahora que España siempre "ha reivindicado una mayor interconexión" a través del gasoducto Midcat. En 2019 dijo en el Senado que era un "proyecto ruinoso" y aventuraba una "curva descendente del gas en la presencia del mix energético", escribió Martín. Es la misma consejera del Gobierno de Ayuso que anunció el recurso ante el Constitucional y afirmó que el decreto de ahorro energético "nos hará más pobres". Martín, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2019, es una de las personas de su círculo más cercano. Y, una vez más, Madrid lograba marcar la respuesta a Génova, que cargaba contra el Gobierno a cuenta de estas palabras.

Sol también ha llevado la delantera en las dos semanas de oposición al decreto energético (desde que fue aprobado en Consejo de Ministros) e incluso ha ido más allá que el PP nacional y las otras cuatro comunidades autónomas gobernadas por los populares, hasta el punto de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de competencias.

El PP nacional, como los Gobiernos de Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia, no contemplan recurrir la norma ni tampoco amenazaron con incumplirla. Incluye medidas que el propio Feijóo había reclamado semanas antes al Ejecutivo central y las contradicciones en esto, pero también en las formas, han sido evidentes. Su posición se ha mantenido siempre en que debe ser revisado y consensuado con las comunidades autónomas.

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Sin embargo, Génova ha dejado claro que todos los territorios cuentan con autonomía y que seguirán dándose diferencias en fondo y forma entre el discurso de Ayuso y el del líder nacional, pero también con respecto a otros presidentes autonómicos como el andaluz Juanma Moreno. Aunque en un inicio la reacción fue más moderada, el PP nacional ha llegado a referirse al decreto como "cartilla de racionamiento energético".

El Gobierno, por su parte, se ha servido de estas diferencias para criticar la supuesta ausencia de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo para presentarlo como un presidente nacional incapaz de hacer valer su autoridad, incapaz "de poner orden", según distintos ministros. Un líder que no se atreve a enfrentarse a la presidenta de Madrid y que ha hecho de la "confrontación" con el Ejecutivo central su bandera.

Según el relato del Gobierno, en estas dos semanas de guerra sin cuartel, Isabel Díaz Ayuso es quien mueve los hilos. Y por eso el PP acabó reclamando la retirada de parte del decreto. También exigió modificar la convocatoria de una reunión técnica con las comunidades sobre la norma (con respecto a directores generales), para exigir una de corte político, con representación de todos los consejeros autonómicos.

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Tras esa reunión, el Gobierno salió en tromba a afear que ninguno de los consejeros autonómicos hubiese planteado dudas. Lo que querían, expresó Teresa Ribera, es forzar la retirada de un decreto para el que no había vuelta atrás y en el que no estaban dispuestos a mover una coma.

Los choques con el PP pueden recrudecerse en semanas. Ribera ha emplazado a todas las comunidades autónomas a trasladarle propuestas para estudiar su inclusión en el plan de contingencia que el Ejecutivo presentará ante Bruselas en septiembre. Se trata del plan de ahorro con el que debe garantizar la reducción de un 7% de la factura energética de cara a los posibles cortes de suministro de gas desde Rusia. Las medidas aprobadas son una avanzadilla y en un mes serán necesarias otras tantas.

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En paralelo, el PP ha reclamado la comparecencia de Ribera en el Congreso para explicar los planes del Gobierno ante la sequía y ante los incendios, y para detallar la situación de las reservas hídricas (en torno al 39% de su capacidad), o de la situación tras los fuegos que están asolando miles de hectáreas del territorio nacional. Previsiblemente, se producirá a finales de mes, antes del comienzo del nuevo periodo de sesiones.

Con todo, el PP ha seguido tendiendo la mano a Pedro Sánchez en lo que toca a energía, aunque no ha aclarado qué votará cuando el real decreto con medidas de ahorro energético llegue al Congreso, a finales de agosto. El Gobierno confía en sacarlo adelante con el apoyo de sus socios, aunque estos hayan criticado la improvisación de estas medidas o la ausencia de diálogo previo. Así lo hicieron ERC y el PNV, dos de los socios fundamentales del Ejecutivo.

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Dado el rechazo de Unidas Podemos a aumentar el gasto militar, el PSOE podría requerir del apoyo del PP en la Cámara. Y lo necesitará, sí o sí, para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, hace más de tres años y medio.

Los puentes para este entendimiento saltaron por los aires, una vez más, cuando el Gobierno decidió enmendar su propia ley y forzar al CGPJ a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde escoger antes del 13 de septiembre; el Ejecutivo hará lo propio con los magistrados que le tocan.

Teniendo en cuenta que esta ley fue el argumento esgrimido por los conservadores para levantarse de la mesa de negociación sobre el CGPJ, el precedente de la batalla sobre el decreto ley de ahorro energético y que la elaboración del plan ante Bruselas está abierto, quedan pendientes muchas peleas entre el principal partido de la oposición y el Gobierno.