El Gobierno fía el plan energético a sus socios y se niega a replantear los detalles del decreto

El Gobierno no moverá ni una coma de su real decreto-ley de medidas de ahorro energético, a pesar de las críticas cosechadas principalmente entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero también en Cataluña y el País Vasco, gestionadas por dos de sus socios parlamentarios fundamentales, ERC y PNV. Y de la misma forma que se expresó este lunes la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, fuentes del Ejecutivo afean a estos territorios que no les hayan hecho llegar hasta hoy una sola propuesta concreta en torno a esta materia.

El decreto no se toca ni se retrasa, han afirmado tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la propia Ribera, tras la conferencia sectorial de energía de este lunes. El marco en el que están dispuestos a aceptar propuestas de las comunidades autónomas es la presentación ante Bruselas del plan de contingencia español, previsto para septiembre.

El real decreto es una suerte de avanzadilla con medidas "sencillas" de aplicar, según el Ejecutivo, y será de cara al plan para la Comisión Europea cuando las comunidades podrán hacer aportaciones. "Estaremos contentos" de recibirlas, decía Ribera, reclamando que las envíen antes del 31 de agosto, para poder estudiar su inclusión en el documento que remitirán a Bruselas.

Hoy por hoy, no hay fecha para nuevos encuentros entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Lo que está claro es que el real decreto debe recibir el aval del Congreso de los Diputados antes del 2 de septiembre, cuando transcurre un mes desde su aprobación, por lo que todo apunta a que el Ejecutivo pedirá celebrar un pleno extraordinario durante la última semana de agosto, o incluso en la penúltima semana del mes.

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Y, pese a las críticas, fuentes de Moncloa ven alineados a los socios parlamentarios y no esperan un escenario difícil para la convalidación del real decreto-ley. En el contexto actual de fragmentación parlamentaria, y después de sobresaltos como la aprobación por la mínima de la reforma laboral, cada voto puede ser decisivo.

Además, la votación de este real decreto —y de otras normas, en una suerte de examen de recuperación para el Gobierno— tendrá lugar escasas semanas antes de que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 aterrice en la Cámara Baja. Esta votación, junto con la del resto de iniciativas pendientes, servirá para tomar la temperatura de la relación del Ejecutivo con sus socios en un momento clave.

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Los últimos desencuentros a cuenta del anteproyecto de ley de secretos oficiales, aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del curso, también han tensionado a los socios parlamentarios, en especial al PNV, que lleva años reclamando una norma que derogue la actual ley franquista y exige desclasificar los documentos en 25 años, la mitad del plazo que recoge el anteproyecto de Moncloa. Además, Sánchez firmó la paz con ERC en el debate sobre el estado de la nación, si bien los republicanos contribuyeron días después a que el Senado devolviera tres leyes al Congreso, retrasando su aprobación definitiva.

De hecho, el decreto energético fue acogido entre duras críticas por parte del Gobierno del País Vasco, pero también de la Generalitat catalana. En el Congreso, tanto el PNV como ERC han reprochado en decenas de ocasiones al Ejecutivo su falta de diálogo. Hoy, desde el Gobierno vasco han bajado el pistón, celebrando "con agrado" esta reunión, por suponer "una oportunidad al contraste y al diálogo" sobre el decreto. También han recogido el guante y se han comprometido a "colaborar de forma estrecha", remitiendo el borrador del plan de ahorro autonómico al ministerio, al resto de comunidades y a los ayuntamientos. Han reclamado que el plan de contingencia que se eleve finalmente a Bruselas sea "previamente contrastado con las CCAA".

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Con tono cordial, pero dejando claro que exigen ser escuchados antes de que la propuesta de España llegue a Bruselas, desde el País Vasco se mostraban bastante menos combativos que desde Cataluña. Tras finalizar la reunión, desde el Govern la han catalogado como una "pérdida de tiempo". El secretario de Empresa y Competitividad catalán, Albert Castellanos, aseguró que "no se ha resuelto ninguna de las dudas generales", ni tampoco "se ha tenido en cuenta ninguna de las críticas", además de incidir en el carácter precipitado que aprecia en el decreto.

Fuentes de ERC, además, afirmaron que son conscientes de la necesidad de impulsar medidas de ahorro energético, pero criticaron la "falta de consenso" del Gobierno con el resto de administraciones y con los agentes sociales.

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Con todo, PNV y ERC hablaban luciendo sus galones institucionales en sus respectivos territorios, no aludían a sus representantes en el Congreso, pero estos grupos parlamentarios no suelen alejarse de las líneas marcadas desde sus territorios. Por eso, en el Gobierno insistían en que no prevén grandes problemas para sacar adelante esta norma. También presumían del apoyo de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), dado a conocer durante la tarde, y hasta señalaban que quien está hoy en serios aprietos es el PP.

Durante la última semana, el Ejecutivo se ha volcado en tratar de erosionar a Alberto Núñez Feijóo a cuenta de la amenaza de Isabel Díaz Ayuso de no aplicar el decreto en la Comunidad de Madrid. Con las cinco comunidades gobernadas por el PP reclamando la retirada de una parte sustancial de esta norma (Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia), en el Gobierno insistían en que la pelota está en el tejado de la presidenta madrileña.

Ni una sola de las comunidades críticas ha avanzado que planee incumplir el decreto, apuntaban, mientras Ayuso confirmaba su recurso ante el Tribunal Constitucional. Recuerdan que afirmó que "Madrid no se apaga" y hoy destacan que, si cumple su palabra, incumplirá la Constitución.