Ayuso y Vox presionan con la vía judicial frente a la cautela de Génova con el decreto energético

Cuando faltan unos días para que empiecen a entrar en vigor las primeras medidas del decreto de ahorro energético, la polémica política no cesa. Pero hay distintas formas de afrontar la crítica a esta medida del Gobierno. En el extremo más duro están Vox e Isabel Díaz Ayuso, que apelan a la vía judicial para confrontar con la iniciativa de Pedro Sánchez. El caso de la dirigente madrileña es llamativo, porque contrasta con la cautela de la dirección de su partido, que mantiene abierta la vía pactista, a pesar de que acusan al presidente socialista de "imponer" unas normas que "mantienen a todo el mundo alterado", según dijo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, mantuvo este jueves la postura que ya adelantó el martes, cuando abrió la posibilidad de llevar el texto del Gobierno al Tribunal Constitucional. Lejos de la insumisión que deslizó Díaz Ayuso al poco de conocerse el texto, su número dos insistió en la posible inconstitucionalidad del régimen sancionador, según un estudio de "varios catedráticos y profesores universitarios".

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El también consejero de Educación explicó que se puede repetir la situación de las multas asociadas al estado de alarma durante la pandemia por la dificultad para aplicar las infracciones. "La torpeza increíble ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y edificios", abundó Ossorio, que aludió a posibles incumplimientos de la normativa sobre seguridad laboral, que establece que no puede haber más de 25 grados en actividades de trabajo ligero, frente a los 27 del decreto estatal.

El vicepresidente de Castilla y León y dirigente de Vox, Juan García-Gallardo, también cree necesario acudir al alto tribunal con una norma de ahorro energético que, asegura, va a "engañar y arruinar" a los españoles. Para abordar esta posibilidad, el número dos del Ejecutivo castellanoleonés solicitó una reunión a su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, para estudiar el recurso al Constitucional. El guion es un calco del utilizado por Vox con los decretos del estado de alarma, que fueron declarados inconstitucionales, lo que dificulta el cobro de las multas impuestas en los dos periodos en los que estuvieron vigentes.

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El gesto de García-Gallardo ha generado dos situaciones llamativas. Por un lado, según fuentes del PP en Castilla y León, el mutismo de Fernández Mañueco, que no se pronunció al respecto. Y por otro, el hecho de que la dirección nacional de Vox no haya propuesto ir al Constitucional, cuando cuenta con el número de diputados necesario para hacerlo. En el actual escenario autonómico, el único lugar donde Vox tiene influencia real es precisamente en Castilla y León. Como ocurrió en Andalucía en la pasada legislatura, Vox emplea los altavoces más ruidosos, allí donde sus votos son cruciales. La mayoría absoluta de Juanma Moreno les ha privado de esta práctica en Andalucía, mientras que en Madrid todo el ruido lo hace el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La respuesta incisiva del Gobierno madrileño y el vicepresidente castellanoleonés de Vox dista del discurso de sus partidos. Vox, en su tono cáustico habitual contra Sánchez y contra las políticas climáticas, se ha limitado a pedir la derogación del decreto. En una proposición de ley registrada el jueves en el Congreso, reclaman también la puesta en marcha de un plan de contingencia energético que asegure el suministro eléctrico. Para lograrlo, afirman, hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares y paralizar los planes de desmantelamiento de las térmicas de carbón. En un matiz más ideológico, Vox quiere que se derogue la ley de cambio climático y activar una estrategia de soberanía energética que habla incluso de explotaciones de gas y materiales necesarios para elaborar combustible nuclear.

La diferencia de estilos llama aún más la atención en el caso de los populares. Aunque ya nadie pone en duda el cumplimiento del texto, en el discurso de Génova no hay ni rastro de esa apuesta por la vía judicial que hace el equipo de Isabel Díaz Ayuso. La secretaria general del PP, en un acto celebrado en Jerez de la Frontera, no escatimó en críticas a Pedro Sánchez, pero en todo momento abogó por activar el pacto de Estado energético que Alberto Núñez Feijóo ya había planteado. Esta entente ya fue abordada en el Senado y fue rechazada por los partidos que apoyan al Gobierno central. El principal motivo de disenso es el uso de la energía nuclear.

Las cinco centrales nucleares que hay en España (Almaraz, Vandellós, Ascó, Cofrentes y Trillo) produjeron en 2021 el 20% de la energía. El calendario de apagado previsto cuenta con que todas estarán apagadas en 2035, pero el proceso comenzará antes, en 2027. La propuesta del PP es revisar este plan para poder utilizar la energía nuclear durante el proceso de descarbonización de la generación de energía en el país. Para ello, cuenta con el aval de la Comisión Europea, que recientemente calificó como verdes tanto la energía nuclear como el gas natural. Por más que cuente con el aval de Bruselas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no está por la labor de mantener las centrales nucleares activas más tiempo del previsto.

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La idea del PP para paliar la crisis energética pasa por "aprovechar todo el potencial energético" de España "por encima de prejuicios ideológicos". "Somos el único país de la UE que no se plantea alargar la vida de las centrales nucleares", defendió Gamarra, que también pidió a Pedro Sánchez que "reconduzca" las relaciones diplomáticas con Argelia para garantizar la llegada del gas natural del país magrebí. Hasta el viraje del presidente en las relaciones con Marruecos, enemigo histórico de Argel en su área de influencia, Argelia era el principal suministrador de gas a España.

Siguiendo la batuta de Génova, el resto de comunidades gobernadas por el PP, es decir, Murcia, Galicia, Andalucía y la mencionada Castilla y León, han venido criticando en los últimos días el contenido "estético" del decreto energético, y lanzándose contra la "imposición" de Sánchez por no haber consensuado el contenido de la iniciativa con los territorios y los sectores afectados antes de ponerla en marcha.

Sin embargo, ninguno de los barones populares se ha decidido a seguir a Ayuso en su cruzada contra Sánchez en los tribunales. El Gobierno de Juanma Moreno fue el que se desmarcó antes y de forma más clara de la 'guerra energética' de Madrid, mientras Castilla y León da la callada por respuesta y Galicia rechaza una "oposición frontal" en un contexto de emergencia energética económica. Ni siquiera Murcia, liderada por Fernando López Miras, seguirá la vía judicial, pese a haber elevado el tono en los últimos días.

Dudas en comunidades del PSOE

El PP insiste en la negociación de una medida que no solo escuece entre los gobiernos autonómicos que dirige la derecha. El País Vasco había anunciado una insumisión similar a la planteada por Isabel Díaz Ayuso, ya que, aseguraban en Vitoria, tenían su propio plan, que entrará en vigor el 1 de septiembre. El lendakari, Iñigo Urkullu, matizó estas palabras este jueves al asumir el cumplimiento de la norma, pero no sin afear al Ejecutivo de Pedro Sánchez la falta de diálogo con las comunidades y con los sectores afectados.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, celebró el cambio del Ejecutivo vasco —compartido entre PNV y PSE— y admitió que "si ha faltado diálogo, habrá que suplirlo". Pero la crítica de Euskadi no es la única procedente de un gabinete con presencia socialista. El Gobierno aragonés de Javier Lambán admitió la falta de personal para controlar que se cumplan las medidas del decreto, mientras que el castellano-manchego de Emiliano García-Page considera que debe ser la Policía Local quien se encargue.