Baltasar Garzón vuelve a acudir a la ONU para ser rehabilitado como juez

El exjuez Baltasar Garzón ha denunciado ante el relator especial de la ONU para el seguimiento de los dictámenes que el Gobierno español no le ha compensado un año después del informe del Comité de Derechos Humanos, que concluyó que se habían vulnerado sus derechos al expulsarle de la carrera.

En el escrito [puede consultarlo aquí] enviado al relator y remitido a los medios, le pide que "haga cuanto esté a su alcance" para interceder ante el Ejecutivo español y garantizar que recibe sin más dilaciones una "reparación integral", incluyendo su reingreso en la judicatura, reconocimiento y compensación. "Expresamos nuestra profunda preocupación por el llamativo desprecio de los derechos humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del Estado español representa", destacan sus abogados en un comunicado.

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Garzón pide que se emita un informe sobre el incumplimiento por parte del Estado español, que, según apunta, tenía de plazo hasta el pasado 25 de abril para cumplir el dictamen condenatorio.

El Comité de Derechos Humanos decretó que la condena penal impuesta al entonces juez de la Audiencia Nacional por ordenar que se interceptaran las comunicaciones entre imputados y abogados del caso Gürtel fue "arbitraria e imprevisible" y recordó que los individuos cuyos derechos hayan sido violada tienen derecho a "una reparación integral". "El Estado parte tiene la obligación de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido", concluyó el Comité.

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El exjuez entiende que una reparación integral debe implicar la eliminación de sus antecedentes penales y su restitución en su puesto de juez, una disculpa pública por parte del Estado, la publicación del dictamen en el Boletín Oficial del Estado y el pago de una indemnización por los daños materiales y morales sufridos, además de reformar la ley para que casos como el suyo no se repitan.

Según explica su abogada Helen Duffy, el Gobierno tenía de plazo hasta el pasado febrero para cumplir con el dictamen y solicitó una extensión hasta abril, pero "no ha mostrado ningún esfuerzo por abordar las graves cuestiones que sustentan este caso, ni por ofrecer ninguna forma de reparación por las violaciones identificadas por el Comité".