El juez cita como imputados a tres jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como imputados a tres exjefes de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años. Los investigados son José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'; Miguel Albisu Iriarte, alias 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguire, alias 'Anboto'. El auto argumenta que, como miembros del "Comité Ejecutivo" de ETA (ZUBA), los tres pudieron incurrir en delitos de secuestro y asesinato terrorista. "En resolución separada se señalará la fecha y hora de las declaraciones acordadas", explica el magistrado.

En el caso de Anboto y Mikel Antza, García Castellón no ha acordado ninguna medida adicional, pero la citación Kantauri resulta más complicada: pese a encontrarse en una prisión española, este fue entregado por las autoridades francesas por hechos distintos al asesinato de Blanco. El Tribunal de Apelación de París, de hecho, rechazó ampliar la entrega por este crimen el pasado mayo, por lo que el magistrado ha acordado emitir ahora una "nueva orden europea de detención y entrega".

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La imputación de los tres se apoya en un informe de la Guardia Civil que se centra en el llamado "Comité Ejecutivo" de ETA (ZUBA) y en su papel en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Según este oficio, los investigados, como miembros de este órgano, no serían los ejecutores materiales del crimen, pero tuvieron "una participación en comisión por omisión". El Instituto Armado apunta para ello a "la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista", lo que les habría permitido detener el secuestro "durante las más de 48 horas en las que se prolongó" y, por tanto, evitar también el asesinato de Blanco.

El auto del magistrado, que ya fue instructor de la investigación hace 25 años, explica en este sentido que, tras la caída de la cúpula de ETA en la localidad francesa de Bidart en 1992, la organización terrorista "diseñó una nueva estrategia político-militar orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento". Para lograr este objetivo, ETA puso en marcha un nuevo "Comité Ejecutivo" entre 1993 y 1994 que "participó en el diseño, planificación y puesta en marcha (...) de esa nueva estrategia terrorista".

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Entre las acciones orquestadas por la cúpula terrorista, el magistrado destaca "el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español como objetivos de las acciones terroristas de ETA", así como la comisión de acciones terroristas de "gran poder desestabilizador". De esta manera, con un "Comité Ejecutivo" del que formaban parte Kantauri, Mikel Antza y Anboto, los años 90 se vieron marcados por ataques terroristas como "el secuestro durante 532 días del funcionario de prisiones D. José Antonio Ortega Lara" o el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El magistrado, de hecho, también considera responsable del crimen a otro miembro de este Comité Ejecutivo —Ignacio de Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'—, pero apunta a que, en su caso, los delitos ya habrían prescrito. La diferencia entre unos y otros para sortear la prescripción sería la siguiente: en el caso de Kantauri, el magistrado ordenó su detención en 2016 por esta misma causa, por lo que la prescripción se habría visto paralizada. En el caso de Mikel Antza y Anboto, "su participación en los hechos" no habría acabado hasta su detención en 2004, por lo que todavía no se ha cumplido "el plazo de 20 años" que les eximiría de ser investigados.

Kantauri, Mikel Antza y Anboto

El magistrado cita a los tres exjefes de ETA tras la querella presentada el pasado 6 de febrero por la Asociación Dignidad y Justicia. Una vez admitida a trámite, García Castellón solicitó el mencionado informe a la Guardia Civil y, a la vista de las conclusiones que expone el mismo, ahora procede contra Kantauri, MIkel Antza y Anboto.

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A lo largo de 18 páginas, el magistrado incide en el papel que jugaba cada uno dentro del "Comité Ejecutivo" de ETA en julio de 1997, cuando se produjo el asesinato de Blanco: Kantauri "desempeñó funciones de responsabilidad en el 'aparato militar" desde noviembre de 1994, cuando fue detenido su anterior responsable, hasta marzo de 1999, cuando él mismo fue arrestado en París. Mikel Antza fue el "responsable del 'aparato político' de ETA desde mediados de 1994 y mantuvo este cargo hasta el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia). Anboto "fue la principal responsable de los comandos 'legales' de la organización terrorista" y "dirigente del 'aparato militar" entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando se hizo cargo de las finanzas y gestión de los zulos hasta su detención en 2004.

De esta manera, todos ellos se situaron en la cúpula de "una organización jerarquizada y estructurada", encontrándose el resto de etarras "sometidos a la disciplina y las órdenes" que ellos mismos dictaban. Entre ellos, los integrantes del comando Donosti a los que la Justicia señaló como autores materiales del secuestro y posterior asesinato de Blanco: Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’; su pareja Irantzu Gallastegui Sodupe, y Jose Luis Gueresta Múgica, cuyo cadáver apareció dos años después del crimen en un descampado con un tiro en la sien. "Según la propia sentencia en la que los dos primeros fueron condenados, cometieron la acción terrorista siguiendo las instrucciones recibidas de la ´dirección' de ETA", advierte García-Castellón. "Por todo ello, los referidos (...) deben ser llamados a declarar".