Yolanda Díaz cierra filas con Podemos en su órdago a Pedro Sánchez

Yolanda Díaz arrancará este viernes una nueva fase de su trayectoria política en la que combinará su papel como vicepresidenta segunda con el de potencial candidata a la presidencia del Gobierno. A año y medio de las elecciones generales, previstas para finales de 2023, el lanzamiento de la plataforma Sumar viene acompañado de un endurecimiento del perfil conciliador de Díaz para mirar de tú a tú a Pedro Sánchez. En Moncloa no pueden evitar trazar una línea de puntos entre el último conflicto en el seno de la coalición por el incremento del gasto social con la necesidad de Díaz de marcar distancias de cara a la presentación oficial de su proyecto político. Igualmente, deslizan como explicación las desavenencias entre Díaz y la dirección del partido morado, pero la vicepresidenta segunda ha optado por cerrar filas con los suyos y asumir un mayor liderazgo en forma de desafío al PSOE.

La activación del freno de emergencia de la coalición, solicitando una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno como protesta por la ampliación del crédito de 1.000 millones de euros para Defensa, se produjo a petición propia de Yolanda Díaz. Antes de ello, había consensuado con la dirección de Podemos elevar la lista de exigencias para negociar los presupuestos con el PSOE y también la decisión del grupo parlamentario de rechazar con su voto en el Congreso la ampliación de buques de guerra del Ejército norteamericano en la Base Naval de Rota. La gallega ha cambiado el paso a Sánchez tras una semana en la que había reforzado su imagen en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid.

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El capital político cosechado por el jefe del Ejecutivo y celebrado en Moncloa ha quedado desplazado por una nueva crisis de la coalición que vuelve a resituar el foco sobre el desgaste de Sánchez. Todo ello, apenas unos días antes de que se celebre el debate sobre el estado de la nación, donde la intención del Gobierno es hacer balance, poner en valor su gestión e insistir en que tiene oxígeno para llegar al final de la legislatura. Frente a ello, las divisiones en el seno de la coalición ofrecen munición a la oposición para instalar un clima de transitoriedad y agotamiento de la coalición.

Díaz marca perfil propio imponiendo límites a Sánchez. Según trasladan desde el sector minoritario en el Gobierno, para hacerle girar a la izquierda. Critican la falta de rumbo y los bandazos en un contexto de creciente inflación, cuya respuesta entienden que debe pasar por medidas más ambiciosas.

Más allá de la reunión de la comisión de seguimiento, en la que se sientan representantes de ambas partes del Gobierno y de los grupos parlamentarios, Díaz aspira a sentarse con Sánchez para reconducir la situación mano a mano. Hasta el momento, no ha habido conversaciones entre ambos, según coinciden en reconocer fuentes de Moncloa y del entorno de la vicepresidenta segunda. “Estoy segura de que tanto el presidente como yo misma llegaremos a un punto de encuentro”, apunta Díaz desde Roma tras participar este jueves en un encuentro con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolas Schmit.

La líder de Unidas Podemos avanzaba que la negociación para los presupuestos será "más intensa de lo normal", aun apostando por buscar “todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo”. Sin embargo, desde la parte socialista del Ejecutivo subrayan que el incremento del gasto en Defensa no es negociable, para asumir el compromiso adquirido con la OTAN. Para los morados, seguir este camino sin orientar la acción del Gobierno a combatir la inflación con un mayor gasto social pone en jaque las posibilidades electorales de reeditar la coalición.

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La confrontación entre Díaz y la dirección de Podemos por el papel de estos últimos en su plataforma se intenta dejar ahora atrás. El objetivo compartido pasa por empujar conjuntamente las políticas que proponen para paliar esta espiral inflacionista. Sin rehuir para ello el conflicto directo con Sánchez, un extremo que Díaz siempre prefirió evitar para no contribuir al ruido y solventar las discrepancias de puertas adentro.

Como escenificación del cierre de filas, la vicepresidenta segunda participó la pasada semana en un acto organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del Orgullo LGTBI, junto a Irene Montero y Ione Belarra, y a mediados de mes acudirá a la universidad de verano de Podemos, junto a las máximas dirigentes del partido. Durante los últimos meses, Díaz había declinado participar tanto en actos de partido —ni siquiera acudió al congreso en que se ratificó a Ione Belarra como secretaria general en sustitución de Pablo Iglesias— como institucionales con las ministras de Podemos.

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Sin despejarse todavía la incógnita sobre el papel que tendrán los partidos en su plataforma, respecto a la puesta de largo de Sumar, Díaz decía este jueves que “no es verdad que yo haya dicho que no estén los partidos". "Quiero que esté todo el mundo, hago un llamamiento para que estén todas sus gentes”, subrayaba con un mensaje de unidad y volviendo a tender puentes. El perfil de Yolanda Díaz como potencial candidata a la presidencia del Gobierno, un paso que no oficializará hasta el próximo mes de diciembre, cuando culmine el denominado 'proceso de escucha' con la sociedad civil, se erige en la recta final de la legislatura sobre unas premisas más combativas. Se busca así afianzar a las militancias de los partidos a la izquierda del PSOE.

El mantra de que "sin conflicto no hay avances" vuelve a forzar las costuras de la coalición. El pulso por los próximos presupuestos, los últimos de la legislatura y la principal garantía de estirar el mandato hasta finales de 2023, viene marcado por la necesidad de los morados de rentabilizar su presencia en la coalición tras acumular batacazos electorales desde los comicios vascos y gallegos. Para ello, exigen multiplicar el gasto social y una serie de medidas que van desde la reforma fiscal a medidas de choque contra la inflación como 'topar' el precio de los carburantes o seguir bajando el precio del abono transporte hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas, pasando por aumentar en un 15% el Iprem, que es el índice que marca la cuantía de muchas prestaciones sociales en España.