Javier Nadal Ariño: "Las críticas a Amancio Ortega son parte del ideario de Podemos"

Javier Nadal Ariño es el presidente de la Asociación Española de Fundaciones, cargos que ostenta desde 2011, reelegido en 2015 y 2019 tras una brillante trayectoria profesional en España y Latinoamérica. En esta entrevista, sale al paso de la desatención del Gobierno a las más de 9.000 fundaciones en España, subraya su significación económica y social, denuncia el recelo a la filantropía de Podemos y reprocha a Pedro Sánchez que no haya recibido a la AEF para entender sus problemas.

PREGUNTA. La Asociación Española de Fundaciones que usted preside está pendiente de que el presidente del Gobierno les reciba para presentarle las inquietudes de un sector muy importante en la sociedad civil española. ¿A qué atribuye esta demora por parte del presidente?

RESPUESTA. La entrevista con el presidente del Gobierno se pidió para presentarle el 'Manifiesto por la filantropía: mecenazgo aquí y ahora', promovido por la AEF y suscrito por el Cermi, la Asociación Española de Fundraising, la Plataforma del Tercer Sector y otras cuatro organizaciones. Nuestro objetivo no era solo conseguir su apoyo para la ley de mecenazgo, sino trasladarle de primera mano nuestra aportación a la sociedad y proponerle vías para mejorar la colaboración publico-privada desde la independencia, la diferenciación y la complementariedad.

P. Pero no les ha recibido. ¿Cuáles son las principales demandas a la Administración General del Estado por parte de las fundaciones españolas?

R. Fundamentalmente, dos: mejorar la calidad e independencia de los órganos administrativos supervisores y que sus responsables actúen con diligencia. Crear una fundación para actuar en el interés general es una virtud cívica que la Constitución define como un derecho de los ciudadanos. La Administración tiene el deber de proteger el ejercicio de este derecho con plena autonomía de la voluntad del fundador. Los actos del Protectorado y del Registro, con excesiva frecuencia, resultan contradictorios, retroactivos, incomprensibles, arbitrarios o injustificados. Las fundaciones perciben a sus órganos supervisores como obstáculos a superar y no como fuente de inspiración para optimizar su misión. Estas reivindicaciones las resumimos en dos sencillas demandas: unir el Registro con el Protectorado y que este último sea independiente, profesional y colegiado para las decisiones más sensibles.

Mantenemos contactos frecuentes de alto nivel con varios ministerios. A veces avanzamos y otras veces, como ahora, retrocedemos. Hoy, el balance es muy negativo. Por eso insistimos en el impulso necesario del presidente del Gobierno. Queremos saber su implicación y constatar su empatía.

TE PUEDE INTERESAR

Hacer política tras dejar la política: el 61% de los exministros ocupa cargos en fundaciones

María Zuil Cristina Suárez Datos: A.Hernández

P. ¿Cuántas fundaciones hay en España, qué número de empleos ocupan, de voluntarios? ¿Cuántos patronos en total? ¿Cuántos millones de beneficiarios y qué inversión total?

R. Según nuestros datos (porque la Administración no los tiene), en España hay 9.234 fundaciones activas con 267.055 empleados directos y 127.687 voluntarios. Forman una red omnipresente que alcanza a más de 40 millones de beneficiarios de todos los sectores: desde la salud a la discapacidad, de la infancia a la dependencia, de la cultura a la investigación, desde la educación primaria a la formación de posgrado, desde la acción por el clima al desarrollo sostenible. Somos un tejido capilar, cercano a los problemas, que permite canalizar la última milla de la solidaridad española. Lo hacemos aplicando a estos fines 8.499 millones de euros cada año, lo que nos convierte en un sector económico respetable. Un sector singular, sin ánimo de lucro y preocupado por su propia gobernanza, a la que se dedican 82.678 personas que ejercen de patronos, sin retribución alguna, pero con un compromiso responsable.

"Crear una fundación para actuar en el interés general es una virtud cívica que la Constitución define como un derecho de los ciudadanos"

P. ¿Tienen financiación pública o privada?

R. Nuestra financiación es fundamentalmente privada, garantía de independencia. La financiación total procede de cuatro vías principales. La primera es el rendimiento del patrimonio de cada fundación. Hasta hace tres o cuatro años, el 10% de los ingresos totales del sector tenía este origen. Ahora, ese porcentaje se ha reducido hasta el 6% por las dificultades actuales para rentabilizar los patrimonios financieros en los mercados de capital mundiales. Este cambio estructural nos preocupa por su posible impacto en la sostenibilidad de algunas actividades de referencia. El segundo grupo son los recursos que las propias fundaciones obtienen directamente de su acción comercial, cobrando una parte de sus servicios o derivando todos los beneficios de otras actividades netamente comerciales a la financiación de los fines fundacionales. Por esta vía se cubre aproximadamente el 36,5% de los ingresos.

P. Pero tendrán muchas donaciones

R. La mayor partida de nuestra financiación —la tercera— son las donaciones, que representan alrededor del 41,5% de nuestros ingresos. Más de 3.500 millones de euros que la sociedad pone generosamente a disposición de las fundaciones. Ahora bien, si ponemos el foco en esta cifra, observamos que tres cuartas partes de ella corresponden a personas jurídicas (fundamentalmente empresas) y solo una cuarta parte ha sido aportada por personas físicas, por los ciudadanos. Aumentar este porcentaje es un objetivo estratégico de la AEF y un deber cívico. Lograrlo implicaría convertir en permanente el impulso solidario que los españoles demuestran tener cuando se presentan grandes crisis, como la pandemia o los refugiados de Ucrania, pero que se adormece en los tiempos normales.

Las tres fuentes de ingresos citadas cubren el 84% de los ingresos totales. El 16% restante tiene origen público e incluye contratación de fundaciones por parte de administraciones públicas para atender servicios del ámbito de la dependencia o de los cuidados.

"A veces avanzamos y otras retrocedemos. Hoy, el balance es muy negativo. Por eso insistimos en el impulso necesario de Sánchez"

P. ¿No piden subvenciones para proyectos?

R. La AEF no suele pedir subvenciones, pero tenemos tanto derecho como los demás actores económicos a recibir fondos europeos. Cada vez que se publica una convocatoria, las fundaciones no aparecen citadas. Siempre reclamamos y obtenemos la misma respuesta: "Perdón, nos hemos olvidado. Hagan sus peticiones como si fueran pymes". Pero nosotros no somos pymes, somos fundaciones. Cuando los olvidos se repiten, se convierten en falta de respeto.

P. ¿Cree que el Gobierno de coalición recela del concepto de la filantropía suponiendo que es un recurso de las personas acaudaladas para mejorar su imagen? El ejemplo de las críticas a las donaciones de Amancio Ortega, por ejemplo, ¿cómo lo interpreta?

R. No creo que el Gobierno de coalición tenga ese recelo. Pero no tengo ninguna duda de que Podemos sí lo tiene. Para nadie es un secreto que en el Gobierno coexisten dos almas bastante incompatibles y que, hasta la fecha, han sido capaces de convivir. Las críticas a las donaciones de Amancio Ortega son críticas de Podemos. Son parte de su ideario, nos guste o no (a mí desde luego no, porque desprecian una contribución tangible al sistema sanitario público), pero creo que hay poco riesgo de que contaminen a la otra parte del Gobierno.

P. ¿Desea el Gobierno mantener con las fundaciones una colaboración público-privada en determinadas áreas? ¿En cuáles sería posible? ¿Cómo funciona esta colaboración en otros países?

R. La colaboración público-privada es una condición 'sine qua non' de las fundaciones. La propia Constitución ha puesto las bases al definir el derecho a fundar solo para el interés general, poniendo a las fundaciones en el terreno de juego natural de la Administración. Además, las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro y comparten los fines con la Administración sin competir. Otras levantan fondos públicos y privados para atender a colectivos vulnerables o para financiar centros de desarrollo tecnológico local. Las experiencias son infinitas.

Estas experiencias comenzaron en los años ochenta del siglo pasado, tomando como modelo algunos casos de éxito de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Alemania. Yo diría que han arraigado muy bien en España.

P. ¿Cómo contempla el Gobierno esta colaboración?

R. No tengo noticias de que el Gobierno tenga intenciones de interrumpir este tipo de actividades que tanto éxito están teniendo en muchos sectores innovadores. Ahora bien, tampoco los veo muy predispuestos a innovar, llevando el modelo de fundación a otros ámbitos de colaboración publico-privada todavía inexplorados. Por ejemplo, adoptando la figura de fundación para algunas universidades públicas, como ha hecho Portugal, sin cambiar su condición de públicas.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Fundaciones y Ley de Memoria Democrática

Javier Nadal

P. No se ha constituido el Consejo Superior de Fundaciones previsto desde 1994, ¿por qué?

R. Todo parece indicar que ha habido, al menos, 20 años de total ausencia de interés en los dos partidos principales de este país. La primera ley de fundaciones se aprobó en noviembre de 1994, a propuesta del Partido Socialista. La ley establecía la creación del Consejo Superior de Fundaciones, con la misión de reunir en su seno a representantes de las administraciones públicas y de las fundaciones para informar las propuestas legales o reglamentarias que afecten a las fundaciones, realizar estudios y planificar actuaciones de fomento de las fundaciones. El Consejo no se constituyó inmediatamente por el Gobierno socialista, y desconozco por qué tampoco lo crearon los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Por mi parte, tengo que decir que el año 2020, en el marco de las conversaciones relacionadas con la pandemia y el esfuerzo desplegado por el sector fundacional, propuse a la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la creación de este órgano, que estaba pendiente desde 1994 y que podía ser un excelente foro para reforzar la cooperación entre las fundaciones y las administraciones públicas, propuesta que fue muy bien acogida por la vicepresidenta primera.

P. Carmen Calvo, entonces, entendió sus necesidades.

R. Su salida del Gobierno paralizó los trámites en curso. Ante nuestra insistencia, hemos recibido, en fechas muy recientes, la promesa del Ministerio de Cultura de reactivar las gestiones.

P. La demora de la ley de mecenazgo es también llamativa, ¿a qué lo atribuye? ¿Existe un prejuicio político que explica esta paralización?

R. Llevamos varias legislaturas hablando de esta reforma. Ahora estamos en una situación singular, porque el Congreso de los Diputados aceptó a trámite una propuesta de reforma de la ley de mecenazgo que no era de iniciativa gubernamental, sino del PDeCAT. En teoría, partía con un amplio consenso que incluía a los partidos de la coalición, pero la tramitación no avanza. El Gobierno hace amagos de presentar otra iniciativa alternativa al tiempo que sus enmiendas en el debate parlamentario desnaturalizan la esencia de la reforma. Es difícil entender la causa de tantos vaivenes.

La coalición de gobierno tiene pendiente su propio pacto fiscal y alguien podría tener la tentación de incluir el mecenazgo en la ecuación. El riesgo de reducir el debate del mecenazgo a una cuestión de recaudación fiscal existe y sería muy lamentable caer en ese error, pues el verdadero reto está en aumentar significativamente el porcentaje de ciudadanos comprometidos con el bien común y su comunidad y no en su impacto fiscal que, en todo caso, es pequeño.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El futuro fiscal del patrimonio y mecenazgo

Fide

P. Esta situación de las fundaciones en España es llamativa teniendo en cuenta que el Estado no puede llegar a todo, que hay necesidades sociales que cubre el tercer sector, ¿cree que el Gobierno no comprende o no admite el factor solidario de las actividades de las fundaciones?

R. Llamativa no me parece. Yo creo que hoy todos los gobiernos comprenden el principio de subsidiaridad y hasta el Comité Económico y Social Europeo ha señalado que la filantropía es, en sí misma, un valor para la sociedad europea y el estado de bienestar.

P. ¿Son transparentes las fundaciones en España?

R. Le contestaré desde el punto de vista general de todas las fundaciones y el particular de la asociación que presido. Desde el primero, tengo que decir de manera rotunda que sí. Que las fundaciones son transparentes por mandato legal. Cada año tienen obligación de presentar sus cuentas al Protectorado con un formato predeterminado por este. Es un formato que tiene margen de mejora, pero exhaustivo y completo. Las cuentas son supervisadas y, cuando son conformes, depositadas en el Registro, donde deben estar a disposición de todos los ciudadanos. Ocurre que el Protectorado no es diligente en la revisión de las cuentas y se le acumulan las revisiones pendientes, mientras que el Registro tampoco culmina su trabajo en tiempo y forma. Las demoras impiden que muchas fundaciones concluyan sus negocios jurídicos, causándoles perjuicios, a veces, patrimoniales.

Sí, las fundaciones son transparentes, pero el trabajo ineficiente de los órganos supervisores impide que se sepa, afectando seriamente a nuestra reputación. Por eso, la AEF ha establecido como requisito adicional a sus miembros el compromiso de hacer públicas sus cuentas por sus propios medios. Y la AEF ha creado la página web www.fundaciones.es, donde se puede encontrar toda la información pública disponible de las fundaciones españolas, no solo de nuestros socios.