Díaz pide una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición

La crisis abierta en el seno del Gobierno de coalición por el aumento en el gasto en Defensa, comprometido por Pedro Sánchez ante la OTAN, va a más. El enfado en Unidas Podemos por los 1.000 millones de euros que el Ejecutivo aprueba hoy destinar de forma extraordinaria al Ministerio de Defensa, así como por considerar insuficientes las medidas adoptadas contra la inflación, ha llevado al socio minoritario del Gobierno a llamar a consultas al Partido Socialista sobre la salud de la coalición.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado este martes una "reunión urgente" de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, el espacio fundamental para dirimir los problemas internos de la coalición, en este caso los generados por la apuesta de Sánchez por la inversión militar. También exigía "tomar más medidas" para encarar la "desbocada inflación".

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Díaz criticaba haberse enterado "por los medios de comunicación" de esta decisión del Ejecutivo, y reclamaba al PSOE un "alto en el camino", para abordar "con calma y serenidad" el debate sobre este gasto extraordinario. "Ni la vicepresidenta segunda ni los grupos de la oposición han de enterarse por los medios de comunicación", ha denunciado ante los periodistas. "No hago más que coser; seguiré cuidando esta coalición porque no hay alternativa a este Gobierno", ha precisado, aunque ha exigido que las iniciativas sobre política Exterior, así como todas las acciones relacionadas con la guerra de Ucrania y con Defensa, al ser "cuestiones de máxima importancia", sean debatidas en el seno del Gobierno, pero también "con los agentes sociales y con la oposición".

La vicepresidenta segunda ha aprovechado un acto de UGT sobre el Orgullo LGTBI para mostrar su malestar con este aumento presupuestario en Defensa, un día después de su intercambio dialéctico con la titular de este ministerio, Margarita Robles, esta vez a cuenta del aumento de destructores estadounidenses en la Base Naval de Rota.

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Hasta la fecha, Díaz no ha participado en las reuniones de la denominada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo, como tampoco lo ha hecho el presidente Sánchez. Su composición, recogida en el quinto punto del Acuerdo de Coalición, especifica que estará formada por "dos representantes de la Presidencia del Gobierno", y otros dos de la "Vicepresidencia Segunda".

La última vez que se reunió esta comisión fue en octubre de 2021, a raíz de las tensiones y diferencias entre ambos socios sobre la reforma laboral. En esta ocasión, por parte de la Vicepresidencia Segunda participaron el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey (hombre fuerte de Díaz en el ministerio), y su jefe de Gabinete, Josep Vendrell.

Tras la comparecencia de la vicepresidenta, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, se unía para reclamar la convocatoria de esta comisión, y lo hacía utilizando prácticamente las mismas palabras que Díaz, pero vinculando directamente la inflación y el aumento de gasto de gasto en Defensa: "Con una inflación desbocada no es de recibo destinar de forma unilateral mil millones extra a gastos militares. Cuidar la coalición merece hacer un alto en el camino", afirmaba Santiago desde su perfil en la red social 'Twitter'.

Antes, desde el Congreso de los Diputados, el presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, arremetía contra el "bizum" a la industria armamentística, prácticamente de forma paralela a su aprobación en Consejo de Ministros, y denunciaba la "deslealtad" del PSOE. Asens afirmaba que esta manera de actuar no hace peligrar la coalición, pero advertía del distanciamiento del Partido Socialista con sus socios parlamentarios. Asens ha incidido en rueda de prensa en que la decisión "se adoptó por la puerta de atrás", sin debate previo en el seno del Ejecutivo de coalición, ni tampoco en el Congreso.

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En los últimos días, PSOE y Unidas Podemos han dejado ver las costuras del Gobierno sobre esta cuestión, corrigiéndose públicamente sobre si el socio minoritario estaba o no al tanto de esta decisión. En este sentido, Asens ha puntualizado que, efectivamente, la inminente aprobación de este crédito fue mencionada en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves, donde se disponen y revisan las cuestiones a abordar en el próximo Consejo de Ministros. Sin embargo, ha aseverado que "no hubo debate" previo al anuncio de esta medida.

"La decisión corresponde al presidente, pero nos gustaría que hubiera habido debate previo, y por eso decimos que no son formas", precisaba. Así, Asens incluso sugería que el Ejecutivo ha recurrido al fondo de contingencia (una partida de los presupuestos destinada a financiar gastos imprevistos) para poder aprobar este gasto sin tener que pasar por el Congreso, lo que le habría forzado al PSOE a contar con el apoyo de la derecha, además de visibilizar una brecha con sus aliados parlamentarios. "La cuestión es si recurriendo a ellos se está eludiendo poner esto en debate en el Congreso", apuntaba.

De hecho, Asens advertía al PSOE de su distanciamiento con sus socios en la Cámara Baja: "No es solo una discrepancia con nosotros, también con ERC, PNV o Bildu". "Este tipo de medidas pueden tener más apoyo del partido de la guerra, el PP, que de los partidos de la paz", apostillaba. Más allá de las formas del PSOE, desde Unidas Podemos le reclaman aumentar el gasto en políticas sociales y en iniciativas destinadas a frenar la inflación, en lugar de aumentar la inversión en Defensa. "No necesitamos un decreto de guerra, necesitamos mil decretos sociales", apuntaba Asens.

"No necesitamos un decreto de guerra, necesitamos mil decretos sociales"

"Si estamos en guerra es contra la inflación", es otra de las consignas del socio minoritario estos días, cuando también ha anunciado que votará en contra del aumento de destructores estadounidenses destinados a la Base Naval de Rota (de cuatro a seis). "Traer destructores no va a bajar el IPC", apuntaba. No obstante, y en línea con pronunciamientos anteriores en situaciones de tensión entre los dos partidos, Asens ha incidido en que no ve peligro de ruptura en el Ejecutivo de coalición. Se sienten "cómodos en el Gobierno, pero incómodos con la decisión". Asens, además, ha presentado junto con otros seis partidos la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre la tragedia del pasado viernes en Melilla, cuando una treintena de migrantes procedentes de Sudán fallecieron junto a la valla fronteriza.

La pugna dialéctica entre ambos socios es, como él mismo asume, la antesala de la batalla que cobrará mayor intensidad en septiembre, con la negociación de los nuevos presupuestos generales del Estado (PGE). El propio Asens reconocía que esta partida de gasto es "la única discrepancia importante" o "la más visible" en relación con los presupuestos, pero se ha mostrado convencido de que podrán "solucionarla". La intención de Unidas Podemos de cara a esta negociación es lograr la aprobación de nuevas partidas destinadas a medidas sociales que pueda vender a su electorado, y entre las filas moradas no están dispuestos a quedarse fuera de la cocina de los presupuestos, a riesgo de que el PSOE pueda buscar apoyos mirando al lado derecho del hemiciclo.