El PSOE se compromete a que el gasto militar no sea a costa de los servicios públicos
La lectura del Ejecutivo es que la inflación no será todo lo coyuntural que inicialmente se preveía y de ahí que no se descarten nuevas medidas durante el transcurso del debate del estado de la nación
Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar durante la reunión de la ejecutiva socialista de este lunes que el aumento del gasto militar en los presupuestos es irrenunciable. Un compromiso adquirido en la cumbre de la OTAN y que, pese al rechazo de sus socios de Gobierno y parlamentarios, no es negociable. En cambio, según ha avanzado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, en rueda de prensa tras la reunión, existe el compromiso de que este incremento no suponga "imponer una merma a cualquier otro servicio público" ni tampoco descuidar el fortalecimiento del estado de bienestar. Un guiño a sus socios de coalición, quienes reclaman un incremento del gasto en servicios públicos para compensar el tener que asumir esta medida.
En Ferraz dicen no tener plan B si los presupuestos, con un amento del gasto militar, no obtienen finalmente el respaldo de sus socios. "Estamos convencidos de que van a salir. A día de hoy, el Gobierno ha sacado adelante todos los presupuestos que ha llevado a la Cámara", ha enfatizado el portavoz del PSOE para concluir que "no hay plan B, solo hay plan A", descartando así tener que acudir a una prórroga de las actuales cuentas para estirar la legislatura hasta el final del mandato. "El Gobierno está fuerte", ha apuntado Sicilia a pesar de las tensiones internas y la caída en las encuestas, para asegurar que "la hoja de ruta está clarísima para llegar al final de la legislatura".
Si los morados exigen elevar el plan de choque contra la inflación, multiplicando el gasto social en los presupuestos, el portavoz de los socialistas ha concedido que "el Gobierno va a seguir haciendo frente a cualquier necesidad que vaya a tener el país". "El Gobierno es consciente de que, si esta situación continúa, evidentemente tomará medidas, como ya se aprobó el decreto para paliar los efectos económicos de la guerra", añadió. La lectura del Ejecutivo es que la inflación no será todo lo coyuntural que inicialmente se preveía y de ahí que no se descarten nuevas medidas durante el transcurso del debate del estado de la nación. Desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño ya han reconocido una "máxima incertidumbre" con la sombra de los cortes de suministros desde Rusia en invierno.
El principal partido que conforma la coalición del socio minoritario del Ejecutivo, Podemos, celebró esta mañana su propia reunión de dirección donde han definido sus exigencias de cara a la negociación de presupuestos. Una serie de demandas que compensarían el aumento del gasto en defensa, "que ya está en niveles de récord y España no está en guerra", con un incremento extraordinario del gasto social. Todo ello financiado a través de una reforma fiscal, que incluya un impuesto a las grandes fortunas, acelere el impuesto a las energéticas o se establezca un tipo mínimo del 15% sobre todos los beneficios de las grandes empresas.
Entre las medidas que suponen elevar el peaje en caso de tener que acatar el aumento del gasto militar, destacan la creación de un fondo extra de 10.000 millones de euros para invertir en sanidad pública y en educación pública; otros 600 millones para ayuda a la dependencia y 200 más para el Plan Corresponsables; el establecimiento de un tope al precio de los carburantes; un cheque bebé y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad; seguir bajando el precio del abono transporte hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas; aumentar en un 15% el IPREM, que es el índice que marca la cuantía de muchas prestaciones sociales en España; hacer lo propio con el salario mínimo interprofesional, y actualizar las pensiones y los salarios de los empleados públicos de acuerdo con la inflación.
Los morados rechazan incrementar el gasto en defensa porque "no forma parte de los presupuestos que España necesita", pero comienza a despejarse como una línea roja siempre y cuando los morados logren compasarlo con un ambicioso paquete social. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a explicitar esta mañana que comparte esta posición de rechazo al incremento del gasto militar, para priorizar la inversión en servicios públicos. Con todo, ha subrayado la necesidad de abordar el debate sobre los presupuestos con "serenidad" y la "calma necesaria".
El mensaje en el que inciden desde Ferraz es el de "proteger a las clases medias y trabajadoras" frente a los "poderes oscuros" que viene denunciando Sánchez durante los últimos días. Unos poderes que asocian al PP como su terminal política y que identifican con las grandes energéticas que se oponen a contribuir fiscalmente por sus beneficios extraordinarios ante la subida de precios, los empresarios que se opusieron a la subida del salario mínimo o a la reforma fiscal.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya centraba esta mañana su discurso en la necesidad de combatir la desigualdad con políticas públicas. Durante un diálogo con el premio nobel de Ciencias Económicas Abhijit Banerjee, celebrado antes de tomar parte de la ejecutiva socialista, Sánchez apuntó que "es precisamente ahora cuando tenemos que hacer esas reformas", en referencia a medidas en la línea, como el ingreso mínimo vital. El Gobierno asume que la inflación, disparada a dos dígitos por las consecuencias económicas de la guerra, no será coyuntural y apunta a nuevas medidas que complementen el plan de choque aprobado recientemente en Consejo de Ministros con una inversión durante este año de 15.000 millones de euros.
Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar durante la reunión de la ejecutiva socialista de este lunes que el aumento del gasto militar en los presupuestos es irrenunciable. Un compromiso adquirido en la cumbre de la OTAN y que, pese al rechazo de sus socios de Gobierno y parlamentarios, no es negociable. En cambio, según ha avanzado el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, en rueda de prensa tras la reunión, existe el compromiso de que este incremento no suponga "imponer una merma a cualquier otro servicio público" ni tampoco descuidar el fortalecimiento del estado de bienestar. Un guiño a sus socios de coalición, quienes reclaman un incremento del gasto en servicios públicos para compensar el tener que asumir esta medida.