El juez archiva la causa sobre la financiación de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este lunes el sobreseimiento libre y archivo de la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos tras recibir una orden en este sentido de la Sala de lo Penal. En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda, por tanto, dejar sin efecto las diligencias de investigación acordadas hasta el momento

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había ordenado el pasado viernes el archivo del procedimiento reabierto a raíz de las confesiones efectuadas por el exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Carvajal. Según informan fuentes jurídicas, la instancia superior al Juzgado Central 6, encargado de la investigación, ha estimado la petición del Ministerio Público que consideraba "prospectiva" la nueva investigación.

La Sala decreta el sobreseimiento provisional y considera que el objeto del procedimiento, investigar las finanzas de Podemos pese a que no haya imputado a la formación por este delito, correspondería al Tribunal de Cuentas. El auto también señala que, si existen indicios de otro tipo de delitos, como el blanqueo o la falsedad documental, debería darse pie a un nuevo procedimiento.

Hace unos meses, el juzgado a cargo de García Castellón dio orden a la Policía para que investigara pagos desde Venezuela a varios dirigentes fundadores de Podemos como Carolina Bescansa o Juan Carlos Monedero en el marco de una causa reabierta y que tiene que ver con la financiación de la formación morada. También a Ariel Jerez y Jorge Lago. El juzgado activaba así las pesquisas sobre el presunto origen ilícito de fondos para la formación proporcionados durante años por el régimen bolivariano. Sin embargo, la Sala no ve justificado el procedimiento.

La orden iba dirigida a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de una investigación. El magistrado pedía una batería de diligencias. Parte de ellas se centraban en Monedero y se basan en las revelaciones de Carvajal. Este detalló que el fundador de Podemos recibió al menos 600.000 dólares de manos de un asistente de Nicolás Maduro en el Hotel Meliá de Caracas. La información fue corroborada por dos testigos protegidos. El magistrado quería conocer detalles de sus viajes a Venezuela, con análisis expreso de sus entradas y salidas del país, y los movimientos de sus cuentas.

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Respecto al resto de dirigentes de Podemos, el juez reclamaba que se investigara un pago de 125.000 euros procedente desde el país caribeño a través de la compañía Viu Comunicaciones. Por este cobro también pedía que se indagara en el papel de cargos históricos de la formación como Ariel Jerez y Jorge Lago. La solicitud se basaba de nuevo en documentación aportada por Carvajal, que entregó órdenes de pago por este importe para el diseño del material audiovisual que se iba a utilizar en el estand de la petrolera estatal venezolana PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo de Moscú.

Tras la petición de estas diligencias, el Ministerio Público recurrió. Consideraba "desproporcionadas" y "excesivas" las instrucciones remitidas a la UDEF para determinar si el partido recibió durante años fondos desde Venezuela. El departamento que dirige Jesús Alonso veía "prospectiva" la investigación que impugnó en reforma antes de ir a la apelación. Incluso llegó a señalar la existencia de motivos ideológicos en el procedimiento.

Según la confesión de Carvajal, Venezuela inyectó fondos en la formación morada a través de tres vías. Se realizaron entregas a través de la Embajada venezolana en España, otros pagos se gestionaban con la intervención de empresas españolas que actuaban como pantalla y en tercer lugar se empleaba la Embajada de Cuba en Caracas.

La decisión adoptada por el juez se producía así tras una serie de revelaciones del máximo responsable de la Inteligencia Militar de Venezuela. Este exgeneral buscaba refugio en España tras enfrentarse al chavismo y huir de la Justicia de EEUU, que le reclama por blanqueo de capitales y narcotráfico. También se ofreció a identificar testigos que podrían ampliar las informaciones que él solo conoce de referencias.

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La causa sobre las finanzas de Podemos quedó archivada en julio de 2016 al considerar entonces la Audiencia Nacional que el informe en que se basaba, el supuesto dosier policial PISA, no tenía crédito por carecer de membrete oficial. Sin embargo, el instructor del Central 6 reabrió el procedimiento con base en una combinación de factores. Las revelaciones realizadas por Carvajal como parte de su "proceso de colaboración" con la Justicia española se contrastaron con otros indicios que llevaba meses recabando la Fiscalía Anticorrupción a través de dos jerarcas del régimen chavista detenidos en España por delitos de corrupción: el exviceministro de Energía Javier Alvarado y otro alto cargo que ha sido declarado testigo protegido, como publicó este diario.

Los datos

Los archivos aportados por Carvajal se dividían en tres bloques. El que afecta directamente a Podemos apunta a la intervención de Monedero y la también cofundadora de la formación Carolina Bescansa en los cobros irregulares. El antiguo responsable de los servicios secretos indicaba que ambos recibían fondos desde Venezuela vía Cuba. Parte de las cantidades se entregaba en efectivo en lugares públicos como hoteles o restaurantes. La documentación incluía también órdenes de pago. La más antigua data de 2008 y en ella Chávez autoriza abonar más de seis millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales. Se menciona como objetivo la creación de un estado de opinión "afín" al régimen bolivariano. Una segunda orden de pago, en este caso firmada por Nicolás Maduro, ordenaría facilitar cerca de 150.000 dólares a Bescansa para el estand de la todopoderosa petrolera PDVSA en un congreso celebrado en 2014 en Moscú.

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Los otros dos bloques de documentación se centraban en supuestos contratos del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA y en el empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido en su país por ser el responsable de la cadena de noticias Globovisión. Reclamado por EEUU acusado de realizar inversiones para blanquear dinero procedente de la corrupción, Carvajal proporcionó información sobre la presunta compra de inmuebles en España con este cometido.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos tras la orden en este sentido de la Sala de lo Penal.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis acuerda, por tanto, dejar sin efecto las diligencias de investigación acordadas.