Cs cerrará sus sedes provinciales, pero mantendrá hasta el final el coloso de Madrid

En el 253 de la calle Alcalá de Madrid, junto a la plaza de toros de Las Ventas, asoma un coloso naranja de más de 2.500 metros cuadrados y cinco plantas. En 2015, Albert Rivera y Carlos Cuadrado —que sigue siendo responsable de las finanzas de Ciudadanos— alquilaron solo dos pisos del edificio, pero los resultados del 20-D, en que la formación catalana irrumpió con 40 escaños en el Congreso, les llevó a ocupar el inmueble completo. A lo largo de casi siete años, la sede nacional del partido ha sido testigo de cómo los naranjas han pasado de tocar el cielo a caer a los infiernos. Pero la última debacle electoral en Andalucía —el grupo de Marín pasó de 21 a cero escaños— no llevará a Inés Arrimadas y los suyos a abandonar la joya de la corona de Ciudadanos, pese a que su buque insignia, propiedad de la aseguradora Caser, cuesta a los liberales unos 30.000 euros mensuales.

Diferentes voces de la cúpula del partido insisten en que, a pesar de los pésimos resultados electorales, Ciudadanos tiene "buen músculo financiero" como para afrontar el coste de ese alquiler y asumir el presente ciclo electoral, al menos hasta agotar la legislatura. "Hay dinero en la caja", insisten los liberales. Pero eso no significa que la formación no vaya a ajustar el resto de sus estructuras territoriales. Tras el batacazo en Andalucía, Arrimadas reanudará la estrategia que ya se adoptó hace unos meses en la última reunión del Consejo General de Cs —máximo órgano político entre asambleas—, que pasa por recortar sedes provinciales y locales con el objeto de reducir gastos que en el partido consideran prescindibles, más tras los últimos resultados en las urnas.

Fuentes de la dirección nacional recuerdan que la operación ya afectó a sedes como la de Guadalajara, Huesca, Burgos, Castellón o Alicante, pero el proceso se interrumpió por los dos procesos electorales con los que ha comenzado 2022: Castilla y León y Andalucía. Los ajustes se producirán de forma progresiva, con la vista puesta en la región andaluza por el evidente descalabro en las urnas, un territorio donde el partido cuenta con una sede por provincia y que pronto quedarán en liquidación. La estrategia definida desde Madrid pasa por bajar la persiana de todos los inmuebles, salvo el de las capitales autonómicas o las ciudades donde conserven músculo político, como es el caso de Badajoz o Ciudad Real, dos de las grandes alcaldías que aún conservan los liberales.

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En la tarde de este jueves, el secretario de Organización de Ciudadanos, Borja González, mantuvo una reunión en Sevilla para abordar con afiliados la situación en la que había quedado la organización de la región. Cabe destacar que a esa reunión no acudió Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y otro de los referentes del partido en Andalucía, a pesar de que no tiene cargos orgánicos. La onubense, que fue como cabeza de lista por Cádiz el 19-J, siempre ha mostrado su disposición a asumir el liderazgo del partido si así se lo pedían y contaba con el apoyo de la dirección nacional y los afiliados.

La descomposición de Ciudadanos es evidente, y su poder en Andalucía ha quedado limitado a los 400 concejales que logró en las últimas elecciones municipales tras perder este 19-J más de 540.000 papeletas respecto a 2018. El planteamiento de los liberales pasa, en principio, por centralizar toda la actividad presencial en una única sede autonómica o en espacios como hoteles, tanto en Andalucía como en el resto de comunidades, priorizando en todo caso el método telemático para las reuniones habituales de trabajo de sus cargos. En la dirección del partido justifican, además, que tras la pandemia el uso de aplicaciones como Zoom se ha implantado casi de forma generalizada en el partido, lo que convierte en prescindible la mayoría de sus instalaciones territoriales.

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La reducción de sedes ya estaba prevista en el informe de previsiones económicas para 2022, un documento que el Consejo General de Ciudadanos aprobó el pasado mes de diciembre. Los de Inés Arrimadas apuntaban a que el gasto en infraestructuras pasarían de 1,5 millones a 932.000 euros anuales, casi un 41% menos en solo un año. Además, Ciudadanos aprobó un recorte de 1,4 millones en personal y otros 97.600 euros en seguridad. El citado documento daba cuenta del ingente colchón económico con que cuenta el partido naranja para hacer frente a la presente legislatura, pese a la evidente caída de ingresos: casi 10 millones de euros. Las cuentas de los naranjas están completamente saneadas, y en su sala de máquinas presumen de no tener deudas con entidades financieras.

Los liberales reconocen que esa salud financiera resulta fundamental para abordar un proceso de "refundación" del partido y no perecer en el intento. El económico nunca ha sido un problema para Ciudadanos, y por ese motivo defienden que el buque insignia de su marca, el edificio de la calle Alcalá, no corre peligro. Fuentes autorizadas apuntan a que, si las cosas continúan en decadencia, Cs podría plantearse alquilar alguna de las cinco plantas con que cuenta el edificio, pero de momento no es un escenario que esté encima de la mesa. Algunas voces de las filas naranjas sugieren que prescindir su sede nacional sería el equivalente a reconocer que el partido "ha muerto" de forma definitiva.

Cs pierde millones en subvenciones

Ciudadanos abordará el próximo lunes dos citas clave en su sede madrileña. Por la mañana, Inés Arrimadas ha convocado a la ejecutiva ampliada para analizar la hoja de ruta que debe seguir el partido de cara a esquivar su muerte definitiva. Por la tarde, reunirá al Consejo General del partido que, entre otros puntos, aprobará un nuevo documento de previsiones económicas para el ejercicio 2022-2023, donde se prevé que se reflejen nuevos recortes ante la delicada situación por la que atraviesa la formación.

Arrimadas deberá actualizar su situación financiera tras el varapalo que ha experimentado este año tanto en Castilla y León como en Andalucía. La formación que dirige Inés Arrimadas ya comenzó mal 2022, un año en que trató de remontar tras el hundimiento que experimentó en los procesos electorales de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, la cuna política Ciudadanos. La práctica volatilización de la marca naranja en sus principales bastiones territoriales vino aparejada de la consecuente merma de ingresos por aportaciones institucionales: el partido dejó de recibir los más de 900.000 euros anuales que percibía por su representación en el Parlamento madrileño, una cifra que ascendió a los tres millones de euros en el caso de Cataluña, donde la formación pasó de 36 a tan solo seis escaños en el Parlament. En febrero de 2022, Ciudadanos perdió 11 de sus 12 diputados autonómicos en Castilla y León, una circunstancia que restó otro medio millón de euros anuales en subvenciones.

En 2018, los resultados de Cs les dieron derecho a una subvención electoral de 2,3 millones de euros, cantidad que no podrán reclamar ahora

La debacle de las elecciones andaluzas ha empeorado la situación. Fuentes del partido en la comunidad admiten que la campaña, diseñada por el equipo de Inés Arrimadas, ha sido "conservadora". El coordinador ha sido Miguel Gutiérrez y era Madrid quien repartía el dinero en una formación marcada por la división. Pero los problemas no han hecho más que empezar. En 2018, los resultados de Cs —más de 600.000 votos y 21 escaños— les dieron derecho a una subvención electoral de 2,3 millones de euros, cantidad que no podrán reclamar ahora.

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La dimisión de Juan Marín ha dejado al partido descabezado en un momento de catarsis a nivel nacional, como demuestra la carta enviada por Inés Arrimadas a los afiliados. Antes de las elecciones, en Andalucía había unos 2.500 afiliados. Hay que recordar que el PSOE tiene 45.000 militantes en la comunidad, mientras que IU tiene unos 4.500. El PP, aunque la cifra es de 2018 y debe actualizarse con los militantes al corriente de pagos, cuenta con 170.000 afiliados.

Las cifras dan pistas de la debilidad orgánica de Cs, que también se deja notar en el número de miembros que se mantiene en la dirección. El Comité Autonómico de Ciudadanos se ha quedado con dos únicos integrantes, el secretario de Organización, Andrés Reche, y el de Comunicación, el diputado malagueño Guillermo Díaz. El resto han dejado el cargo al mismo tiempo que Juan Marín en una muestra de apoyo al todavía vicepresidente de la Junta, que anunció que si no lograba representación en la Cámara, dejaría todos sus cargos. Según las normas del partido, el siguiente paso sería poner en marcha una gestora antes de iniciar el proceso de elegir una nueva dirección, pero la crisis de Cs ha dado al traste con los procedimientos habituales.