La jueza amplía el plazo para investigar a los tres cargos del Gobierno por los contratos covid

La titular del Juzgado número 26 de Madrid, Concepción Jerez García, ha ampliado el plazo de la investigación en que mantiene imputados a tres altos cargos del Gobierno por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. "Se amplía el plazo de instrucción seis meses más a contar desde la finalización del primer plazo ordinario de seis meses", acuerda en un auto notificado el pasado 13 de junio, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las diligencias se abrieron hace dos años y los investigados son el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. En su reciente auto, la jueza explica que el caso se centra en "un presunto delito de malversación".

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Las pesquisas parten de una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y ponen el foco en más de medio centenar de licitaciones concedidas entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020, con 310 millones de euros solo en mascarillas, batas y guantes. La querella, a la que tuvo acceso El Confidencial, sostiene que el real decreto por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del covid sirvió de cobertura para celebrar contratos que no se ajustaron a la legalidad.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid ya han solicitado archivar la querella al considerar que Vox no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" contra ellos, pero fuentes jurídicas apuntan a que la jueza todavía no ha respondido a esta solicitud. Por el momento, se limita a ampliar el plazo de instrucción.

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"En el presente caso existe petición de la acusación particular y concurren razones que justifican ampliar el plazo de instrucción a seis meses, pues atendido el resultado de la instrucción hasta ahora practicada, y a la espera de las diligencias de prueba acordadas pendientes de practicar, es necesario ampliar el plazo de instrucción", argumenta en su auto. De esta manera, sortea la "norma general" de que las diligencias "se practicarán durante el plazo máximo de doce meses" desde su incoación.

Aunque la ampliación de plazos es habitual en los procedimientos, las consecuencias de olvidar este trámite ya se han reflejado en otros casos. Entre ellos, destaca lo ocurrido recientemente en la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus UItra, donde las acusaciones pasaron por alto que se habían superado los 12 meses de instrucción y no pidieron una ampliación. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han aprovechado esta circunstancia y, tras citarse a la empresa como imputada, han argumentado que esta diligencia es nula porque se ha acordado fuera de plazo.