El Gobierno busca reducir la moratoria a los grandes fondos para bajar los alquileres

El Ministerio de Transportes se plantea rebajar la 'vacatio legis' de 18 meses incluida en la ley de vivienda para aplicar la limitación en el coste de los alquileres. Se trata de una de las enmiendas a la norma sobre la que están presionando tanto Unidas Podemos como algunos de los grupos que forman parte del bloque de investidura. Fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez explican que "actualmente se está estudiando" la reducción de la moratoria de año y medio para acelerar el tope. Eso sí, añaden que se precisará de un margen temporal para la elaboración del índice de precios desde que se apruebe definitivamente la ley en el Congreso.

El debate sobre la incorporación de enmiendas al articulado se espera para después del verano, en el próximo periodo de sesiones, según fuentes de la dirección del grupo parlamentario socialista. A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la ley en segunda vuelta el pasado mes de febrero, acordando su tramitación parlamentaria por procedimiento de urgencia, tras su admisión a trámite sigue estancada en la Comisión de Transportes. Desde finales de abril está pendiente el informe de la ponencia, una vez prorrogado el plazo hasta en nueve ocasiones. Los socios parlamentarios del Ejecutivo lamentan la falta de avances, mientras que desde el PSOE justifican que se trata de una ley que requiere de un diálogo previo con los grupos para asegurar los apoyos necesarios.

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Desde el Ministerio de Derechos Sociales, también proponente de la norma, se están llevando conversaciones con los socios prioritarios del Gobierno para intentar desbloquearla y añadir presión a los socialistas. Al mismo tiempo, Unidas Podemos está negociando en el seno de la coalición la reducción de la moratoria y afea a Transportes que no esté elaborando ya los índices de precios necesarios para establecer el tope a los alquileres y ganar así tiempo. Los morados registraron una enmienda en la que reclaman directamente la "eliminación de la 'vacatio legis' de 18 meses para aplicar la regulación establecida en el apartado 7 del artículo 17, de manera que la aprobación y aplicación de dicha regulación, así como del sistema de índices de precios de referencia, sean inmediatas con la entrada en vigor de la ley".

Otra de las principales reivindicaciones de Unidas Podemos, plasmada en las enmiendas, se centra en que la nueva norma obligue a los grandes propietarios a poner el 30% de sus pisos en alquiler social. En el supuesto de que los grandes tenedores de vivienda cuenten con capital público, la obligación porcentual "se incrementará proporcionalmente". Según recoge una de sus enmiendas, la Sareb estaría obligada a destinar, como mínimo, el 75% de sus inmuebles.

Más allá de las discusiones internas en la coalición, los retrasos en la ley de vivienda amenazan con que su capítulo estrella, el del control de los alquileres, no entre en vigor o no se vean sus efectos antes de finalizar la actual legislatura. Los socios del Gobierno ya pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la norma se aprobaría en febrero del siguiente año para que un mes después comenzase su tramitación parlamentaria.

Opinión

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Los plazos no se cumplieron por las diferencias internas, ya que el sector socialista del Gobierno se resistía, precisamente, a limitar los precios de los alquileres. Sobre este aspecto no hubo acuerdo hasta el pasado mes de octubre, estableciendo la posibilidad de que las administraciones autonómicas pudiesen obligar a los grandes tenedores de viviendas a congelar o bajar los precios en las zonas declaradas tensionadas.

Otra de las cuestiones candentes en el debate de la ley para lograr el apoyo de ERC y PNV tiene que ver con que no invada competencias de las comunidades autónomas. Los republicanos ya arrancaron un "compromiso por escrito" para que se respeten las competencias autonómicas en la norma, a través de enmiendas, a cambio de su apoyo a la admisión a trámite del proyecto. Los nacionalistas vascos, por su parte, presentaron enmienda de devolución junto a PP, Cs, PDeCAT y JxCAT.

Competencias autonómicas

ERC ha presentado una enmienda para que sean "las administraciones competentes en materia de vivienda" las que "definirán la función social de esta, con arreglo a los preceptos constitucionales que la amparan, pudiendo limitar, de acuerdo con ella, algunos derechos de la facultad dominical, respetando en todo caso los elementos básicos de este derecho". Un artículo que justifican como "imprescindible en l desarrollo de las competencias estatales, ya que gran parte de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la legislación de las CCAA encuentran su fundamento en la falta de competencia autonómica para afectar, definir, modificar o limitar el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda". Esto es, para determinar las afectaciones que puedan realizarse en la definición de la función social "adaptada a su territorio, realidad y competencias por parte de las CCAA".

Para el partido de Gabriel Rufián, es crucial que la futura norma ofrezca cobertura a la ley catalana de vivienda, recurrida ante el Constitucional por el PP. En esta cuestión, fuentes del grupo republicano ERC niegan que se estén produciendo avances. Si no se respetan las competencias, como exigen, los republicanos se opondrán a la norma. La Generalitat llegó a amenazar con llevar la ley al Constitucional si no se modificaba en este sentido. El informe del CGPJ sobre el proyecto de ley advirtió también de que podría no tener encaje constitucional al invadir competencias autonómicas.

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El socio minoritario del Ejecutivo entiende que no es posible sacar adelante este proyecto en el Congreso a través de la geometría variable. Esto es, buscando acuerdos transversales con otras formaciones, como podría ser Ciudadanos. De ahí que señalen que la única vía posible pasa por pactar con ERC, más allá de que reconozcan afinidad con sus demandas.