Torra y Puigdemont vs. el juez de Pegasus: piden anular sus fallos o elevar el caso a Europa

La ofensiva legal de Carles Puigdemont y Joaquim Torra contra el juez del Tribunal Supremo que se encarga del CNI ya ha comenzado. En varios escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial, su abogado, Gonzalo Boye, pide la nulidad de aquellas sentencias que firmó el magistrado a partir de junio de 2020, cuando avaló el criterio de la Junta Electoral Central (JEC) por el que Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comin no pudieron acceder a su escaño en el Parlamento Europeo. Según argumenta Boye, el magistrado avaló que el CNI utilizara Pegasus contra él, por lo que "el proceso en que se ha dictado la sentencia (...) ha vulnerado manifiestamente el derecho a la tutela judicial efectiva".

En el caso de que la petición no sea atendida, el abogado va un paso más y allá y pide que el Supremo consulte al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En concreto, que le traslade una pregunta sobre si "se opone al derecho a la tutela judicial efectiva" el hecho de que participara en el procedimiento el juez que, al mismo tiempo, "ha autorizado la intervención de las comunicaciones del letrado de la parte recurrente con su cliente y, en general, la intervención absoluta de la vida privada del letrado".

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Beatriz Parera

La sentencia de junio de 2020

"El día 18 de mayo de 2022, el Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Ángel Gabilondo Pujol, después de, al parecer, haber examinado documentación del Centro Nacional de Inteligencia, hizo público un informe que, según parece, confirmaría que el ponente de la sentencia dictada en este proceso, Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, habría autorizado, durante la pendencia del proceso, la intervención de los dispositivos del abogado de los recurrentes, así como de otras personas cercanas a los recurrentes, mediante el programa Pegasus o cualesquiera otras aplicaciones informáticas que consten en esas actuaciones", advierte Boye en su escrito.

Para reforzar esta idea, el abogado incide en que, "con independencia de la valoración jurídica que pueda merecer, desde luego, reprochable e ilegal actuación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por manifiestamente incompatible con el Estado de Derecho, es evidente que esa segunda actividad (que le habría ofrecido, según el Defensor del Pueblo, 'un elevado grado de detalle en la información' sobre la estrategia de defensa de los recurrentes, así como de sus comunicaciones con su defensa), resultaba incompatible con formar Sala, e incluso actuar como ponente en el presente procedimiento".

Los argumentos en el caso de Torra son similares, aunque las resoluciones que le afectaban eran otras. Indica que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. "Mediante estas intervenciones ilegales, radicalmente discriminatorias por estar basadas en motivos políticos e ideológicos, (...) Murillo habría tenido acceso a las comunicaciones del letrado", destaca.

Escuchas autorizadas

Según explicó la ya exdirectora del CNI Paz Esteban, en su comparecencia a puerta cerrada en la comisión de secretos del Congreso, se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas por presuntas actividades ilícitas con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI estarían tanto el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, los tres 'ingenieros' de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont, entre las que se encuentra Boye.

Respecto al resto de presuntos espiados que aparecieron en la lista publicada por 'New Yorker' y Citizen Lab —que elevan la cifra de afectados a más de 60— y los 'pinchazos' a los teléfonos de Sánchez y Robles, el CNI se ha desentendido y habría apuntado a dos posibles vías: una nación extranjera u otros organismos del Estado como la Policía o la Guardia Civil.