El PP se enfrenta a una 'factura' por retirar su recurso sobre Bárcenas del Supremo

El último tropiezo del PP con Luis Bárcenas amenaza con no salirle gratis al partido. Ni en el apartado político ni en el económico. La formación presentó el 19 de abril un recurso en el que solicitaba al Tribunal Supremo que absolviera al extesorero de su condena por los pagos en negro de las obras de la sede de la calle Génova y, tras conocerse su contenido este lunes, la nueva dirección no tardó en anunciar que daba marcha atrás. Pese a ello, fuentes jurídicas advierten de que todavía cabe sumar un nuevo capítulo a la polémica: por mucho que desista de su recurso, los magistrados estudiarán ahora si debe abonar los gastos que ha ocasionado con su tramitación.

El origen de las idas y venidas del PP se remontan al pasado octubre, cuando la Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel a Luis Bárcenas por abonar al estudio de arquitectura Unifica más de un millón de euros en B durante las obras de Génova y, de forma paralela, al partido como responsable civil subsidiario en la cuantía de 123.669 euros. La sentencia considera probada la existencia de su contabilidad paralela y, una vez notificada, el partido optó por recurrir para evitar esta nueva mancha en su historial.

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En su recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, la formación pedía textualmente al Tribunal Supremo "dictar otra [sentencia] en la que se declare prescrito (motivo primero) o se absuelva al Sr. Bárcenas del delito de participación necesaria en el fraude fiscal de Unifica, con la necesaria consecuencia de la inexistencia de responsabilidad civil subsidiaria del Partido Popular derivada del mismo". De esta manera, planteaba la absolución de Bárcenas como un paso necesario para echar por tierra la conclusión de que el partido no ejerció un control adecuado sobre la gestión del extesorero y, por tanto, su condición de responsable civil subsidiario.

Pero tras conocerse su petición de absolver a Bárcenas, la bola de nieve comenzó a rodar en plena campaña para las elecciones andaluzas. En un intento de frenar la polémica, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, explicó en rueda de prensa que el recurso se redactó en noviembre y que la actual dirección lo había conocido este mismo lunes a través de los medios, anunciando además que retiraban el mismo porque esta estrategia jurídica "choca" con la política y el PP no va a mantener un recurso que no se entiende en estos términos. Hasta ahí el apartado político, pero no el jurídico ni tampoco las posibles consecuencias económicas.

La 'factura' por desistir de un recurso

Según avisan las fuentes consultadas, los magistrados se plantearán realizar una liquidación de las costas que han ocasionado los recursos hasta ahora para obligar al PP a pagar por la tramitación del suyo. En este caso, el plazo para interponer recurso ya ha finalizado, por lo que el partido tampoco puede optar por tomar una vía intermedia en el procedimiento. La posible 'factura' no sería abultada, pero ahí quedan las consecuencias jurídicas de su último tropiezo con Bárcenas.

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En el ámbito civil, el propio Supremo puso negro sobre blanco este razonamiento en un acuerdo adoptado en julio de 2006: "El desistimiento en el recurso de casación comporta la condena en costas para la parte que lo interpuso, ya que crea una situación que equivale a la desestimación del recurso, resultando aplicable en tal caso el art. 398.1, que remite al art. 394 de la LEC, al margen de que si no ha existido actuación procesal alguna de la contraparte no se practique la posterior tasación en costas".

El acuerdo apunta así al artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que "cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394", en el que se señala cómo calcular el pago.