Otro indulto de Sánchez a una empresaria de Granada con un muerto une a PSOE, PP y Vox

Primavera de 2022. La España política se encuentra en la carrera por las elecciones andaluzas, consideradas un ensayo general de las generales del año que viene. Todos los partidos buscan cualquier resquicio para debilitar al rival, tanto vale una crisis con Argelia como un incendio en Málaga. Sin embargo, en medio de este conflicto constante, ha aparecido un hecho que ha puesto inusitadamente de acuerdo a los tres principales aspirantes. PSOE, PP y Vox han logrado un punto de acuerdo que se parece a un pacto de silencio. Y el milagro tiene más mérito si se tiene en cuenta que se trata de un indulto, la figura que tantas veces sirvió de arma arrojadiza durante la legislatura. En esta ocasión, la prerrogativa del Gobierno no ha despertado acalorados debates sobre la separación de poderes o la calidad de la democracia. Esta es la historia de una medida de gracia que ha pasado casi desapercibida porque contenta a todos, menos a las víctimas de la agraciada.

En resumen, el caso dice así: el Gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español, con Podemos a su izquierda, indulta a una empresaria, miembro de una acaudalada familia con negocios en Granada. Fue condenada en 2019 a tres años de cárcel por el homicidio imprudente de uno de sus trabajadores y las lesiones a otros dos. Uno de ellos, Miguel Lorenzo, presenta quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. "Era casi un monstruo", dice en declaraciones a El Confidencial desde Cádiz, donde reinició su vida lejos de su pueblo. Eran empleados de una bodega de ron ubicada en Motril. La alcaldesa de la localidad, del PP, firmó un escrito en apoyo del indulto con el membrete del Ayuntamiento. Igual que ella, multitud de empresarios locales, vecinos, el diputado del PP por Granada Carlos Rojas... Para completar el 'consenso', la indultada es familiar del responsable de Vox en Granada, el casero de la candidata del partido a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, a la que ha empadronado en Salobreña para poder participar en los comicios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la concesión del indulto para Andrea Alejandra Martín Targa el miércoles 25 de mayo tras la deliberación en el Consejo de Ministros. Con la firma de la ministra de Justicia, Pilar Llop, se le cambiaron los tres años de cárcel por dos años. Al no tener antecedentes penales, se libró de entrar en prisión. No ha llegado a estar nunca en un centro penitenciario. Su caso no ha ocupado ningún espacio en la campaña. Nadie protestó ni alzó la voz. El mismo día se publicó el indulto para la presidenta de Infancia Libre, la mujer condenada por sustracción de menores. Su caso sí generó un alud de protestas de la oposición, azuzada por las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que avaló la medida de gracia y describió a la beneficiada como "una madre protectora".

La Fiscalía se opuso al indulto

Una portavoz del Ministerio de Justicia defiende la concesión del indulto para la empresaria de Granada. Entre los argumentos que esgrime el Gobierno, aluden a "tres tomos de firmas de adhesiones a la petición de indulto". Asegura que el informe del juez sentenciador fue favorable a la medida de gracia. Sin embargo, este periódico ha tenido acceso a los dos folios de escrito del Ministerio Público avanzado por 'The Objective'. Lleva la firma de la fiscal Paz Corral el 21 de mayo de 2021, que se opuso al indulto atendiendo, entre otros motivos, a la gravedad de los delitos. "Los afectados no se oponían, no tenía antecedentes, había abonado la responsabilidad civil, los hechos son de 2014 y tiene tres hijos menores", insisten desde el Departamento que dirige Pilar Llop.

La indultada: "Mis trabajadores me pusieron como una explotadora porque no les pagamos un millón y medio"

"Siempre el empresario es el malo malísimo", se queja irónicamente Andrea Martín Targa. Vive en Nicaragua desde donde atiende a este periódico por vía telefónica. Le cuesta hablar de su situación y se rompe cuando piensa en lo cerca que estuvo de separarse de sus tres hijos pequeños. Tiene fuertes creencias religiosas y sostiene que esta experiencia le ha acercado más a Dios. Cita con apellidos los nombres de sus tres víctimas y dice que reza por ellas. En el caso de Miguel Lorenzo pide "para que sane sus heridas de odio y de rencor. Tiene una vida, no está en una cama". Sabe cuánto tiempo llevaban trabajando para su familia cuando pasó todo. La historia de Andrea Martín es la de una joven que estudió en las mejores universidades, incluida ICADE, la exclusiva escuela de los Jesuitas en Madrid. Casi acabando la carrera conoció a su pareja. Con apenas 22 años aceptó la petición de su padre de ponerse al frente del negocio familiar. Era una bodega en Motril, con unas instalaciones viejas donde se hacía el Ron Montero.

Niega ningún tipo de negocio en común con nadie de la política y reivindica su aportación a la bodega tras años gestionada a la antigua por su tío: "Hice temas turísticos, un tour por la bodega, una universidad del ron para que aprendieran de ron en Motril, todo con la ayuda del Ayuntamiento. La caña de azúcar tiene mil años de historia en Motril. Invitaba a la gente para que pudiera probar la caña. Hice cursos de coctelería, eso es por lo que recibí apoyo". Sobre el indulto, admite la ayuda del PP y del PSOE, pero matiza que la relación con Vox es por la casa que su familia tiene en Salobreña: "Yo pido el indulto hace año y medio y ahí llevo cartas del PSOE, del PP. De Vox no nos parecía que fuera a ayudar para nada en ese momento y ahora se ha vinculado por la circunstancia de que Macarena Olona está corriendo para la Junta de Andalucía y justo la semana antes del indulto explotó todo el tema del empadronamiento en la casa de mi abuela". La alcaldesa socialista de Salobreña que quiso impedir el empadronamiento de Olona también apoyó el indulto a la empresaria, según las víctimas. La cuadratura del círculo.

La explosión

Lo que dice el apartado de hechos probados de la sentencia que le condenó es que Andrea Martín llevaba varios meses al frente del negocio familiar cuando formalizó en julio de 2012 un concierto sobre prevención de riesgos laborales. Ese plan excluía todo lo referente a explosiones o formar a los avisos a los empleados sobre el trabajo con herramientas eléctricas que produjeran chispa o llamas. Dos años después, el 2 de julio de 2014, se produjo el suceso que costó la vida a Miguel García Rodríguez y heridas a su hermano Manuel y a su compañero Miguel Lorenzo. Abrieron una compuerta y sin saberlo permitieron la salida de vapores inflamables. Al mezclarse con un foco de luz que usaban en la fábrica, se generó una explosión que derivó en un violento incendio. Los dos heridos, Manuel García y Miguel Lorenzo sufrieron quemaduras en buena parte de sus cuerpos.

La condena dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Motril en 2019 fue por un delito de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con dos delitos de lesiones por imprudencia grave. El fallo obligaba a la empresaria a indemnizar a los lesionados con 268.000 euros y 392.000 euros. “Yo estaba en Nicaragua cuando ocurrió el accidente y al día siguiente estaba ahí. En el juicio mis propios trabajadores me pusieron como una explotadora porque no les pagamos un millón y medio, que era lo que pedía uno de ellos. El juicio se tuerce y me condenan, pero no era justo. Eso lo sabe la gente porque saben lo que somos, mi familia tiene empresas”, dice la indultada. Visto con perspectiva, lamenta no haber desplegado una estrategia de defensa más agresiva.

La alcaldesa de Motril: "En cuanto la familia se puso en contacto con nosotros, la apoyamos"

"A mí me condenan por dejadez, que no es cierto. Me acusan de que voy de viaje todo el tiempo, que paso de la empresa y eso no es cierto. No quería ir a por ellos. Sé que sufrieron. Ellos no tendrían que haber abierto esa puerta, pero que por eso tenga que pagar yo con cárcel no es justo. Igual que es injusta la ley que dice que el hombre es culpable de primeras, también lo es pensar que el empresario es automáticamente culpable. Yo no me lo esperaba, era gente muy cercana y no esperaba que fueran a mentir a ese nivel".

Los apoyos políticos

Este periódico se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Defiende la petición de indulto para la empresaria: "Estamos hablando de una mujer que había tenido y que tiene una conducta intachable, que es madre de niños menores y entendemos que el indulto ha sido justo. Cuando el Gobierno central se lo ha dado ha sido porque así lo ha entendido y que reunía todos los requisitos". García Chamorro ya era la alcaldesa cuando se produjo la explosión. Ella lo llama "desgraciado accidente" y lamenta que son "circunstancias que le pueden pasar a cualquiera". "Hasta ese momento y desde ese momento el comportamiento de la bodega ha sido genial, no ha habido absolutamente ningún otro problema. Fue cuestión de muy mala suerte y en cuanto la familia se puso en contacto con nosotros, apoyamos el indulto", afirma.

La víctima: "Necesitaba salir de Motril porque esta gente aquí son muy poderosos, no sentí nunca el respaldo"

Entre los escritos remitidos al Ministerio de Justicia hay otro del portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Francisco José Álvarez de la Chica. "Conozco a Andrea Martín desde hace años en su labor de empresaria, pero sobre todo en su continúa y entusiasta implicación en la actividad económica de Motril y su entorno", dice el documento remitido al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Casi todos los escritos que piden su indulto destacan su aportación económica a la zona.

Las víctimas

"No me gusta emplear la palabra accidente. Accidentes son cuando se dan circunstancias que son aleatorias, la Justicia no ha determinado que sea un accidente", dice Miguel Lorenzo. Logró salvar la vida tras 171 días ingresado en un hospital y ayuda psiquiátrica para superar ataques neuróticos, según la sentencia. "Entiendo que nadie ha querido que eso pasase", admite, pero zanja que la Justicia ha determinado que fue una negligencia. Recuerda que los abogados le decían que era mejor un mal acuerdo que una mala sentencia y que llegaron a pactar una indemnización sin que Andrea Martín tuviera que ir a prisión. "Cuando parecía que estaba hecho, el padre de Andrea dijo que no había acuerdo porque ya estaba negociando el indulto", afirma al tiempo que muestra su sorpresa por la rapidez con la que se le ha otorgado la medida de gracia finalmente, como pronosticó su familia. En ese sentido, dice que Ciudadanos ha presentado esta semana una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados pidiendo explicaciones.

Ha rehecho su vida, pero ha tenido que hacerlo lejos de su casa: "Yo ya no vivo en Motril, me tuve que ir, me marché por salud. Me conocía todo el mundo y no me podía ni mover y era muy duro que todo el mundo te preguntase. Necesitaba salir de allí porque además esta gente aquí son muy poderosos, yo no sentí nunca el respaldo de Motril. Se llegó a difundir que estábamos buscando una fórmula secreta y eso hizo mucho daño". Preguntado acerca de la multitud de apoyos políticos de los que ha gozado la empresaria, se muestra contundente: "Me da asco. La alcaldesa de Motril es la alcaldesa de todos, incluido el ciudadano de Motril que está enterrado en el cementerio de Motril, me repugna. Pero no solo, la alcaldesa de Motril, y la de Salobreña, la de Almuñécar, el diputado Carlos Rojas, toda esta gente que representa a la ciudadanía. Yo entiendo el indulto, me alegro por ella, yo hace ya muchos años que les perdoné, lo hice por mí, porque era un camino que tenía que recorrer, ¿pero los cargos públicos? ¿Cuándo se llenan la boca hablando del trabajador? Es mentira todo".