Moncloa mantiene abierta la reforma de la inviolabilidad del Rey para que sea aforado

En Moncloa respiraron tras conocerse que don Juan Carlos no regresará a España el próximo fin de semana para participar en otra regata en Sanxenxo. No solo se ha suspendido este viaje, sino que no está previsto que el emérito visite nuestro país en los próximos meses, como adelantó El Confidencial. Pese a que el mensaje oficial es que es una cuestión entre “padre e hijo”, lo cierto es que en el Gobierno incomodó el comportamiento del monarca abdicado y su ironía al referirse a las explicaciones que Pedro Sánchez lleva reclamándole desde que se conociesen las irregularidades en su patrimonio.

El presidente no ha renunciado a lograr un acuerdo para que se revise la inviolabilidad del Rey a futuro, según han confirmado fuentes gubernamentales a este medio. En el caso del emérito, el blindaje de la Constitución le ha permitido sortear la acción de la Justicia, como reconoce la Fiscalía en su auto de archivo de las pesquisas iniciadas tanto por su relación con la Fundación Zagatka como con el empresario mexicano Sanginés Krause, y también por los fondos detectados en la isla de Jersey. Esto ha reabierto el debate sobre si los actos privados del monarca deben estar también bajo el paraguas de la prerrogativa constitucional. La reforma no afectaría en ningún caso a Juan Carlos I, pero para Moncloa sería “fundamental” como gesto de una nueva etapa en la Corona.

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En el Consejo de Ministros hay una mayoría que apoya el cambio sobre la 'irresponsabilidad' del Rey que recoge la Carta Magna. No solo los representantes de Podemos quieren abrir este melón, sino que en el ala caoba son muchos los que defienden que Felipe VI sea aforado en el Tribunal Supremo, como los políticos. Ante este consenso, desde Moncloa se mantiene abierta la puerta a volver a plantear a futuro a Zarzuela la necesidad de abordar este tema, que quedó fuera del último paquete de medidas de transparencia acordadas con el Rey. El 26 de abril se aprobó un decreto que recoge que el Tribunal de Cuentas verificará las finanzas y que se deberán publicar las contrataciones y procedimientos en la página web de Casa Real. También se dio a conocer el patrimonio de Felipe VI, que ascendía a 2.573.392,80 euros.

Desde 2021, se ha abordado en varias reuniones al más alto nivel una posible reforma de la inviolabilidad del Rey. Los encuentros se han producido entre representantes de Zarzuela, el Gobierno y el PP. Los negociadores han ido cambiando en el bando del Ejecutivo y del principal partido de la oposición. Carmen Calvo era la enviada de Moncloa hasta que dejó el Gobierno y fue sustituida por Félix Bolaños. Del lado de los populares, Pablo Casado designó a Manuel Pizarro. Tras su salida de Génova, fue la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, la que cerró con el ministro de Presidencia las medidas de transparencia que se aprobaron hace dos meses. Ahora, Alberto Núñez Feijóo ha dado a Esteban González Pons el papel de interlocutor con las instituciones.

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Sobre la mesa, estuvo una vía que permitiese el cambio en el estatus del monarca sin modificar la Constitución. Zarzuela y el PP se opusieron y finalmente Sánchez también aparcó esta cuestión, que necesita del mayor consenso posible. El planteamiento levanta diferencias incluso entre los constitucionalistas a la hora de interpretar el artículo 56.3 que recoge que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2”. Los 'refrendantes' son el presidente, los ministros y en algún supuesto el presidente del Congreso. La doctrina imperante defiende que el Rey no puede ser responsable de sus actos políticos porque lo son los que le refrendan, que han sido los elegidos en las urnas. El monarca representa al Estado. Los constitucionalistas de este sector, además, recuerdan al ser preguntados que los jefes de Estado de otros países como Francia tampoco pueden ser procesados. Asimismo, rechazan la propuesta de Calvo de hacer cambios mediante una ley procesal porque sería “inconstitucional”. Solo se podría llevar a cabo con una reforma de la Carta Magna. “Cualquier otro andamiaje jurídico sería una chapuza”, sostienen.

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En el otro lado están los que, como el catedrático Francesc de Carreras, defienden una nueva interpretación que supondría una inviolabilidad parcial y no total para que pudiera responder ante la Justicia de sus actos privados. Carreras sostiene que no es necesario llevar a cabo una reforma constitucional, ya que serviría una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir al monarca junto a los otros aforamientos de la familia real. En estos momentos son aforados, y únicamente pueden ser juzgados por el Supremo, la reina Letizia, la princesa de Asturias y don Juan Carlos y doña Sofía, que fueron incluidos tras la abdicación.

Moncloa apuesta por esta última vía, en que no sea necesario abrir la Constitución. Esto le permitiría hacerlo sin necesidad de que el PP lo apoye, pero hasta este momento en los temas referentes a la Corona siempre se ha buscado el consenso con el principal partido de la oposición. La norma se rompió con el exilio del emérito a Abu Dabi, que no se comunicó al PP. Sánchez siempre tendrá en cuenta a Zarzuela en cualquier paso, matizan fuentes gubernamentales, que recuerdan que todas las decisiones que han afectado a Felipe VI se han tomado de forma conjunta. El presidente se guarda esta bala en la recámara, consciente de que es una demanda de sus socios en el Congreso. El PNV registró esta misma semana una iniciativa en este sentido.