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La Audiencia pide investigar si Julián Muñoz ocultó sus ganancias por una entrevista
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A LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

La Audiencia pide investigar si Julián Muñoz ocultó sus ganancias por una entrevista

La Sala de lo Penal incide en que de los 46,6 millones de euros a los que fue condenado a pagar por responsabilidad civil, aún tiene pendiente de satisfacer 46,2 millones

Foto: Julián Muñoz, en la entrevista de Telecinco. (Mediaset)
Julián Muñoz, en la entrevista de Telecinco. (Mediaset)

La Audiencia Nacional sospecha que Julián Muñoz ha ocultado la remuneración percibida por una entrevista en Telecinco cuando todavía tiene que pagar 46 millones de euros por los procedimientos judiciales en los que ha sido condenado. En un auto fechado este miércoles, la Sala de lo Penal acuerda pedir a los juzgados de instrucción que investiguen si ha cometido un delito de frustración en la ejecución, en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil.

Los magisrrados atienden así la petición de la Fiscalía, que apunta a un posible embargo de las cantidades cobradas por Muñoz al considerar que simuló una cesión gratuita de los derechos de propiedad intelectual, industrial, patrimoniales, comerciales y de imagen a través de dos contratos: el que él mismo suscribió con Kometa S.L. y el que esta mercantil cerró posteriormente con Producciones Mandarina S.L. para la correspondiente entrevista.

Foto: Julián Muñoz, en una imagen de archivo. (EFE)

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Marbella, también personado en la causa, cuestionan así la aducida falta de remuneración recibida por Muñoz, quien de los 46,6 millones de euros a los que fue condenado por responsabilidad civil aún tiene pendientes de pagar 46,2 millones. Según sostiene el consistorio malagueño, “ha quedado acreditado que la cesión de los derechos de su entrevista implicó un contenido económico en forma de contraprestación por un total de 66.494,73 euros más IVA”.

El Ayuntamiento sostiene que "debería acordarse el embargo de la precitada cantidad ingresada por la entrevista en la cuenta bancaria de destino que indica la productora, al ser obvio que Julián Muñoz cobraría por la entrevista cuyos derechos han sido objeto de cesión para su explotación". Para ello destaca que el argumento de que no ha habido remuneración por esta cesión de derechos resulta "inverosímil" y lo enmarca como un "intento fraudulento de eludir el embargo acordado por esa Sala".

Foto: Julián Muñoz junto a Manuel Lores y Juan Antonio Roca (EFE)

El informe de la Fiscalía va un paso más allá y, frente al argumento esgrimido por la empresa Kometa de que los derechos de Julián Muñoz "le fueron cedidos gratuitamente" por él mismo, se muestra tajante: "Tal acuerdo no responde a una actividad contractual ordinaria, y más concretamente en el ámbito en que ésta se desarrolló. La gratuidad y altruismo que figura en ese contrato no se compadece con la realidad que se conoce de ese tipo de producciones televisivas". El Ministerio Público, de hecho, apunta a que Julián Muñoz "ya pretendió realizar entrevistas a cambio de dinero, lo que no llegó a realizarse por razón del posible embargo de tales cantidades".

Tras recibir su informe, la Sala de lo Penal ha acordado las medidas solicitadas por la Fiscalía: "La deducción de testimonio íntegro de esta pieza separada al juzgado decano de Instrucción correspondiente, por si procediere la incoación del procedimiento penal oportuno para la investigación de la comisión por este penado, Julián Muñoz Palomo, con la cooperación necesaria de terceros, de un posible delito de frustración de la ejecución, en posible concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y siendo en el seno de dicho procedimiento penal, caso de incoarse y tramitarse, donde deberán pedir las partes acusadoras las medidas cautelares".

La Audiencia Nacional sospecha que Julián Muñoz ha ocultado la remuneración percibida por una entrevista en Telecinco cuando todavía tiene que pagar 46 millones de euros por los procedimientos judiciales en los que ha sido condenado. En un auto fechado este miércoles, la Sala de lo Penal acuerda pedir a los juzgados de instrucción que investiguen si ha cometido un delito de frustración en la ejecución, en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil.

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