De asesino a inocente en 48 horas: el 'Falcon Crest' alicantino vuelve al lodazal

¿Puede un jurado declarar a un hombre culpable e inocente de un asesinato?

"El acta del veredicto es mía". Quédense con estas palabras de una jueza y entenderán el caos de uno de los casos más impactantes de la crónica negra española de los últimos años.

Tras juicios anonadantes como el de O.J. Simpson, tendemos a pensar que los enredos judiciales estadounidenses son insuperables, pero resulta que Alicante es el nuevo Hollywood judicial: difícilmente van a encontrar ustedes un caso tan enfangado como el del asesinato de Mari Carmen Martínez. El 'Falcon Crest' alicantino.

Viuda del antiguo presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Vicente Sala) y dueña de un millonario 'holding' familiar del plástico, Mari Carmen Martínez recibió dos balazos a quemarropa en el túnel de lavado del concesionario de su yerno (Miguel López) en diciembre de 2016. ¿Quién disparó? He aquí el rompecabezas. Casi todos los dedos señalaron a Miguel López. Acusado y juzgado, López fue absuelto en un proceso con más indicios que pruebas. Pero el Tribunal Supremo ha anulado ahora el juicio. Vuelta a empezar.

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Si alguien pensaba que el asesinato de una de las mujeres más ricas de Alicante se resolvería rápido por el impacto mediático (policía, jueces y prensa poniendo toda la carne en el asador), estaba equivocado. Más bien ha ocurrido lo contrario: según avanzaban las investigaciones, el caso se fue oscureciendo, salpicando a la familia de la víctima (enfrentada sin cuartel por el negocio familiar y cuyos miembros se acusan mutuamente del asesinato de la matriarca); a la policía (que acorraló al yerno... con indicios); al jurado (con un extraño cambio de criterio), y a la jueza, vapuleada ahora por el Tribunal Supremo, que ha anulado el juicio por un sainete con el veredicto. O el caso sin resolver que cada vez pringa a más estamentos de la sociedad alicantina.

El Supremo quiere otro juicio con nuevo juez y jurado. La Sala de lo Penal aceptó el recurso de indefensión de la Fiscalía y la acusación particular (representada por el hijo de la víctima) por el extraño cierre del juicio, en el que la jueza anuló un primer veredicto por falta de argumentación, confundiendo al jurado. El Supremo enmienda la plana a una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que avaló la decisión de la jueza.

Los siete minutos que cambiaron todo

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El jurado popular se encerró a deliberar y, la noche del 8 de noviembre de 2019, anunció que tenía un veredicto. La jueza citó a puerta cerrada al jurado, al fiscal y a los abogados de las partes. Eran las 22:16 de un viernes. Lo que sigue es una descripción detallada de la escena de siete minutos y 34 segundos que ha soliviantado al Tribunal Supremo.

"Los jurados en España no funcionan"

El acto arrancó con la jueza soltando la bomba: el veredicto no era válido. “El acta que me ha sido entregada adolece de las razones por las que han sido declarados probados determinados hechos del objeto del veredicto… No basta con decir creemos que ha pasado esto”, aseguró la magistrada.

El jurado debía aclarar los hechos probados y no probados en su veredicto, según la jueza, que anuló un veredicto, que mantuvo celosamente en secreto.

Como el resto del juicio, los juzgados grabaron la escena. Un vídeo de un plano fijo de la bancada de los abogados y el fiscal, que se revolvieron en sus sillas mientras la magistrada anunciaba la suspensión del veredicto. Sorpresa, tensión... y finalmente bronca: rifirrafe entre la jueza y el abogado de la acusación, Francisco Ruiz Marco, que le pidió aclaraciones sobre la anulación. La jueza no quiso entrar en detalles que desvelaran el resultado del veredicto. “No puedo explicar más. Esta acta es mía”, espetó la magistrada.

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La discusión siguió:

Abogado: Pero es que… Los jurados no se tienen que pronunciar sobre un hecho que no consideran probado, señoría.

Jueza: Perdone…

Abogado: Los jurados, si consideran que un hecho no está probado…

Jueza: No voy a discutir con usted.

Fiscal: Que conste mi protesta.

Abogado: Claro, que conste .

(...)

Jueza: Soy yo la que determina.

Abogado: Sí, pero que conste la protesta.

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Luego vino una discusión entre jueza, fiscal y abogado sobre qué dice la ley en estos casos.

Jueza: Toda la jurisprudencia determina que tiene que haber una sucinta explicación de las razones por las que han admitido o rechazado determinados hechos como probados.

Abogado: ¡Como probados, señoría, pero no como no probados!

Fiscal: El jurado no se tiene que pronunciar sobre una cosa que no considera probada.

(...)

Jueza: Háganme caso porque soy yo la que tengo que redactar una sentencia que no caiga en ningún vicio de nulidad ['spoiler': la jueza acababa de dinamitar el juicio cuando creía que lo estaba blindando].

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La magistrada atajó la discusión. El abogado de la defensa apagó su micrófono, pero se le oyó decir bajito. “¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble!”.

La portavoz del jurado también pidió explicaciones a la magistrada. No tenía claro el siguiente paso. La jueza le pidió justificar, por ejemplo, por qué no habían tenido en cuenta la prueba de parafina —el acusado había dado negativo en dicha prueba, no se encontraron restos de pólvora en sus manos—. El abogado de la defensa masculló entonces “esto es absurdo” y la jueza le cortó a gritos: “¡Guarde usted silencio!”.

“Irán ustedes a descansar, reanudan mañana y cuando la tengan preparada [la sentencia] me vuelven a convocar”, zanjó la jueza. Dicho así, parecía que solo estábamos ante la argumentación de un veredicto firme, pero 48 horas después, llegó el giro final: cuando el jurado regresó… el veredicto era otro.

Las cuentas pendientes

Aunque el primer veredicto oficialmente no existió, al ser destruido por la jueza, el hecho es que se pasó de CULPABLE A INOCENTE. Según una fuente, en el primer veredicto el yerno cometió el asesinato (por siete votos a dos), pero en el segundo fue absuelto (por seis votos a tres). Vuelco. Algo había pasado entre medias.

¿Hubo gato encerrado en el doble veredicto del caso Sala? En parte sí y en parte no.

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Para aclararnos: no era la primera vez que un juez anulaba el veredicto de un jurado popular. La ley exige que los veredictos estén motivados. ¿Por qué ha tumbado el juicio entonces el Supremo? Por dos motivos:

1) Porque el proceso de anulación no siguió los procedimientos garantistas correctos: la jueza debería haber convocado a jurado, abogados y fiscales por separado, leer el veredicto a estos últimos y dejar que alegaran. "Las partes tienen que conocer los motivos que llevan a la magistrada a la devolución del acta (...) ha de concedérseles la oportunidad de formular alegaciones (...) De lo contrario, se resiente el derecho a la defensa (...) con todas las garantías”. "La destrucción del acta, con la consiguiente imposibilidad de conocer cuáles eran los déficits de motivación o si estos se referían a un veredicto de condena que no había valorado suficientemente la prueba de descargo, arroja una duda sobre el desenlace inicial del procedimiento", según el Supremo.

2) Porque la maniobra de la jueza pudo influir en el volantazo del segundo veredicto. Habla el Supremo:

“De un lado, la destrucción intencionada del acta que reflejaba el primer veredicto; de otra parte, la difundida opinión —sin que conste su realidad— de que el jurado cambió un veredicto inicial de culpabilidad por una segunda decisión de inocencia y que ese cambio obedeció a la interpretación que los miembros del jurado hicieron de las indicaciones que formuló la magistrada”.

"La destrucción posterior del acta hace legítima la duda acerca de si fueron las indicaciones de la magistrada (...) las que determinaron un cambio de criterio convirtiendo un desenlace inicialmente condenatorio en un pronunciamiento absolutorio".

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Por tanto, aunque fuera involuntariamente, la jueza pudo influir en el desenlace del segundo veredicto.

A vuelta con los indicios

Hablamos con Francisco Ruiz Marco, abogado de la acusación.

PREGUNTA. ¿Cómo valora la sentencia del Supremo?

RESPUESTA. Más allá del caso concreto, creo que es una sentencia positiva para la ley del jurado, al impedir la destrucción del acta, algo que no debería hacerse nunca, porque es un verdadero desafuero.

P. ¿Por qué?

R. Porque las acciones de un magistrado no pueden quedarse sin fiscalizar. Al destruir el acta, ningún tribunal puede comprobar si la decisión de anular el acta estaba o no sujeta a derecho. Una anulación de veredicto no puede quedar al margen del control judicial.

"El acta no es del juez. Es de los ciudadanos"

P. La magistrada llegó a pronunciar la frase: “El acta es mía”.

R. Esa es la clave de todo el asunto. No es suya. La magistrada tenía que haber convocado primero a las partes, sin el jurado, para un debate técnico sobre el contenido del acta, en lugar de destruirla. El acta no es suya, es de los ciudadanos.

P. Usted reaccionó muy rápido a la decisión de la jueza, en segundos, como si viera venir lo que acabaría pasando.

R. Gracias.

P. ¿Tenía alguna intuición sobre el contenido del veredicto?

R. La jueza pidió al jurado que motivara las pruebas de descargo, así que supuse que era condenatorio.

P. Hablando del juicio: la instrucción policial ha sido criticada por tener más indicios que pruebas contra el acusado…

R. Mira, es raro que a un condenado por asesinato se le detenga con la pistola en la mano. No hay muchos crímenes juzgados así. En este caso, hablamos de un asesinato muy planificado, con conocimiento del terreno y cercanía a la víctima. Es un juicio complejo, pero no es extraordinario que se condene a alguien por suma de indicios.

(...)

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Sobre este asunto hay opiniones diferentes. José María Asencio, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Alicante, cree que “un tribunal técnico no hubiera condenado a Miguel López. Los indicios son elementos objetivos indirectos que prueban un hecho, pero en este caso lo que hay es una construcción en base a elucubraciones y sospechas”.

Aunque Asencio cree que la decisión del Supremo de repetir el juicio es “correcta”, ve problemas de fondo que no va a solucionar la sentencia: “La ley del jurado en España no funciona. Se ha hecho una ley a la española, mezclando la europea con la de los juicios a la americana, que obliga al jurado a motivar las sentencias en base a cuestiones judiciales técnicas que desconocen. Los jurados en España no funcionan de ninguna manera”.

Veredicto final

Al margen de la intervención de la magistrada, ¿es normal que un jurado decida que alguien es culpable de asesinato, y declararle inocente poco después?

Digamos que algo pasó entre ambos veredictos, pero las dudas del jurado también eran lógicas: reflejo de las dudas de un caso enigmático que ha puesto en jaque a la policía, a los medios de comunicación y a la sociedad alicantina, sin que nadie haya sido capaz de resolverlo hasta ahora.

¿Es el yerno culpable o inocente? ¿Apretó el gatillo otro hombre? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que un asesino anda suelto, que la familia de la asesinada ha reventado y que todo el sistema alicantino ha acabado enfangado.