El naufragio del Villa Pitanxo busca un juez que instruya el caso desde hace más de un mes. Ni la Audiencia Nacional ni los juzgados de Marín han querido asumir la investigación sobre el hundimiento del pesquero gallego que tuvo lugar en la madrugada del 15 de febrero y en el que murieron 21 marineros a 250 millas de la costa canadiense de Terranova. La última en pronunciarse fue la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad puerto base del barco, que rechazó su competencia. Días antes, el juez Ismael Moreno había considerado que tampoco era competente. Desde entonces, las diligencias penales están paralizadas y en el Supremo aún no se ha planteado el conflicto de competencia que decidirá quién debe asumir la causa.
A pesar de este tira y afloja, la primera valoración de la Fiscalía apuntaba a la existencia de indicios de criminalidad. Aseguró en un escrito que observaba elementos que permitirían imputar "21 delitos de homicidio por imprudencia grave" y "contra los derechos de los trabajadores". Solo sobrevivieron tres personas: el patrón, su sobrino y uno de los marineros. El testimonio clave es el ofrecido por este último, que sostiene que todos gritaron al capitán "que soltara los aparejos" y "este se negó" y en ningún momento "dio orden de ponerse los trajes de supervivencia" a la tripulación.
A pesar de los indicios, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el instructor del tribunal con sede en Madrid no vieron motivos para hacerse cargo de las diligencias. Ambos aseguraron que el espacio donde se habrían cometido los presuntos delitos, un buque hundido en aguas internacionales, se considera, según el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, territorio español, lo que atraería la competencia del juzgado de instrucción de Marín. La titular de este no está de acuerdo e indica que el barco se encontraba fuera del territorio nacional. En su opinión, los medios de los que dispone el tribunal madrileño y la jurisprudencia del Supremo apuntarían a que debe ser este quien se ocupe de la investigación.
El arranque de las pesquisas
Las versiones del capitán Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y del marinero de origen ghanés Samuel Koufie coinciden solo en parte. Según los escritos de los jueces y fiscales, relataron que, en torno a las cuatro de la madrugada del 15 de febrero, se paró el motor del buque y las condiciones meteorológicas, un fuerte temporal, provocaron que entrara agua por la aleta de babor "ocasionando una cada vez mayor escora por babor".
Sin embargo, ante la Policía, Koufie dio "una versión absolutamente distinta de los hechos". Justificó el cambio de versión por la presión inicial del capitán y del armador. Dijo entonces que el motor no se paró, sino que las maquinillas que recogen el aparejo dejaron de funcionar bien y empezaron a tensar las redes sin recogerlas. Le gritaron al capitán que soltara los aparejos, pero este se negó. Con el barco ya muy ladeado, el motor acabó de pararse, por lo que la nave se inclinó aún más.
También dijo que en ningún momento el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban, lo que le sorprendió. Cuando consiguió subir a una de las balsas, el buque comenzó a hundirse y produjo un agujero en la pequeña embarcación de salvamento. Los tripulantes refugiados allí murieron de hipotermia.
La Fiscalía llegó a considerar que "existen indicios de que la versión primeramente ofrecida puede no ajustarse a la realidad, tratando con ello de eludir las posibles responsabilidades". El Ministerio Público apunta para ello a que el capitán sostiene que la tripulación se puso "los equipos de salvamento", pero ni Koufie "ni ninguno de los cadáveres recuperados tenían el equipamiento de seguridad puesto".
Otro aspecto que la Fiscalía considera de "vital importancia" es "la parada del motor", pues "la velocidad del buque a esas horas" y justo antes del hundimiento "suscita dudas acerca de la versión del capitán". "Sin perjuicio de lo que resulte tras ulterior instrucción, se concitan elementos indiciarios que permiten imputar, al menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave (artículo 142 del Código Penal) y contra los derechos de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal), sin perjuicio de lo que resulte", concluía el Ministerio Público. Para determinarlo, no obstante, se necesita una instrucción que aún no ha arrancado.
El naufragio del Villa Pitanxo busca un juez que instruya el caso desde hace más de un mes. Ni la Audiencia Nacional ni los juzgados de Marín han querido asumir la investigación sobre el hundimiento del pesquero gallego que tuvo lugar en la madrugada del 15 de febrero y en el que murieron 21 marineros a 250 millas de la costa canadiense de Terranova. La última en pronunciarse fue la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad puerto base del barco, que rechazó su competencia. Días antes, el juez Ismael Moreno había considerado que tampoco era competente. Desde entonces, las diligencias penales están paralizadas y en el Supremo aún no se ha planteado el conflicto de competencia que decidirá quién debe asumir la causa.
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