El Constitucional somete a examen el papel de los policías infiltrados en el narcotráfico

Hasta dónde puede llegar un agente encubierto con tal de desenmascarar a un delincuente. El narcotraficante Alirio Ramón León Viloria, condenado a ocho años de cárcel por introducir cocaína en España, ha trasladado esta pregunta al Constitucional. El 12 de mayo, el tribunal admitió a trámite su recurso y, por primera vez, se pronunciará sobre los policías infiltrados. Esta es la historia de Alirio y los cinco agentes con nombre de río que le sonsacaron sus secretos: Cenia, Piloña, Quípar, Ebro y Duero.

El agente Cenia

"La actividad probatoria en que se sustenta la condena de mi patrocinado proviene, en exclusiva, del agente encubierto", denuncia la defensa de Alirio Ramón León Viloria en su recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial. Su defensa corre a cargo del abogado Víctor Fernández de Lucas, del despacho FDL Abogados Penalistas, que apunta a una vulneración de derechos por la indebida actuación del agente encubierto Cenia y pide la absolución de su cliente.

La Audiencia Provincial de Madrid le condenó a ocho años de cárcel por un delito contra la salud pública en 2020. La investigación arrancó un año antes, en enero de 2019, cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional "tuvo noticias de la existencia de un grupo de personas que se dedicaban a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid", explica la resolución. "Tras la práctica de gestiones por los referidos agentes, se identificó a quien era conocido como Rafael Lamus Araujo, apodado 'Rafa', y cuyo nombre verdadero es Alirio Ramón León Viloria, de nacionalidad venezolana".

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Los policías sospechaban que él era el encargado de "organizar el traslado de la droga a España", una línea de investigación ante la que entró en juego el policía Cenia. Este consiguió ganarse su confianza, tras lo que la Udyco "solicitó a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional autorización para su nombramiento" y el de otros dos compañeros "como agentes encubiertos": Cenia, Piloña y Quípar. La autorización fue prorrogada entre febrero y marzo de 2019 y, ese mismo mes, Piloña abandonó la investigación para dar paso a otros dos agentes: Ebro y Duero. El 11 de abril de 2019, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid también dio luz verde a su infiltración.

"El agente encubierto Cenia mantuvo diferentes reuniones con Alirio Ramón León Viloria desde el mes de enero de 2019, en las cuales este le transmitía al agente las gestiones que realizaba para traer a España grandes cantidades de cocaína", explica la sentencia. De esta manera, tuvieron constancia de que un avión que cubría la ruta Caracas-Madrid escondería en un contenedor "tres paquetes de cocaína con un peso total aproximado de 50 kilogramos" el 30 de junio de 2020.

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La Policía Nacional incautó la cocaína nada más aterrizar el avión en el aeropuerto madrileño. En total, "48 paquetes con cocaína con un peso neto total de 47.546,77 gramos y una riqueza media entre el 73,2 y el 80%", ascendiendo así su valor a más de 1,5 millones de euros en el supuesto de su venta al por mayor. Tras sustituir la droga por otra sustancia "inocua", se procedió a "su entrega vigilada a Alirio Ramón León Viloria el día 1 de julio de 2019" en un aparcamiento de Getafe donde, "haciéndose pasar por colaboradores del agente Cenia, se encontraban los agentes Ebro y Duero". Nada más recoger la supuesta droga, los dos policías detuvieron a Viloria.

El recurso

La defensa de Viloria ha agotado todas las vías de recurso posible hasta llegar al Constitucional. La última el 10 de junio de 2021, cuando el Supremo echó por tierra sus argumentos y confirmó la condena. Pese a ello, aquella resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, resume su línea de defensa, en la que cuestiona la investigación del agente encubierto Cenia y sostiene que este vulneró su derecho a la intimidad:

1. El agente selecciona la información que aporta al órgano judicial o la relevancia de la misma.
2. No aporta los mensajes intercambiados con Alirio, ni explica debidamente cómo se ganó la confianza de este y los pormenores de su relación.
3. Falta de competencia de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional para habilitar la actuación de agente encubierto.
4. Falta de proporcionalidad y necesidad de la medida y de motivación del decreto habilitante de actuación de agente encubierto.
5. Falta de control judicial de la medida por demorarse casi tres meses la información al Juzgado por parte de fiscalía de la habilitación de agente encubierto.
6. Nuevamente falta de control judicial e incumplimiento de los deberes del agente encubierto por elegir él mismo la información que aportaba al órgano autorizante y no remitir la misma de forma íntegra.

Además del derecho a la intimidad, su defensa incide en que también se vieron vulnerados su derecho a un proceso con todas las garantías y su derecho a la tutela judicial efectiva con "causación de efectiva indefensión". El recurso apunta para ello al artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el "juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal, dando cuenta inmediata al juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta". Según argumenta la defensa de Viloria, en su caso no se cumplieron estos requisitos.

Con ese razonamiento como telón de fondo, el Constitucional ha admitido a trámite su recurso al considerar que "plantea una cuestión que afecta a derechos fundamentales sobre la que no existe jurisprudencia" por parte del tribunal de garantías. Según destaca en su comunicado, la condena se basa en "las declaraciones de tres agentes encubiertos que fueron habilitados para actuar como tales por la fiscalía especial antidroga mediante un primer decreto que tuvo una duración de un mes y que fue prorrogado en dos ocasiones", lo que plantea dudas respecto al modo en que se dio cuenta a la autoridad judicial "una vez finalizadas dichas prórrogas".