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Las vías penal y administrativa cercan ya a Rubiales mientras el Gobierno activa la alerta
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Las vías penal y administrativa cercan ya a Rubiales mientras el Gobierno activa la alerta

El CSD habla ya de la posibilidad de inhabilitar al presidente de la RFEF por el cobro de una ayuda de vivienda y por espiar a un rival, al tiempo que la Fiscalía inicia una investigación por delitos castigados con penas de cárcel

Foto: Luis Rubiales, antes de su última comparecencia. (EFE/Rodrigo Jiménez)
Luis Rubiales, antes de su última comparecencia. (EFE/Rodrigo Jiménez)
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El frente penal y el administrativo cercan ya al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras un mes de revelaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las irregularidades de su gestión. Fruto de los llamados Supercopa Files, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación y el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene en su poder dos denuncias que estudiará elevar al TAD, la máxima instancia administrativa en el deporte. El caso ha entrado esta semana en una nueva dimensión que ha llevado al Gobierno a cambiar el paso y salir en defensa de la imagen del fútbol español. En el Ejecutivo, hay preocupación por la situación, según todas las fuentes consultadas.

Este jueves, Rubiales acudió a un acto de Radio Marca en Granada, donde recibió un premio por representar a la ciudad andaluza por todo el mundo. El de Motril dijo que no tiene motivos para dejar de llevar la cabeza alta y reivindicó haber realizado un “trabajo honesto”. Como viene siendo habitual, se escudó en su objetivo de lograr que España sea sede del Mundial 2030. El mes pasado, cuando ofreció su primera rueda de prensa, llegó a culpar a este periódico de poner en peligro el proyecto. También aseguró que dará explicaciones en la próxima asamblea de la Federación, que tendrá lugar el 30 de mayo.

Foto:
Rubiales almacenó conversaciones privadas de WhatsApp con Pedro Sánchez desde 2018
José María Olmo Alejandro Requeijo Ilustración: Laura Martín

Apenas una hora antes, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, José Manuel Franco, escenificó en Madrid el distanciamiento del Gobierno. Hasta ahora, el Ejecutivo parecía ajeno al escándalo, pero el discurso ha cambiado en las últimas 48 horas después de que saliera a la luz que el presidente de la Federación grabó durante años a altos cargos del Gobierno y a ministros. Franco le exigió por carta explicaciones a Rubiales y por primera verbalizó la posibilidad de iniciar los trámites para su inhabilitación ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este es un organismo que Rubiales considera hostil por alinearse en contra de sus intereses.

El TAD lo integran siete juristas designados por el CSD. Se nombran cuatro miembros a propuesta del presidente del CSD y tres de entre los propuestos por las federaciones deportivas españolas. Su mandato es de seis años. En conversaciones a las que tuvo acceso este periódico, Rubiales les acusaba de estar “todos vendidos”. “El TAD es un puto desastre”, le espetó a la exsecretaria de Estado para el Deporte Irene Lozano, en 2020. Cinco de los siete juristas a los que atacaba habían anulado la convocatoria de elecciones anticipadas con que trataba de evitar la construcción de una candidatura alternativa en medio de la pandemia.

Foto: José Manuel Franco (i) y Luis Rubiales el pasado marzo. (EFE/J.J. Guillén)

La primera denuncia contra Rubiales en poder del CSD es la que presentó el DUX Internacional, un equipo que milita en la Primera RFEF (anterior Segunda División B) y del que es propietario el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. Tiene que ver con el complemento de 3.100 euros mensuales que Rubiales recibió durante meses para una ayuda a la vivienda en un ático de lujo en Madrid. El presidente de la Federación había sido entre 2010 y 2017 el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y ya estaba censado en la capital, por lo que no le correspondía ese suplemento.

La segunda denuncia la ha presentado este miércoles la propia AFE, en concreto, su actual responsable, David Aganzo. El Confidencial ha desvelado esta semana que fue espiado por orden de la RFEF. El trabajo costó más de 11.700 euros e inicialmente lo pagó una empresa inmobiliaria, propiedad de una persona vinculada al abogado de confianza de Rubiales, Tomás González Cueto. Esta empresa luego remitió la factura y el informe sobre Aganzo a la Federación. Rubiales tenía entre sus objetivos controlar al sindicato como herramienta de presión en su enfrentamiento con LaLiga, que preside Javier Tebas. Ahora, la AFE pide formalmente al CSD que inhabilite ya al máximo mandatario del fútbol español.

Foto: Luis Rubiales, con David Aganzo, en su despedida de AFE. (EFE)

Hasta ahora, el CSD se escudaba en la dificultad de intervenir en una federación que no recibe subvenciones y que tiene una autonomía parecida a la de una empresa privada. El escrito de Aganzo rebate esa tesis y por eso pide la apertura de un expediente disciplinario contra Rubiales y que se le inhabilite ya como medida cautelar. A su juicio, ha quedado demostrado que el presidente de la RFEF maniobró para controlar un colectivo protegido por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. También la utilización de fondos de la Federación para directa o indirectamente sufragar los gastos de las actuaciones indicadas. Invoca los artículos 76.2 y el 43 de la Ley del Deporte, que habilitan al CSD a actuar.

La Fiscalía

Este paso se produce en paralelo a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación en torno a las presuntas irregularidades de Rubiales. La investigación de los Supercopa Files realizada por este periódico comenzó sacando a la luz en abril las negociaciones entre Rubiales y el central del Barça Gerard Piqué para un negocio lucrativo que consistía en venderle a Arabia Saudí un torneo del fútbol español. El acuerdo repercutió en 24 millones de euros para el jugador, todavía en activo, y un incremento del salario variable del presidente de la RFEF. Los detalles del contrato revelan que los saudíes pagan más si se clasifican el FC Barcelona y el Real Madrid.

Ahora, el ministerio público tendrá que designar un encargado del caso y decidir el camino por el que avanzarán sus pesquisas. Como en otras causas, decidirá si cita a declarar a los protagonistas en calidad de investigados o de testigos o a más personas implicadas. También podrá solicitar documentación. En caso de que halle elementos suficientes de delito, la Fiscalía remitirá sus trabajos a un juzgado para que decida si continúa con la investigación. Es un recorrido como el que ha experimentado el caso de las mascarillas de Madrid, actualmente en un juzgado madrileño tras año y medio en manos de Anticorrupción.

Responde así a las denuncias presentadas por un afiliado de la RFEF que apuntaba a cinco delitos: corrupción en los negocios, corrupción entre particulares, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho. Se trata de delitos que contemplan años de prisión. La RFEF ha contestado con un comunicado en el que anuncia su intención de “personarse” en las diligencias de la Fiscalía, algo no previsto legalmente en esta fase de la investigación. Simplemente, están obligados a remitir toda la documentación que les solicite el investigador. Rubiales tardó varios días en comparecer ante los medios para dar explicaciones tras las primeras informaciones porque, según dijo, no tenía el permiso de los saudíes para incumplir la cláusula de confidencialidad.

El frente penal y el administrativo cercan ya al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras un mes de revelaciones de El Confidencial que han puesto de relieve las irregularidades de su gestión. Fruto de los llamados Supercopa Files, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación y el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene en su poder dos denuncias que estudiará elevar al TAD, la máxima instancia administrativa en el deporte. El caso ha entrado esta semana en una nueva dimensión que ha llevado al Gobierno a cambiar el paso y salir en defensa de la imagen del fútbol español. En el Ejecutivo, hay preocupación por la situación, según todas las fuentes consultadas.

Consejo Superior de Deportes (CSD) Real Federación Española de Fútbol Fiscalía Anticorrupción Gerard Piqué
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