La banda que hizo real 'La casa de papel': así estafaron a diputaciones y ayuntamientos

En enero de 2017, tres meses antes del estreno de 'La casa de papel', una banda de estafadores se planteó la misma pregunta que los guionistas de la serie: cómo asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Su plan no incluyó caretas de Salvador Dalí ni rehenes, pero sí un análisis sobre las empresas que trabajaban para la entidad. Los estafadores llegaron así hasta Garda, su proveedor de servicios de seguridad: tras suplantar su identidad de forma telemática, convencieron a la Fábrica Nacional de Moneda de que habían cambiado de cuenta bancaria para estafarles 146.899,20 euros.

Al advertir el engaño, la Fábrica Nacional de Moneda consiguió bloquear las transferencias y recuperó el dinero, pero otras entidades no corrieron la misma suerte: entre 2016 y 2018, después de extender este timo a 78 administraciones públicas, les provocaron un perjuicio de más de dos millones de euros. Sus víctimas incluyen a la Diputación de Barcelona, la de Castellón, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o decenas de ayuntamientos. Allá donde hubiera funcionarios, la banda atacaba.

La Audiencia Nacional detalla sus estafas en una sentencia del 5 de abril a la que ha tenido acceso El Confidencial. A lo largo de 125 páginas, los magistrados explican que, salvo pequeñas diferencias, la organización criminal utilizó el mismo engaño contra administraciones públicas de toda España:

1. "Identifican a las posibles víctimas, que van desde ayuntamientos, hospitales y boletines oficiales hasta todo tipo de consorcios".
2. "Realizan un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas".
3. "Se hacen pasar por una de las empresas que tienen pendiente algún cobro".
4. "Simulando ser el proveedor, llaman a la entidad o le dirigen un correo electrónico, comunicándole que van a cambiar su número de cuenta habitual".
5. "Le indican también que en los siguientes días recibirán vía 'mail' los documentos acreditativos de este cambio".
6. "Una vez la entidad recibe estos documentos creados por la organización para acreditar el cambio de cuenta corriente, paga los servicios".
7. "Realizan reintegros en efectivo en cajeros automáticos nacionales o bien ordenan transferencias a otras cuentas controladas por la organización en otros países".

Con este 'modus operandi', la banda sustrajo 266.081,08 euros a la Diputación de Barcelona en diciembre de 2016, cuando se hicieron pasar por Graves i Excavacions Castellot, la empresa que se había llevado el contrato para el mantenimiento de su red de carreteras. En el caso del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la banda logró estafarles 60.000 euros tras suplantar a la empresa Antalis Iberia, y en el de la Diputación de Castellón, otros 58.790,69 tras suplantar a Eurest Colectividades.

Al frente de la organización, los magistrados sitúan a Ionut Lucian Alexandru, que controlaba "la creación de la documentación falsificada"

Para perpetrar las estafas, la sentencia incide en que falsificaban "documentos de identidad" de cara a los bancos. En el engaño a la Fábrica Nacional de Moneda utilizaron la identidad falsa de Guus Bakker, pero los investigadores sitúan tras ella a un miembro de la banda: Iulian Dumitrescu. De esta manera, ocultaban su rastro y evitaban que los investigadores los vinculasen con los "cientos de cuentas corrientes en distintas entidades bancarias y en distintos países", desde Rumania hasta Polonia.

Más allá de las administraciones públicas, los magistrados apuntan además a que la organización criminal también se especializó en estafas telemáticas a particulares: "Phishing bancarios, engaños en compraventa de bienes y servicios en internet y, sobre todo, en alquileres temporales o turísticos", explica la sentencia. Los investigadores apuntan 705 particulares afectados y, si a estos se suman los engaños a administraciones, "la cantidad defraudada asciende a 3.016.870,33 euros". En cualquier caso, los investigadores han detectado "la existencia de numerosas víctimas en países extranjeros", por lo que el fraude final podría ser aún mayor.

Los cuatro departamentos de la banda

La sentencia explica que los miembros de la banda contaban con una "cualificación técnica considerable". Para perpetrar las estafas, se dividían en cuatro departamentos: el de planificación, "que se ocupa de diseñar las operaciones"; el de informática, que suplanta "páginas como Airbnb por otras de idénticas características visuales de forma que el usuario cree estar en estas páginas"; el de creación de documentos, que falsifica desde DNI hasta contratos de trabajo "para la apertura de las cuentas bancarias", y el de logística, que da soporte a las mulas "en los lugares en los que dan de alta cuentas" y les "guían por el territorio español".

Al frente de la organización, los magistrados sitúan a Ionut Lucian Alexandru, que controlaba "la creación de la documentación falsificada", "las páginas web e inserción de anuncios no verdaderos" y la "gestión de las cuentas bancarias". En cuanto a "la captación y distribución de mulas a nivel Internacional", apuntan a otros dos hombres que también se erigen como "líderes": Cristian Ion Nicolaescu y Ioan Laurentiu Avasilca. Según explican los magistrados, todos ellos ya han sido "enjuiciados y condenados", por lo que la sentencia del 5 de abril se centra en el papel que jugaron otros dos miembros de la banda: los rumanos Georghe Madalin Andronache y Adriana Nistor.

Junto al resto de miembros de la organización que han sido condenados, ambos indemnizarán "conjunta y solidariamente" a todos los estafados

El primero de ellos abrió "47 cuentas bancarias" y utilizó "16 documentos creados al efecto" entre noviembre de 2016 y marzo de 2017: Adam Gera, Franki Tudor, Dominik Nemec, Heiz Geiger... Todo un arsenal de identidades falsas para ocultar su rastro. El propio acusado confesó los hechos antes del juicio, por lo que la sentencia le aplica la atenuante de reconocimiento y le condena a cinco años de cárcel por pertenencia a organización criminal, un delito continuado de falsedad y otro de estafa.

En el caso de Adriana Nistor, la sentencia apunta a que también participó en la apertura de 14 cuentas bancarias "utilizando cinco identidades supuestas". Al igual que Georghe Madalin, ella también confesó los hechos antes del juicio, por lo que se le aplica la misma atenuante y los magistrados la condenan a dos años y medio de cárcel. Junto al resto de miembros de la organización que ya han sido condenados, ambos tendrán que indemnizar "conjunta y solidariamente" a todos los estafados.