Justicia descarta salidas de etarras aunque Europa confirme su última condena a España

La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, descarta que haya que excarcelar etarras de forma general si Europa confirma la condena a España por el caso del terrorista Xabier Atristain. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor del etarra en su queja de no haber podido elegir un abogado de su confianza durante el tiempo que estuvo incomunicado en dependencias policiales tras su arresto. El Gobierno ha recurrido, pero por lo pronto Atristain se encuentra en libertad por orden de la Audiencia Nacional mientras se resuelve el caso, que es extensible a otros muchos etarras en la misma situación.

Este es un tema que desde hace tiempo preocupa a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Advierte de que este fallo, que ha pasado desapercibido en la agenda política, puede dar como resultado que haya decenas de terroristas en la calle en cuestión de días. En el recuerdo está el escenario tras la derogación de la 'doctrina Parot', que alargaba la estancia en prisión de terroristas y violadores por el modo en que se descontaban las redenciones. Salieron de golpe decenas de asesinos, pese a que el pleito en el TEDH solo afectaba a la etarra Inés del Río. Ya entonces hubo voces en el Gobierno —entonces del PP— que descartaron salidas masivas.

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EFE

Tanto en las víctimas como en parte de la judicatura había desasosiego por la tardanza del Gobierno en recurrir la condena a España por el caso Atristain. Agotó el plazo casi hasta la bocina final. De no haber recurrido, la sentencia habría sido firme sin posibilidad de remedio. La Abogacía del Estado presentó su escrito y la decisión final se conocerá próximamente; sin embargo, la AVT pidió una reunión con el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, para conocer los argumentos que usará España en las instancias europeas. Esa reunión se produjo la semana pasada.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, acompañada por el consejero y la abogada de la Asociación, Miguel Folguera y Carmen Ladrón de Guevara, mantuvieron un encuentro con el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez. Fuentes de la asociación aseguran que el equipo de Llop admitió que es difícil que el recurso prospere. Dan por hecho que la Gran Sala del TEDH rechazará las pretensiones de España y confirmará el fallo. Pero insisten en que la sentencia recurrida solo hace alusión al caso concreto de Atristain y no hay riesgo para el resto.

Cuando una persona es detenida en España por motivos de terrorismo, puede permanecer un plazo de tiempo incomunicada que legalmente llega hasta los cinco días como máximo. Es una medida excepcional para casos muy tasados que ni siquiera se aplica a todos los terroristas. Se les niega la llamada para avisar de su arresto, la posibilidad de elegir abogado o tener una reunión previa de preparación con el letrado. En muchas ocasiones, los abogados de los presos de la banda eran emisarios directos de las directrices de ETA, como ha acreditado la Justicia.

Las víctimas hicieron hincapié en la defensa de la incomunicación y este estatus jurídico. Justicia explicó que lo que se ha recurrido es el concepto mismo de que España haya vulnerado algún derecho. Sostienen en el Gobierno que la sentencia del TEDH no cuestiona el régimen de incomunicación en general. Lo que hace de particular el caso de Atristain es que no pudo siquiera reunirse con su abogado y el Supremo desestimó su queja al entender que no era por razones achacables a las autoridades policiales.

En el encuentro, los responsables de Justicia trasladaron a las víctimas el informe elaborado por la Abogacía del Estado y las razones para recurrir. Los argumentos de los servicios jurídicos del Estado son los que dieron pie al mensaje de que en ningún caso una derrota en Europa por este caso se haría extensible a otros terroristas en situación similar. No supondría la revisión de otras condenas ya impuestas a etarras que no hayan acudido al TEDH, y que ya estarían fuera de plazo para ello además. Para las víctimas, la tranquilidad no es completa, ya que al final los jueces pueden tomar sus propias decisiones, como ya sucedió en 2014 con la derogación de la 'doctrina Parot'.

Igor Portu y el atentado de Barajas

Las diferencias de interpretación entre la Justicia española y la europea van más allá de este caso concreto. Esta misma semana, una de ellas será objeto de deliberación por parte del Tribunal Constitucional. El pleno comenzará a estudiar el recurso presentado por uno de los autores del atentado de la T-4 de Barajas, Igor Portu. El miembro de ETA acudió al tribunal de garantías tras conseguir una condena a España impuesta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por malos tratos durante su detención.

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Alejandro Requeijo

Después de la resolución de Estrasburgo, que condenó al Estado a indemnizarle con 30.000 euros, Portu reclamó al Supremo que revisara su condena. El TS, sin embargo, inadmitió aquel recurso. El etarra argumenta ahora al TC que la condena a más de 1.000 años de prisión por la acción terrorista con furgoneta-bomba en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid, que el 30 de diciembre de 2006 causó la muerte de dos ecuatorianos, se basó en una confesión que fue obtenida con torturas, como acreditó el tribunal de Estrasburgo. Recalca que, por ello, tenía derecho a una revisión.