Tres años sin rastro de los autores del 'hackeo' del correo del tribunal del 'procés'

El espionaje de comunicaciones privadas no fue exclusivo del entorno independentista o del Gobierno español. En las mismas fechas en que se sitúan los pinchazos de decenas de móviles a través del sistema Pegasus, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó un 'hackeo' masivo a los correos electrónicos de los miembros del tribunal del 'procés' y los cuatro fiscales del caso. Tres años después de que personas no identificadas accedieran al correo electrónico del magistrado Manuel Marchena y sus seis compañeros del tribunal, no se ha hallado a los autores materiales del pirateo.

El procedimiento recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, que admitió una denuncia presentada por la Fiscalía tras el episodio que se produjo después del visto para sentencia del juicio y antes de que se hiciera pública la sentencia por la que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes por sedición y malversación. La fiscal de sala responsable de delitos informáticos, Elvira Tejada, concluyó que las conductas desarrolladas a finales de junio, cuando el CNI alertó de la intromisión en los 'e-mails' corporativos de los magistrados, encajaban en la comisión de un delito contra la intimidad por medios informáticos.

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La denuncia culmina las diligencias abiertas por la Fiscalía después de que el CNI detectara este tipo de acciones contra los 'mails' profesionales de los jueces, ataque que coincidió con el inicio de las deliberaciones, en el momento más sensible del procedimiento. El 'hackeo' fue reivindicado en redes sociales por Anonymous Catalonia, que se mofó de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades. Pese a que la organización asumió la intromisión, la identidad precisa de aquellos que la perpetraron no se ha averiguado. Fuentes del caso informan de que hubo, además, intentos de acceso a la información bancaria de los afectados.

El suceso provocó que el Consejo General del Poder Judicial comunicara a la Agencia Española de Protección de Datos "una brecha de seguridad consistente en el ataque a determinadas cuentas de correo" y recordara también a los magistrados "los protocolos de seguridad que deben adoptarse en relación con el uso del correo". Durante estos meses, la Fiscalía ha tratado de averiguar las verdaderas identidades de quienes se encontraban tras el ataque. Las diligencias para identificar a los autores aún continúan.

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El ataque no consiguió todos sus objetivos. O al menos así lo aseguró Anonymous en su propia cuenta de Twitter. En uno de sus mensajes, adjuntaba un pantallazo de la página principal del correo del juez Marchena y se apenaba de no poder dar información sobre el estado de la sentencia, pues "Marchena no usa su cuenta profesional para eso". Añadían: "Ni una sola referencia a la causa (...) en todo su correo". El colectivo indicó entonces que el objetivo no eran "los jueces del 'procés". "Fue pura casualidad caer encima del correo de Marchena y el CNI lo tendría que saber perfectamente...". "Esto no tiene nada de 'hackeo' y la seguridad de las instituciones españolas es la misma que ese candado de la maleta que te viene con un 0000", agregaron.

"Corrupción del Estado español"

La cuenta desde la que se hacían estas afirmaciones, @anonktalonia, fue suspendida ya en 2019. El colectivo mantiene activo un canal de Telegram. En Twitter, se localizan otras cuentas con la misma marca que tomaron el testigo. Poco después de la intromisión, El Confidencial contactó con la organización. Personas sin identificar explicaron que llegaron a las cuentas "a base de suerte y deducciones" e indicaron que uno de los objetivos era "mostrar la falta de seguridad en las instituciones españolas, fueran cuales fueran los fallos". "¿Que cómo nos definimos? Defendemos la libertad de expresión, la independencia de internet y de las redes de manera anónima. Ahora mismo queremos poner en evidencia la corrupción del Estado español con todo el asunto de la independencia de Cataluña, es un ridículo", aseguraron entonces.

Tras lo sucedido, la cuenta ahora suspendida lanzó otros mensajes. "¿Cómo van nuestros compañeros del CNI? Nosotros disfrutando de nuestras vacaciones", dijeron en agosto para pedir, a continuación, al CGPJ que "obligara" a los jueces a cambiar la contraseña, ya que aún podían "acceder a algún que otro correo".