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Así reaccionan los presidentes autonómicos a Pegasus: prevención, dudas o indiferencia
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Amenaza de espionaje

Así reaccionan los presidentes autonómicos a Pegasus: prevención, dudas o indiferencia

Dirigentes como Moreno, Lambán o Urkullu ya han entregado sus teléfonos para descartar el espionaje, mientras que otros como Revilla niegan cualquier preocupación. La mayoría espera las indicaciones del CCN

Foto: Conferencia de presidentes de La Palma, celebrada en mayo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Conferencia de presidentes de La Palma, celebrada en mayo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La psicosis por Pegasus se ha extendido en menor o mayor medida a las comunidades autónomas. La reacción de los diferentes Gobiernos autonómicos es dispar, con análisis de los teléfonos móviles de algunos presidentes, dudas sobre cómo proceder o incluso indiferencia. Los únicos que ya han solicitado barridos para descartar que hayan sido víctimas de espionaje son los dirigentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno; País Vasco, Iñigo Urkullu; Aragón, Javier Lambán; y Ceuta, Juan Jesús Vivas. No se descarta que en las próximas horas la lista se amplíe, en mitad de la polémica por la labor del CNI y el seguimiento a líderes independentistas.

En el otro extremo está Miguel Ángel Revilla. El presidente de Cantabria ha descartado cualquier análisis o estudio de su teléfono. Pero no lo ha rechazado porque el Gobierno cuente con un sistema propio de seguridad efectivo contra Pegasus, como señalan otros territorios, sino porque directamente no lo necesita. La explicación, señalan desde su equipo, es porque tiene un móvil básico y sin acceso a internet. "No tiene ninguna preocupación en ese sentido", aseguran. Y al contrario que en Ceuta, su homólogo en Melilla, Eduardo de Castro, descarta el análisis. "Porque ni soy tan importante y porque cuesta mucho dinero", ha explicado, según recoge EP.

Foto: La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. (EFE/J.J. Guillén)

Los Ejecutivos regionales han movido ficha tras el anuncio de Moncloa del pasado lunes, cuando se informó de que Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sido espiados. Una parte de ellos estudian todavía si aceptar la oferta del Gobierno central, que ha brindado a partidos políticos y administraciones la posibilidad de inspeccionar si los móviles de sus miembros están infectados. En la mayoría de los casos se trabaja en coordinación con el Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo estatal encargado de la ciberseguridad, y a la espera de sus instrucciones. Baleares, Navarra o Asturias, todos socialistas, se enmarcan en este supuesto.

Fuentes del Gobierno de Adrián Barbón señalan a El Confidencial que es "muy probable" que el presidente asturiano también encargue un análisis de su terminal para descartar el espionaje. En los otros casos la situación es algo distinta. Desde el equipo de María Chivite apuntan que, a la espera de las indicaciones del CCN, ya cuentan con sus propios mecanismos de ciberseguridad. Sin ninguna sospecha hasta la fecha, en Navarra no es un asunto sencillo porque los teléfonos que se utilizaron en las fechas críticas, entre mayo y junio de 2021, no están operativos ahora al haber renovado los aparatos de toda la Administración. En Galicia, Alfonso Rueda dijo a comienzos de esta semana que lo mejor es esperar a conocer los detalles del Gobierno para determinar si abre una investigación en la Xunta.

Foto:  El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE/Kiko Huesca)

Alfonso Fernández Mañueco opta por la prudencia. En el Gobierno de Castilla y León prefieren no aportar ningún dato sobre el móvil del presidente por cuestiones de Seguridad. El mismo criterio aplican en Murcia, dirigida por Fernando López Miras. "El servicio de ciberseguridad de la Comunidad Autónoma de Murcia recomienda no hablar del dispositivo del Presidente. Simplemente se han tomado las medidas necesarias para reducir al máximo el riesgo de ciberataques", indican a este diario. En Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, aún no han decidido qué hacer. La Junta de Extremadura, por su parte, reforzará sus mecanismos de seguridad.

Tranquilidad

Pese al terremoto político generado en los últimos días, la tranquilidad reina entre las comunidades autónomas. Por un lado, porque cuentan con sus propias herramientas para hacer frente a las intromisiones, pero especialmente porque consideran que de momento no existe ningún indicio para pensar que existe una amenaza real. En el entorno de Isabel Díaz Ayuso descartan cualquier petición sobre el móvil de la presidenta. "Como norma general todos los teléfonos de los altos cargos de la Comunidad de Madrid están actualizados a versiones de sistema operativo mantenidas por el fabricante y se instalan periódicamente los parches de seguridad según se van liberando", señalan fuentes de Sol.

Tampoco hay preocupación en Valencia. El Consell de la Generalitat, según ha informado Efe, analizará los teléfonos móviles de los altos cargos para comprobar si ha habido algún ataque con sistemas como Pegasus, pero solo si la situación lo requiere. En este momento, advierten en el Ejecutivo de Ximo Puig, "el riesgo es bajo". En Canarias también descartan una actuación extraordinaria. "Los teléfonos están controlados mediante el antivirus Harmony Mobile de Check Point, que protege de Pegasus, y MDM de VMware", explican en la dirección general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Ángel Víctor Torres.

Actuación del Govern

El caso de Cataluña es distinto. Tras conocerse el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha revisado hasta 500 teléfonos y ha encontrado nuevos casos, como la exconsejera de Presidencia, Meritxell Budó; o el exconsejero de Territorio, Damià Calvet. Además, la Generalitat ha asegurado que se personará como acusación popular en las querellas personales que presenten los afectados en Cataluña, pero la estrategia jurídica no está clara. Mientras Abogacía del Estado ya ha presentado su denuncia en la Audiencia Nacional, en su caso no se sabe qué van a hacer. De hecho, Roger Torrrent ya presentó un escrito que se aceptó en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, pero la Administración no se personó en esta causa.

Las actuaciones de los diferentes Ejecutivos autonómicos se producen en paralelo a la polémica por el seguimiento a los soberanistas. La directora del CNI, Paz Esteban, reconoció este jueves que se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas por presuntas actividades ilícitas, siempre con autorización judicial. Según fuentes conocedoras de la comparecencia, que se celebró a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, entre los vigilados estarían tanto Pere Aragonès como personas del entorno de Carles Puigdemont.

La psicosis por Pegasus se ha extendido en menor o mayor medida a las comunidades autónomas. La reacción de los diferentes Gobiernos autonómicos es dispar, con análisis de los teléfonos móviles de algunos presidentes, dudas sobre cómo proceder o incluso indiferencia. Los únicos que ya han solicitado barridos para descartar que hayan sido víctimas de espionaje son los dirigentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno; País Vasco, Iñigo Urkullu; Aragón, Javier Lambán; y Ceuta, Juan Jesús Vivas. No se descarta que en las próximas horas la lista se amplíe, en mitad de la polémica por la labor del CNI y el seguimiento a líderes independentistas.

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