Es noticia
Menú
El Gobierno pide levantar la imputación a sus tres altos cargos por los contratos del covid
  1. España
Funcionarios de Sanidad y Hacienda

El Gobierno pide levantar la imputación a sus tres altos cargos por los contratos del covid

La Abogacía del Estado reconoce que se pagaron precios excesivos pero lo justifica por la situación de emergencia que obligó a contratar en mercados "no habituales"

Foto: Pedro Sánchez, con el exministro de Sanidad Salvador Illa. (EFE/Marta Pérez)
Pedro Sánchez, con el exministro de Sanidad Salvador Illa. (EFE/Marta Pérez)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

La Abogacía del Estado acaba de solicitar el sobreseimiento libre del procedimiento que mantiene abierto un juzgado de Madrid sobre presuntas irregularidades en la compra de material sanitario realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia. La titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, ha imputado a tres funcionarios de la Administración central dependientes de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados en el primer estado de alarma.

Los servicios jurídicos del Estado han presentado un escrito en el que niegan que existiera irregularidad alguna y piden el archivo del procedimiento. Esgrimen como argumento principal la especial situación provocada por la expansión del virus que generó, por una parte, un pico en la demanda a nivel internacional y por otra que se agotara todo el 'stock' nacional, lo que obligó a cerrar contrataciones en mercados "no habituales" y en plazos muy cortos, de 24 horas en muchos expedientes, contando además con que, para el envío de los productos, se debía hacer el pago por anticipado. Las circunstancias del momento, con cientos de muertes diarias, no permitían atrasos en la adquisición del material, argumentan.

Foto: Pedro Sánchez y Salvador Illa. (EFE/Marta Pérez)

El escrito reconoce que en la fase más grave de la pandemia el único mercado posible era el chino. También admite que los precios pagados fueron, en muchas ocasiones, superiores a la media. Tras recibir las ofertas y realizar una validación técnica exprés, se solicitaba contando desde el inicio con que la negociación sobre el coste era "inviable". Las ofertas de los proveedores eran cerradas y con unos brevísimos plazos para analizar y confirmar las operaciones. Si la operación no se formalizaba, había en todos los casos otro país o entidad dispuestos a aceptar el precio, justifican.

La Administración trabajó así junto a la Oficina de Comercio de Pekín, desde la que se enviaron listados de empresas. Hubo también grandes empresas españolas "que hicieron donaciones importantes" y facilitaron la localización de las compañías con las que ellas mismas estaban trabajando. "Su seriedad y solvencia resultaban adveradas con esos productos donados que cumplían todas las especificaciones técnicas exigibles. Si una empresa podía suministrar productos idóneos a las empresas donantes, sería capaz de hacerlo directamente a la Administración en las mismas condiciones de idoneidad", indican.

Foto: Luis Medina sale de su casa en medio del escándalo. (Gtres)

Para el Ejecutivo, la querella de Vox no pasa de reunir una serie de "sospechas infundadas" que no se acompañan de pruebas. El partido que lidera Santiago Abascal asegura que esa adopción de medidas frente al covid, que se aprobó por decreto, sirvió en realidad de cobertura para celebrar una serie de contratos que, según la tesis del partido de Santiago Abascal, no se ajustaron a la legalidad y no cumplieron los criterios exigibles incluso en casos de emergencia.

Desde la Abogacía se considera, sin embargo, que los supuestos criterios que esgrime el partido "sencillamente no existen" en un contexto en el que era prioritario obtener con urgencia el material que se necesitaba, desde mascarillas hasta respiradores. Por ello, dice, se priorizó cerrar acuerdos en los que se facilitara 'stock' en el menor tiempo posible al margen de la experiencia del proveedor, siempre que lo comprado cumpliera los requisitos técnicos exigidos. La abogada del Estado precisa, además, que la tramitación de emergencia, que se regula en el artículo 120 de la Ley 9/2017, no requiere ni expediente ni pliegos de condiciones. Precisamente por su naturaleza, se trata de una contratación directa en la que se sacrifica la concurrencia a la necesidad imperiosa de atender la emergencia, esgrime. "No solo se cumplieron todas las exigencias, sino que se hicieron comprobaciones adicionales no exigidas legalmente", indica.

"En todas las operaciones que fue posible, se realizó una comprobación previa de la situación financiera de las empresas, aun cuando no fuera necesaria y se tratara de comprobaciones basadas en fuentes públicas, de tal forma que hubo ofertas que no se aceptaron por presentar las empresas ofertantes balances financieros negativos", agrega el escrito. No se realizaba, sin embargo, la validación de empresas que provenían de fuentes de confianza, como las remitidas por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria ni aquellas que provenían de grandes empresas españolas que operan de forma habitual en el mercado chino, con amplia experiencia en él y que fueron indicadas, tras solicitarlas, por su acceso a este mercado. La defensa de los acusados también argumenta que se pusieron en marcha mecanismos adicionales de control una vez se comprobó que algunos de los materiales adquiridos no cumplían las expectativas.

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (EFE/Víctor Lerena)

En concreto, Vox sostiene que los contratos de emergencia permitieron que no quedara debidamente justificada la contratación de las compras de material, con un sobrecoste muy elevado en relación con otras compras llevadas a cabo aquellos días y sin la publicidad requerida. Además, expone que se formalizaron adjudicaciones con empresas sin experiencia técnica en el sector o que ni siquiera aclaraban cuál era su objeto social.

Los imputados son los responsables de los organismos que centralizaron la mayoría de las compras efectuadas por el Ejecutivo de Sánchez, Sanidad y Hacienda, entonces dirigidos por Salvador Illa y María Jesús Montero. Se trata del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. Antes de interrogarlos, la magistrada ya había solicitado a cada uno de los organismos los expedientes dudosos.

Medio centenar de contratos

Las diligencias del Juzgado número 26 se centran en 56 contratos. Los querellantes defienden que solo en el caso de Ingesa alcanzan los 310 millones y al menos 12 de ellos fueron concedidos a empresas de "dudosa existencia", en las que "no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico alguno, en España o fuera". Otra de esas compañías bajo sospecha tampoco acreditó su solvencia económica. Además, sostiene Vox, esas adjudicaciones no se sometieron a la más mínima fiscalización, ni se analizó el régimen fiscal al que debían estar sujetas. En otras ocasiones, las mercantiles carecían de objeto social declarado o este no tenía ninguna relación con el material contratado. La acusación mantiene que el marco de urgencia no justificaba que se realizaran licitaciones "arbitrarias" sin seguir los más mínimos criterios de seguridad en la contratación del sector público.

Foto: El empresario Luis Medina, acusado junto a Alberto Luceño de estafa por irregularidades al vender mascarillas (Gtres)

En el listado de contratos que investiga la jueza figura, por ejemplo, la compra de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica a la empresa china Sysmed, batas desechables adquiridas a la compañía Weihai Textule Group, 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección a la mercantil Honkong Travis Asia Limited y cuatro millones de hisopos a la sociedad MJ Steps. Los expedientes de adjudicación utilizaban en su mayoría una memoria justificativa con párrafos "preformulados" y casi todos se abonaron en dólares USA.

En muchas de las licitaciones, destaca también la querella, las empresas no tenían experiencia previa ni de contratación con la Administración y tampoco disponían de la infraestructura necesaria para poder prestar unos servicios como los que se les concedieron. Este es el caso, por ejemplo, de Value and Bro SL, a la que se pagaron 4,2 millones por el suministro de reactivos e hisopos cuando su objeto social era el asesoramiento legal o laboral. También FCS Select Products, que se dedicaba al 'marketing' de bebidas alcohólicas, y a la que se le compraron 10 millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. La relación de adjudicatarias incluye hasta una compañía china con sede en las Islas Caimán llamada Angelina Enviromental Spain SL, que se dedicaba al tratamiento de residuos y que apareció mencionada en la investigación de los 'Paradise Papers'.

Foto: Sánchez recibe a Ayuso en Moncloa. (EFE/J.J. Guillén)

En otras ocasiones, se produjeron incumplimientos de contrato. Es el caso de la compra de 144 respiradores a Hyperin Grupo Empresarial, de reciente creación, y que se dedicaba a la fabricación de elementos de yeso, a la que se abonaron 2,7 millones de euros por adelantado. No pudieron suministrar el material y no devolvieron el dinero remitido por transferencia a Estados Unidos. También se detectaron sobrecostes muy elevados con una media de un 300% de incremento en el precio. El caso más espectacular tiene que ver con las batas desechables: se compraron lotes con un precio unitario de 0,27 céntimos y otros con un importe de 22,070 euros; es decir, por más del 8.000%. El perjuicio para las arcas públicas pudo ascender a 47 millones de euros.

El escrito aclara ahora que el dinero pagado en algunos de esos contratos fallidos ya se ha recuperado. Por ejemplo, la cantidad destinada a los test comprados a Inter Pharma por más de 500 millones y que tuvieron que ser retirados. "Al recibirse las primeras unidades se hicieron comprobaciones de fiabilidad, se obtuvieron unos resultados manifiestamente inferiores a los indicados en la información técnica y se acordó resolver el contrato y reclamar la devolución de los importes satisfechos a la empresa adjudicataria, que procedió a su completa devolución, todo ello en el plazo de un mes", dice el escrito.

En el caso de los respiradores citados, la empresa abonó el 6 de julio de 2020 1,5 millones en concepto de devolución, cantidad que cubría solo una parte del anticipo recibido. Ante el impago del resto del precio, se iniciaron actuaciones recaudatorias, habiéndose cobrado de momento un total de 1.902.979,22 euros y quedando un importe pendiente de 1.407.580,78 euros que se encuentra en vía ejecutiva y cuyo cobro se está realizando.

La Abogacía del Estado acaba de solicitar el sobreseimiento libre del procedimiento que mantiene abierto un juzgado de Madrid sobre presuntas irregularidades en la compra de material sanitario realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia. La titular del Juzgado 26 de Madrid, Concepción Jerez García, ha imputado a tres funcionarios de la Administración central dependientes de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados en el primer estado de alarma.

Coronavirus Pedro Sánchez Administraciones Públicas Salvador Illa Adjudicaciones
El redactor recomienda