La decisión judicial que perjudica la investigación de la muerte de Esther López

El principal objetivo de los responsables de una investigación por desaparición es localizar a la persona que se busca para que la familia, en los casos de muerte, pueda recuperar su cuerpo. Las pesquisas suelen ser ágiles y sin descanso, ante la posibilidad de poder recuperar a la víctima con vida. Así ocurrió en el caso de Esther López hasta que un paisano, José Carlos, que llegó desde Salamanca, la localizó en la carretera.

El relato a la Guardia Civil fue el siguiente: “Esta mañana me he desplazado desde Salamanca a Traspinedo. He llegado sobre las 9.30 y he aparcado el coche en el restaurante La Maña. No conocía de nada a Esther”. Aun así, el buen hombre, solidario, se acercó a ayudar. Caminó por fincas, se acercó al arroyo, edificios abandonados, hasta que llegó a la curva de Traspinedo: “A unos quince metros de pasar el cruce, a simple vista, he observado el cuerpo de una persona. Estaba de espaldas. Llamé inmediatamente para avisar. Enseguida llegó un coche de la Guardia Civil. Durante el tiempo que estuve esperando ninguna persona manipuló el cuerpo ni se acercó a él”.

Una vez resuelto el misterio del paradero, las urgencias disminuyen. El trabajo para localizar al responsable no cesa, pero la investigación es metódica, paso a paso, para que no se escape nada. Primero se detuvo a Ramón, pero se comprobó que nada tenía que ver con la desaparición. Las contradicciones llevaron a la Guardia Civil hasta Óscar, la última persona que estuvo con ella con vida. En cuanto empezaron a investigarle, se dieron cuenta de que ocultaba datos y que su testimonio hacia aguas. Poco a poco fueron reuniendo indicios, hay 12 con extraordinario peso. Durante todo este tiempo, las investigaciones estaban protegidas por el secreto de sumario. Óscar no sabía qué estaban haciendo los responsables de las pesquisas.

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Nacho Abad

En fecha 4 de abril, la Benemérita le manda un informe a la jueza instructora, doña Soledad Ortega, en el que, entre otras cosas, le recuerda que en febrero les había autorizado al “clonado o volcado de las cuentas de correo electrónico o repositorios 'online' (nube) vinculados al teléfono de Óscar de marca iPhone”, para a continuación explicarle: “Se le informa de que el mismo no se ha practicado, ya que al producir Google una serie de alertas al usuario de la cuenta para verificar su identidad, este hecho pondría sobre aviso al investigado y perjudicaría la presente investigación ante el riesgo de que Óscar procediera al borrado de información contenida en la referida cuenta que le relacionase con los hechos investigados, siendo por tanto de suma importancia, por este motivo, elegir el momento idóneo para esta práctica”.

El tiro no iba desencaminado, porque los técnicos determinaron, al intervenir el coche de Óscar, que alguien había borrado la información de la centralita, ocultando los datos de si tuvo un impacto la madrugada del 13 de enero, cuando desapareció Esther. Una información que habría sido trascendental en su imputación.

A pesar del aviso de prudencia, su señoría decidió levantar el secreto de sumario el 19 de abril, 15 días después. De esta forma, el sospechoso pudo acceder a casi la totalidad de las pesquisas policiales y leerlas punto por punto. Seis días después, iba a ser interrogado por doña Soledad Ortega y el fiscal. Al acceder a casi todos los folios del sumario, el sospechoso pudo conocer sus contradicciones, las pruebas que había contra él y elaborar potenciales respuestas. De hecho, durante el interrogatorio al que se sometió el pasado lunes, cuando le plateaban los obvios conflictos entre lo que decían los datos tecnológicos y sus palabras, no paró de repetir: “No me lo explico”.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León niegan que se trate de ningún error. Aseguran que en la vistilla posterior a la declaración de Óscar, en la que se decidía entre otras cosas, si el investigado iba a prisión provisional, el fiscal se opuso a todas las medidas cautelares, incluida la detención de tres días que solicitó la acusación. Entendió que el investigado no tenía acceso ni al teléfono ni a la nube y que por tanto no se ponían en riesgo los datos que tenía acumulados en este espacio virtual. Su Señoría también lo entendió así y por eso decidió no establecer ninguna medida cautelar. Según el TSJ, el levantamiento del secreto se ha hecho con todas las garantías, cuando ya no había ningún riesgo para la investigación. Y se ha realizado para evitar un procedimiento inquisitivo y para garantizar la presunción de inocencia y el principio de contradicción. Porque de no hacerlo, según las mismas fuentes, la causa estaría abocada a la nulidad por indefensión.