Los socios del Gobierno dan 48 horas a Sánchez para depurar responsabilidades por Pegasus

Apenas restan dos días para que arranque el debate para la convalidación del decreto económico del Gobierno para paliar los efectos de la guerra, y la tensión comienza a crecer en Moncloa. El Gobierno no cuenta con un respaldo claro. El escándalo de Pegasus ha pasado factura al Ejecutivo y ha alejado a ERC, Bildu, BNG, la CUP y Junts del sí en la aprobación de un proyecto clave para el mandato que le resta a Sánchez. Tanto es así que las fuerzas independentistas han dado un ultimátum a Sánchez: debe depurar responsabilidades y adquirir más compromisos para esclarecer el presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas por parte de agencias vinculadas al Estado para no caer derrotado. "Tiene 48 horas", insistía Gabriel Rufián este martes.

Junto con Unidas Podemos, Compromís, el PDeCAT y Más País, las mencionadas fuerzas han firmado una declaración institucional conjunta para elevar la presión contra el Ejecutivo, con el foco puesto en la ministra de Defensa, Margarita Robles. "La implicación del Estado español es más que verosímil. Los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o control de otros organismos públicos", reza el comunicado, a modo de resumen del sentir del bloque nacionalista que cuenta con el respaldo del socio minoritario del Gobierno.

Los socios del Gobierno insisten en la participación del CNI y de Margarita Robles en el caso Pegasus

Los socios nacionalistas insisten en su exigencia de "investigar y aclarar este caso", y se comprometen a "llegar hasta el final", tanto en el ámbito político como judicial. En este punto, muchas de las fuerzas anteriormente mencionadas, con ERC a la cabeza que, además, cuenta con 13 votos clave para el decreto económico del Gobierno, creen que la comisión de secretos impulsada por el Gobierno "no sirve de nada" y resulta "insuficiente", y reiteran su petición de forzar la creación de una comisión de investigación en la cámara baja como gesto de buena fe por parte del PSOE, un extremo al que los socialistas se niegan.

Por el momento, el único gesto del Gobierno ha sido el desbloqueo de la mencionada comisión de secretos oficiales —que controla la actividad del CNI— y la inclusión en la misma de fuerzas como ERC, Bildu o la CUP, cuya participación iba a vetar en bloque la oposición. A última hora de la mañana de este martes, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha registrado de forma unilateral una modificación de la resolución que rige este foro parlamentario para rebajar la mayoría cualificada —al menos 210 votos a favor— a mayoría absoluta.

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La comisión de secretos oficiales consta de una naturaleza especial. Batet está decidida a cambiar la resolución de la Presidencia del Congreso del año 2004, por la que se decidió que solo puede tener asiento en la comisión un diputado propuesto por cada grupo. Los nombres debían tener la confianza de, al menos, tres quintos del Congreso, lo que hacía indispensable el apoyo del primer partido de la oposición a los portavoces de las fuerzas independentistas, un extremo a lo que PP, Cs y Vox se oponían. El PSOE ha reformado 'in extremis' esa resolución —es una potestad exclusiva de la presidencia del Congreso— como gesto de distensión con Bildu o ERC para garantizar su entrada a un foro cuyas deliberaciones son secretas y la información, reservada. Allí comparecerá previsiblemente la directora del CNI, Paz Esteban López.

El Gobierno ha acelerado los trámites y forzará el cambio de la resolución en la noche de este mismo martes, cuando Meritxell Batet ha convocado una reunión de urgencia de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces. Asimismo, el PSOE forzará la celebración de un pleno extraordinario el próximo jueves para la ratificación definitiva de la constitución de la comisión de secretos, justo el día en que se convalida el decreto 'anticrisis' en el Congreso.

El plan económico de Sánchez, en el aire

Pero las prisas del Gobierno no son suficientes para ERC y el resto de socios parlamentarios. El decreto económico sigue en el aire. De hecho, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha amenazado con "tumbar" la agenda legislativa del Gobierno si no cede a la exigencia de impulsar una comisión de investigación y no aporta "explicaciones" pertinentes sobre el caso, algo que, a su juicio, aún no se ha producido. El dirigente republicano ha tildado la constitución de la comisión de secretos como "insuficiente", ya que no se puede informar públicamente de sus deliberaciones. "Todos sabemos de qué va esta comisión. De la nada", concluyó Rufián.

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Fuentes de ERC ratifican que la formación no ha descartado el voto en contra en la votación clave del jueves, y que la pelota está en el tejado de Sánchez. Entienden que hay una "gran sensibilidad" entre su electorado respecto al 'Catalangate', y sugieren que no les resultaría complicado explicar un posible voto desfavorable en el decreto económico de Sánchez.

En todo caso, su posición final dependerá del nivel de las negociaciones con Sánchez, de la calidad de las explicaciones y del compromiso con la depuración de responsabilidades. "La comisión de investigación es imprescindible", ratifican en el partido. En el mismo tono se ha expresado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha acordado este martes "restringir" sus relaciones políticas con Sánchez hasta que no se esclarezcan quiénes son los implicados en el espionaje y se tomen las medidas pertinentes, sin desviar en ningún momento el foco de Margarita Robles.

Por el momento, de los firmantes de la declaración institucional contra el Gobierno por el caso Pegasus solo ha ratificado su respaldo al plan de medidas económicas contra la guerra Compromís, Más País y el PDeCAT, que han desvinculado el escándalo de espionaje de un decreto que contiene propuestas positivas para la sociedad. ERC, Bildu, la CUP, Junts y el BNG han dejado en el aire su voto por los mismos motivos explicados por Gabriel Rufián, y vinculan su decisión final a cómo se materialicen nuevos gestos del Ejecutivo para aclarar las presuntas escuchas a decenas de líderes independentistas, entre ellos algunos diputados.