El Tribunal de Cuentas auditará los gastos de Casa Real y se hará un inventario de regalos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el propósito de reforzar su transparencia, en el que se incluye que, por primera vez, sea el Tribunal de Cuentas quien audite la actividad económica y financiera de la Corona. La medida, que llega un día después de que Felipe VI haya decidido hacer público su patrimonio, cifrado en 2,57 millones de euros, también incluye la creación de un inventario de todos los regalos que reciba la institución.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo que "es un paso muy importante en la ejemplaridad y en materia de transparencia", ya que se "homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas". "Esta medida tiene un triple objetivo, como el de consolidar en una norma jurídica y dar rango legal a muchas prácticas que ya se daban en la Casa Real, pero ahora ya con rango de ley, así como la inclusión de otras nuevas prácticas", apunta y añade que, en segundo lugar, la intención es la coordinación entre la Corona y la Administración del Estado, así como un ejemplo de avance en transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad, que "es lo que la ciudadanía nos pide".

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Sobre esa base, el decreto se divide en tres grandes bloques. Por un lado, en el de transparencia se aprueba que la institución deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por el Estado.

Asimismo, Bolaños anuncia que "las cuentas serán auditadas por el Tribunal de Cuentas mediante una auditoría externa", que verificará la actividad económica y financiera de la institución y en qué gasta su presupuesto. También se establece que toda la información se debe publicar de manera periódica en la web para dar información a toda la ciudadanía.

El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes Generales, es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos. Sin embargo, hasta ahora no tenía competencia para auditar el presupuesto de la Corona, algo que tampoco puede hacer el Congreso.

En el segundo bloque, que habla de la eficiencia en el servicio público, se tratarán los convenios de colaboración con la Abogacía del Estado para asesoramiento jurídico, así como la apertura de la posibilidad de futuros acuerdos de colaboración. Se incluye, además, que algunos servicios se vincularán a funcionarios del Estado, es decir, "se apuesta por la función pública". Por último, se da rango legal a la asistencia sanitaria de la Familia Real, que es prestada por la Guardia Real por un convenio del Ministerio de Defensa y ahora se incorpora al ordenamiento a través de este Real Decreto.

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En el bloque de ejemplaridad, el personal de la Casa deberá velar por los intereses generales y basarse en los objetivos de objetividad, austeridad, confidencialidad, protección del medio ambiente e igualdad. Los altos cargos de la Casa del Real deberán publicar su declaración de bienes al inicio y al fin de su mandato, mientras que todos los regalos que reciba la Familia Real deberán ser inventariados, guardados y estudiados hasta determinar si se ceden a Patrimonio Nacional, se donan o se entregan a la Casa Real.

El ministro ha reiterado que esta medida ha sido "fruto del trabajo entre el Gobierno y Casa Real", mientras aclara que la declaración de bienes del monarca no está estipulada en este real decreto, por lo que será el propio Felipe VI quien, como ya hizo este lunes, publique su patrimonio cuando considere. Bolaños ha señalado que también ha sido una norma que ha contado "con el acuerdo del Gobierno en su conjunto", al referirse a Unidas Podemos. "Ha sido un acuerdo pacífico", ha apostillado.

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