La Justicia española nos roba

El disparate completo de la Justicia en España solo es comparable al desconocimiento que tenemos sobre su funcionamiento. También el desinterés sistemático de la clase política española por intentar solucionarlo; por eso, objetivamente, en los últimos cuarenta años los problemas se han agravado exponencialmente, sobre todo en algunas zonas de España. Pero vayamos, por partes, el desconocimiento primero. Por ejemplo, ¿sabía que solo en Madrid hay más abogados que en toda Francia? Pues es así. Por eso, quizá no nos extrañe, y esta es la segunda revelación, que España haya sido en los años del crac financiero, de 2008 hasta 2013, el tercer país con una mayor litigiosidad del planeta, lo cual no guarda, evidentemente, ninguna relación con el peso económico de este país, pero sí con la judicialización de todo, que es casi una inercia entre nosotros. La tercera sorpresa sobre el funcionamiento de la Justicia española es la más preocupante de todas: por primera vez, se ha conseguido medir cuánto dinero nos cuesta la congestión judicial en España y la merma que supone sobre el crecimiento de la economía; un despilfarro que, si lo contemplamos en términos de progreso, podríamos considerarlo metafóricamente como un robo a varias generaciones de españoles.

Esa es, en fin, la 'factura de la injusticia' en España, que es el título del libro que ha editado el economista del Banco de España, Juan Mora-Sanguinetti (Tecnos, 2022), presentado estos días en Sevilla, que es la provincia de España, y quizá de Europa, con un mayor atasco judicial. Y también la que ha involucionado más en los últimos treinta años hasta tocar suelo en la realidad de estos días, con juicios en la jurisdicción de lo Social que se están fijando para celebrarlos dentro de cuatro o cinco años, cuando la media en la década de los 90 era de dos meses. Pero no solo ahí. Sumando la instrucción y la lista de espera para la vista oral, estamos hablando de que el trámite judicial completo de grandes casos penales como el de los ERE puede acercarse perfectamente a los veinte años. ¡Veinte años hasta que haya una sentencia firme!

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La variable fundamental que ha introducido Mora-Sanguinetti, que también es licenciado en Derecho, sobre este desastre es la de la cuantificación económica gracias a un estudio del Banco de España en el que se cruzaron dos datos fundamentales: la inversión de 650.000 empresas y el colapso judicial en cada provincia española. El resultado fue concluyente: en las provincias más congestionadas judicialmente es en las que las empresas habían invertido menos. Es decir, que se cumple estrictamente lo que dijo el premio Nobel de Economía Douglass North, que "el buen, o mal, funcionamiento de la Justicia es la principal explicación de que en el largo plazo unas economías se desarrollen y otras queden atrás".

La extrapolación realizada por este jurista y economista va más allá e, incluso, le ha permitido precisar que, tan solo consiguiendo reducir la tasa de congestión judicial en España, se lograría un incremento del 0,6 al 2,8 en el tamaño medio de las empresas españolas y un incremento, igualmente, de la tasa de emprendedores de entre un 5 y un 7 por ciento. "España tiene un problema de empresas pequeñas y el tamaño de las empresas es esencial para la productividad. La Justicia tiene algo que decir por qué la Justicia es un elemento extraordinario de desarrollo económico", sostiene Juan Mora-Sanguinetti. Más palpable aún puede resultar esta otra extrapolación, inclinada al ahorro que supondría un sistema judicial más eficiente: "Si se lograra reducir en solo un punto la congestión judicial, Madrid ganaría 3.400 viviendas en alquiler y Barcelona, 3.100".

Con ser escandaloso y grave todo lo anterior, lo peor de la Justicia española, como se decía antes, es la ignorancia generalizada por parte de los distintos gobiernos, de los partidos políticos y de la sociedad. Los españoles, por regla general, se limitan a quejarse del mal funcionamiento de la Justicia y a culpar a jueces y fiscales como si fueran ellos quienes elaboran las leyes que se aplican y, sobre todo, como si de ellos dependieran los recursos y la estructura judicial en España. Y la clase política dirigente, a la que únicamente interesa el reparto de vocalías en órgano de gobierno del Poder Judicial, es, objetivamente, una de las causas del empeoramiento de la Justicia. Entre ellos, la descomunal, desorbitada y caótica producción legislativa y normativa.

También son datos de este jurista del Banco de España: "España es un país en el que se aprueban de media doce mil normas nuevas al año. Como se comprenderá, no hay capacidad cerebral capaz de estar al día de esa ingente producción normativa, con lo que podemos concluir que un contexto de complejidad normativa conduce directamente a una situación de complejidad judicial". Aún podría añadirse que España es un país en el que se legisla mucho y, además, de mala calidad, con lo que se agrava aún más el problema.

Casi el 80 por ciento de esa ingente producción procede de las comunidades autónomas, por cierto, lo que nos introduce en otra de las claves del mal funcionamiento de la Justicia en España: la enorme disparidad que existe entre unos territorios y otros. Mientras que en algunas provincias o autonomías, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia o Valencia, el colapso judicial es enorme, en otros territorios, como el País Vasco o Navarra, el sistema judicial funciona aceptablemente, acorde con los parámetros europeos. Tanto es así que cuando se realiza una media para determinar el funcionamiento de la Justicia en España, el resultado es engañoso porque nos sitúa en la media europea y no trasluce el caos completo de algunos partidos judiciales. Con datos de la OCDE, el tiempo de espera para la celebración de un juicio en España es 272 días, mientras que en Francia es de 274 días, en Alemania de 200 y en Italia de 564.

La media europea es de 332 días. Pero ya se decía antes que en Sevilla se están fijando juicios para dentro de cuatro años…

La media europea es de 332 días. Pero ya se decía antes que en Sevilla se están fijando juicios para dentro de cuatro años… ¿La culpa es, por tanto, de la mala gestión de las autonomías? No solo, claro, porque, como es sabido, los gobiernos autonómicos en España no tienen la competencia para crear plazas judiciales, tampoco las fiscales, obviamente, pero sí para incrementar la plantilla de funcionarios. La consecuencia inmediata es otro disparate más: Alemania tiene menos funcionaros judiciales que España y, sin embargo, tiene cuatro veces más jueces per cápita que España. En una autonomía como la de Andalucía, los jueces y magistrados no llegan a mil personas, mientras que hay 8.000 funcionarios de Justicia, de los que en torno a 600 son liberados, sindicales, lo cual es, en sí mismo, otro disparate más que contribuye a ratificar lo que se decía al principio, que debemos empezar a considerar el desastroso sistema judicial que hay en España como un robo. Antes podíamos sospecharlo, ahora tenemos, además, los datos para demostrarlo.

También son datos de este jurista del Banco de España: "España es un país en el que se aprueban de media doce mil normas nuevas al año. Como se comprenderá, no hay capacidad cerebral capaz de estar al día de esa ingente producción normativa, con lo que podemos concluir que un contexto de complejidad normativa conduce directamente a una situación de complejidad judicial". Aún podría añadirse que España es un país en el que se legisla mucho y, además, de mala calidad, con lo que se agrava aún más el problema.