El fin de las mascarillas pone al PP en un aprieto tras oponerse tres veces en el Congreso

España dirá adiós al uso de la mascarilla en interiores este miércoles, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto con el que se contempla esta medida. Aunque con excepciones y manteniendo la recomendación de su uso en determinados ámbitos, el Gobierno cumplirá así con la previsión que hizo el pasado mes de octubre, cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que el uso de mascarilla en espacios cerrados seguiría siendo obligatorio al menos hasta la primavera de 2022. Como reclamaban algunas comunidades autónomas, la decisión se ha pospuesto a después de Semana Santa para evitar una relajación excesiva de la población, pero el PSOE ya dejó claras sus intenciones cuando el pasado 31 de marzo votó a favor de una moción de Ciudadanos en el Congreso para eliminar la mascarilla.

El grupo que lidera Inés Arrimadas defendió una enmienda en este mismo sentido el pasado 10 de marzo, en el marco del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de medidas de prevención del covid-19, con la diferencia de que, en aquella ocasión, la propuesta no salió adelante. Vox hizo lo propio con una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a "recomendar" —y no "obligar"— el empleo de mascarillas en interiores, pero la iniciativa murió en la Comisión de Sanidad. En todos los debates relativos a la eliminación de la obligatoriedad en el uso del cubrebocas en espacios cerrados, el PP se ha posicionado en contra. Y promete seguir haciéndolo cuando la convalidación del nuevo decreto del Gobierno llegue a la Cámara Baja, si no viene acompañado de los informes técnicos y científicos pertinentes, lo que abre ciertas fisuras internas en el discurso de los populares sobre esta cuestión.

Mientras el PP votaba en contra de sendas iniciativas de Ciudadanos y Vox en el Congreso, la Comunidad de Madrid defendía con ahínco la retirada de mascarillas en interiores, con las excepciones que ahora mismo se contemplan, como pueden ser el transporte público o los centros sanitarios. De hecho, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las dirigentes territoriales que con más claridad y celeridad exigieron al Gobierno abordar este debate incluso antes de Semana Santa, al entender que ya no era una medida necesaria para controlar la transmisión del coronavirus.

"La mascarilla debe dejar de ser obligatoria en interiores siempre que la evolución de la pandemia así lo permita", declaraba el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, el pasado 8 de marzo. En una posición parecida se situó Castilla y León, dirigida por el popular Alfonso Fernández Mañueco, en cuya región avalan la decisión del Gobierno de retirar la medida desde este mismo 20 de abril. Murcia también votó a favor de la iniciativa en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, ya que la única condición del presidente regional, Fernando López Miras, era que la norma no se aplicase antes de Semana Santa. "Está avalada por los técnicos", defendió el mandatario murciano.

Sin embargo, y a diferencia de sus homólogos autonómicos, el andaluz Juanma Moreno se rebeló contra la decisión del Gobierno e instó a mantener el uso obligatorio del cubrebocas, al menos hasta mediados de mayo. El presidente popular avanzó que al Ejecutivo andaluz le empezaba a "preocupar" el repunte de contagios en la región, por lo que instaba a no relajar la medida durante las próximas semanas, en las que se sucederán diferentes festividades en Andalucía, entre ellas la Feria de Abril de Sevilla. "Va a suponer una disminución de la percepción de riesgo", advertía el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre.

Además, según trasladan fuentes parlamentarias, el PP tampoco apoyará la convalidación del real decreto ley en la Cámara Baja, pese al clamor de la mayoría de sus líderes autonómicos, si la medida no viene acompañada de informes científicos "consolidados" que avalen la decisión, un extremo del que dudan en el primer partido de la oposición. A juicio de las fuentes consultadas, la iniciativa cuenta con importantes tintes "electoralistas", por el momento escogido para llevarla a cabo, por lo que las dudas sobre su idoneidad se hacen patentes en las filas populares, donde ponen en cuarentena el sentido de su voto hasta conocer el texto completo.

La postura del PP en este sentido ya la expresó la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, en el debate de la moción de Ciudadanos para eliminar la mascarilla en interiores, una posición que "no ha cambiado" dos semanas después. "Me temo que en este debate está primando en muchos grupos el interés político, sin importar la opinión de los expertos (...) Y siguen intentándolo ahora, no vaya a ser que los españoles nos distraigamos con la alta tasa de inflación o el incremento desorbitado de los precios", defendió Pastor desde la tribuna.

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Además del hecho de que el Gobierno facilite los informes técnicos y científicos pertinentes, el PP vincula el sentido de su voto a que el Gobierno estudie otras iniciativas sobre las que Sánchez ha mantenido una posición granítica durante meses, como la aprobación de una ley de pandemias para no contar con "17 sistemas sanitarios distintos" ante posibles nuevas oleadas del virus; o la creación "inmediata" de una Agencia de Salud Pública Integral y de Calidad Asistencial para "generar y recabar pautas e indicadores sobre los que tomar decisiones ante situaciones de crisis sanitaria".

De oponerse al decreto, como han venido haciendo en las últimas semanas, los populares podrían quedarse solos en la Cámara Baja, ya que, además del apoyo habitual de los socios del Gobierno, tanto Ciudadanos como Vox podrían posicionarse esta vez a favor de la iniciativa. Lo vinculan en todo caso a que el Gobierno no presente otro decreto 'mix' con puntos que vayan más allá de la propia eliminación del uso de mascarillas en interiores. Esto sucedió con otra norma que Sánchez llevó al Congreso relativa a mantener la mascarilla en exteriores el pasado mes de enero, en la que el Ejecutivo introdujo una disposición para subir las pensiones más bajas, con lo que consiguió que el decreto saliese adelante.