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Fiscalía acusa a un consorcio integrado por Indra de pagar sobornos en el Metro de Quito
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Pagos de 1,2 millones

Fiscalía acusa a un consorcio integrado por Indra de pagar sobornos en el Metro de Quito

Denuncia las maniobras de un consorcio integrado por Prointec, Bustren y KV Consultores para quedarse con un contrato de asesoría para la obra de la capital ecuatoriana

Foto: Llegada a Quito del primer tren del Metro. (EFE/Alcaldía de Quito)
Llegada a Quito del primer tren del Metro. (EFE/Alcaldía de Quito)
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La Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando el pago de mordidas por parte de un consorcio español de empresas para hacerse con la adjudicación de un suculento contrato de asesoramiento para la construcción del Metro de Quito. Las diligencias han permitido recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías, del que formaba parte Prointec —la filial de ingeniería de Indra—, pagó al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo. La denuncia presentada por el Ministerio Público ya ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, que ha citado como imputados para el próximo mayo a nueve personas, entre ellas varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.

En el centro de la operación se encuentra Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio. La investigación partió de las denuncias efectuadas por algunas personas que participaron de forma directa en lo sucedido. Trabada, imputado también en la trama Púnica, fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011, el periodo clave para la ampliación del trazado de la red. Desde esa posición privilegiada conoció de primera mano los planes del Ayuntamiento de Quito. Llegó incluso a reunirse con el alcalde de aquella etapa que visitó la capital para informarse.

Foto: Elecciones en Angola en 2012. (EFE)

Dos años más tarde, en 2013, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, que tenía como responsable al primer edil de la capital ecuatoriana, puso en marcha una licitación para contratar una gerencia del proyecto. El motivo era que la obra, pionera en la ciudad, necesitaba para su desarrollo la consultoría de expertos que pudieran orientarlos para la supervisión de la obra, los planos y el abundante diseño de ingeniería que requiere una construcción de estas características. Fue entonces cuando Trabada firmó un contrato privado con responsables de otras dos empresas para formar un consorcio y presentar una oferta. Por parte de Prointec, Anticorrupción identifica como firmante a Jesús Contreras Olmedo. La tercera compañía del grupo fue KV Consultores.

Para lanzar su oferta, conformaron una sociedad ecuatoriana, Consorcio GMQ, en cuya participación desaparecía Bustren, que no cumplía los requisitos mínimos de antigüedad de forma que solo figuraban Prointec y KV. A pesar de ello, en el contrato privado quedó reflejado que la empresa de Trabada acumularía la participación principal, con un 80 por ciento, mientras que las otras dos disfrutarían de un 10 por ciento cada una. El fiscal Luis Rodríguez Sol, al frente de las pesquisas, asegura que el consorcio influyó a través de las mordidas incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada. Hasta tal punto estaba todo pactado que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

Foto: Registro de las oficinas centrales de Indra en Sao Paulo. (EC)

Las confesiones de algunos de los participantes en la negociación indican que los sobornos, de al menos 1,2 millones, se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios. Se trocearon en pagos más pequeños con la intención de que pasaran desapercibidos. Tras un abono inicial superior a los 300.000 dólares, hubo hasta 24 pagos posteriores de 35.000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos del cónsul honorario de Ecuador en Madrid quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.

"Que lleve la maleta"

Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. "Me han dicho que lleve la maleta", comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por Anticorrupción. En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. No fue hasta un mes más tarde cuando el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en el país.

La gerencia del proyecto se realizó en gran medida desde Madrid, en las oficinas del consorcio liderado por Bustren. Fue adjudicado al consorcio por 15,3 millones de dólares. Con una duración de 45 meses, preveía una serie de gestiones de consultoría. GMQ se comprometió con Metro de Quito a entregar 40 informes. A la firma del contrato debía entregarse un 30 por ciento mientras que el resto se abonaba tras la entrega de cada uno de estudios, 384.000 por cada uno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción lleva meses investigando el pago de mordidas por parte de un consorcio español de empresas para hacerse con la adjudicación de un suculento contrato de asesoramiento para la construcción del Metro de Quito. Las diligencias han permitido recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías, del que formaba parte Prointec —la filial de ingeniería de Indra—, pagó al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo. La denuncia presentada por el Ministerio Público ya ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, que ha citado como imputados para el próximo mayo a nueve personas, entre ellas varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.

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